Cómo es ser defensora de mujeres en medio de la violencia criminal en Guerrero

Desde hace 20 años Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y el colectivo de búsqueda Luciérnagas, acompaña a mujeres indígenas —y a sus familiares— víctimas de la violencia en la región de La Montaña de Guerrero y desde 2006, Teodomira Rosales Sierra brinda ayuda en la zona de la Costa y la sierra del estado.

Son dos activistas que han dedicado sus esfuerzos a proteger y visibilizar a otras mujeres que enfrentan varios tipos de violencia en un estado con rasgos de marginación, violencia armada y de las instituciones.

La falta de acceso a la educación de calidad y marginalidad de las mujeres indígenas y afromexicanas que viven en las regiones de la Costa y en La Montaña las pone en un mayor riesgo de violencia que a las mujeres en mejores condiciones, comentó en entrevista para La-Lista la abogada y activista Teodomira Rosales.

Teo, de 45 años de edad, inició en el activismo desde 2006 exigiendo agua para las comunidades de la Costa Chica de Guerrero, la cual le fue llevada a esos poblados en 2009. Posteriormente, en 2011 se une al Centro Morelos para acompañar a las primeras comunidades de la sierra desplazadas por la violencia; ese año comenzó su licenciatura en derecho.

En 2013, Teo acompañó a mujeres jornaleras de Guerrero, en apoyo a la organización Centro de Derechos Humanos Tlachinollan; tres años más tarde dio acompañamiento a víctimas de desaparición forzada en Chilapa como parte del Centro Morelos; mientras que en 2018 acompañó a mil 800 familias desplazadas por la violencia.

De acuerdo a su experiencia, calcula que hay 35 mil personas en contexto de desplazamiento interno forzado en todo el estado y asegura que los grupos del crimen organizado van dejando a su paso por las comunidades pueblos fantasmas, donde reclutan o asesinan a los hombres y secuestran a mujeres para ser víctimas de explotación sexual.

Los criminales, señala, colaboran con las empresas extractivistas que se dedican a la explotación de minerales y la tala ilegal de árboles. Grupos delictivos como La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) aterrorizan a la población que se encuentra en zonas donde pueden extraer oro o madera, quedándose con sus tierras.

Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y activista en el colectivo de búsqueda de mujeres desaparecidas de sierra de guerrero “Luciérnagas” desde 2019. También hace acompañamiento de mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia de género desde hace 20 años.

En entrevista para La-Lista, comenta que la violencia del narcotráfico y el machismo tanto social como en las instancias de procuración de justicia del estado, revictimizan y ponen en riesgo a mujeres que denuncian alguna agresión.

Quienes resienten más las consecuencias son las mujeres, indígenas y afromexicanas, porque son racializadas, revictimizadas e ignoradas por la justicia guerrerense, coinciden las dos activistas.

Teo explicó que la barrera del idioma afecta directamente en sus procesos judiciales, en la presentación de denuncias, porque no hay traductores en los ministerios públicos, por lo que tiene que intervenir como abogada para ayudarles.

En Guerrero el 52% de la población la componen un millón 840 mil 073 mujeres, adolescentes y niñas; de las cuales 188 mil 987 mujeres mayores de 15 años son analfabetas, de acuerdo con Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020.

Guerrero ocupa el segundo lugar a nivel nacional con el mayor porcentaje de población que no lee ni escribe, con un 17.53%.

Neil contó que en los últimos cinco años han aumentado el número de personas desaparecidas, principalmente mujeres y que el 60% de las víctimas de la violencia generada por grupos del crimen organizado suelen ser mujeres y niñas.

En 2022 desaparecieron 13 mujeres y niñas en la región de La Montaña, la mitad de ellas de origen náhuatl, detalló; dos de ellas son una madre y su hija, quienes fueron secuestradas en Zapotitlán, presuntamente con fines de explotación sexual.

“Desde 2015 tenemos seis órdenes de aprehensión contra integrantes de un grupo criminal por el feminicidio de seis mujeres, pero hasta ahora no se ha cumplido ninguna. Hay 135 feminicidios en la sierra desde 2014 en la impunidad. Los ministerios públicos y la policía no hacen su trabajo, revictimizan y discriminan a las mujeres indígenas”, comentó Neil.

En el caso de Teo, ella también ayuda como enlace entre las comunidades y el gobierno federal, ella solicita ayuda de la GN o el Ejército para que intervengan y resguarden a la población cuando se dan enfrentamientos entre grupos criminales, contó que le llaman para que ella solicite la intervención del las fuerzas de seguridad.

Este activismo la llevó a ser víctima de la violencia en la entidad. El 7 de enero de 2020 policías estatales de Guerrero la agredieron física y sexualmente, cuando ella y un grupo de indígenas de la montaña realizaron un bloqueo carretero para exigir que las Fuerzas Armadas ingresaran al poblado de Copalillo y defendieran a las personas de los criminales que habían baleado antes sus casas.

Los hechos quedaron documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por lo que fue integrada al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“Le mandaron un mensaje a mí con amenazas para que yo no hiciera más protestas.”

La activista relató que un grupo de la delincuencia llegó al municipio de Leonardo Bravo, en la región de La Montaña. Ese día —recuerda que fue a inicios de enero de 2020— hombres armados dispararon contra los hogares de los pobladores, ordenándoles salir de sus casas. A las mujeres y niñas que les gustaban se las llevaron, a los jóvenes y hombres adultos que se resistían se los llevaron.

“Hubo familias que no pudieron salir y los criminales lanzaron granadas e incendiaron sus hogares con ellos adentro”, recuerda. A las jóvenes que son raptadas las hacen víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, que cada semana hay enfrentamientos y desplazamientos, “hay una violación grave de derechos humanos en nuestro estado”, señala.

Para Neil, la vulnerabilidad aumenta de acuerdo a los contextos de pobreza, de zonas marginadas, porque son las víctimas o las familias las que tienen que hacer la investigación, la búsqueda, presentar evidencias y darle seguimiento impulsar sus carpetas.

Para Teo, ser mujer, indígena y activista defensora de derechos humanos en Guerrero es un riesgo aún mayor; pero ella no piensa dejar de acompañar a las víctimas. Tan solo en 2022, asegura que logró que se presentaran 302 denuncias por desplazamiento interno forzado y ha mantenido la exigencia al gobierno encabezado por Evelyn Salgado Pineda, para generar espacios seguros para las víctimas que aún no se han materializado.