Abogadas contra el feminicidio: así enfrentan al Estado para obtener justicia

Las familias de Fernanda Sánchez Velarde, Lesvy Berlín Rivera Osorio, Mariana Lima Buendía y de otras mujeres asesinadas en México perdieron la confianza en las autoridades y optaron por una asesoría jurídica independiente, en su mayoría encabezada por mujeres abogadas. 

Ximena Ugarte, Karla Micheel Salas, Verónica Berber y Ana Yeli Pérez han representado, cada una desde su trinchera, a víctimas de feminicidio en México. Más allá de lo legal, brindan un acompañamiento cercano que ninguna escuela de Derecho les enseñó. 

La labor de estas abogadas es crucial en un país donde se estima que 10 mujeres son asesinadas cada día y menos de la mitad de los feminicidios concluye en una sentencia condenatoria, de acuerdo con un informe de la organización civil Impunidad Cero. Mientras que en los homicidios dolosos de mujeres, el nivel de impunidad es mucho mayor: 91%.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que tanto la federación como los 32 estados del país deben contar con fiscalías especializadas y centros de justicia para atender los delitos contra las mujeres. Sin embargo, según un estudio de la organización Justice in Mexico, hasta 2020 solo 19 entidades tenían fiscales especialmente designados para la investigación de feminicidios y delitos de género.

“La capacidad para investigar marca una diferencia estadísticamente significativa en la lucha contra los feminicidios”, resalta Justice in Mexico en su informe. “Nombrar a fiscales especiales en delitos contra las mujeres aumenta el acceso a la justicia en un 50%”. 

Ante la falta de fiscales especializados en feminicidios, las abogadas han tenido que asumir esa labor, incluso cuando signifique enfrentarse al aparato del Estado (ministerios públicos, jueces y gobiernos), que es el mismo que sostiene la impunidad. 

Ximena Ugarte, Karla Micheel Salas, Verónica Berber, Ana Yeli Pérez y otras abogadas no solo han logrado condenas para los responsables, también sentencias para el Estado mexicano por su omisión, la creación de mecanismos para garantizar una vida libre de violencia y demostrar a la sociedad que, en algunos casos, es posible acceder a la justicia de la mano de las instituciones. Pero sobre todo, brindan a las familias algo que las autoridades no: confianza, empatía y acompañamiento.

Ximena Ugarte: ir contracorriente para vencer al sistema patriarcal

En agosto de 2022, en los alegatos finales por el feminicidio de Fernanda Sánchez Velarde, Ximena Ugarte fue contundente ante el juez: “Los cuerpos de las víctimas hablan, y el cuerpo de Fernanda nos dice que no se suicidó, la mataron”. Posteriormente, en los Juzgados de Cuautitlán, Estado de México, se dictó una sentencia condenatoria de casi 70 años de prisión para el responsable, Led Clemente Sandoval. 

Hoy, Ximena Ugarte y la familia de Fernanda se enfrentan a la reducción de sentencia otorgada a Led Clemente. Sin embargo, la condena que se logró en 2022 es, sin duda, un paso hacia la justicia y contra el sistema patriarcal. 

“Es un camino difícil, que va en contracorriente, pero cada una de las veces que se logra algo en un proceso (por feminicidio) le ganamos un poco a este sistema patriarcal y hace que todo valga la pena”, expresa Ximena Ugarte en entrevista para La-Lista. 

Ugarte es abogada en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), organización civil en la que ha acompañado a víctimas de feminicidio y violencia sexual. Antes de llegar a la defensa de los derechos humanos, se dedicó al Derecho laboral, agrario y ambiental. 

“Desde que estudié la carrera y hasta que me titulé tuve mucha claridad de que me quería dedicar a causas sociales y políticas. De alguna u otra manera, he tratado de ser congruente con ese propósito”, cuenta. 

Su primer acercamiento con víctimas de feminicidio fue cuando comenzó a colaborar en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), donde revisaba quejas contra las autoridades de administración y procuración de justicia. Ahí tuvo acceso a las averiguaciones previas y supo de primera mano de los protocolos para investigar con perspectiva de género. 

Desde la CDHCM acompañó su primer caso de feminicidio (ocurrido en 2015 en el Estado de México), lo que le permitió conocer a más familias de víctimas que acudían al organismo de derechos humanos porque ya habían sido sometidas a procesos revictimizantes y carentes de justicia. 

“Es entonces que decido especializarme. Tomé cursos de perspectiva de género, de cómo investigar, empecé a leer todas las sentencias y los protocolos internacionales”, narra Ugarte. “Y así es como empiezan a acercarse más familias para poder acompañarlas en sus procesos”. 

En su experiencia, todos los casos de feminicidio son distintos, tanto por el contexto de la víctima como por su propia familia y la forma en que su proceso se llevó a cabo. Ver más allá de la carpeta de investigación, dice la abogada, es lo que da resultados favorables. “Siempre trato de comprender sus historias, escuchar a las familias, ver más allá de las pruebas que están dentro de la carpeta de investigación. Esa ha sido una de las formas en las que hemos logrado tener, en la mayoría de los casos, resultados favorables: conocerlas más allá de una estadística”, puntualiza.

Es cierto que no todos los casos son iguales, pero cada uno marca un antes y un después en la vida de Ximena. No importa cuántos casos sume en su trayectoria, “siempre será doloroso ver todo lo que sucede detrás de una cifra, porque entiendes que no somos una cifra y que esas mujeres tenían una vida”.

Karla Micheel Salas: el miedo de no alcanzar la justicia

Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido referente del feminicidio en México por todas las mujeres desaparecidas y asesinadas ahí, sobre todo en la década de 1990. El caso más conocido en ese contexto fue el de “Campo Algodonero”, terreno donde se localizaron los cuerpos de ocho mujeres con reporte de desaparición. 

Las familias de las víctimas fueron representadas por una joven abogada, Karla Micheel Salas, quien en 2009 logró –junto con la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y más colectivos– una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por su responsabilidad en los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. 

Karla Micheel Salas era una abogada recién egresada –tenía entre 23 años– cuando comenzó a litigar en el caso “González y otras (Campo Algodonero)”. Desde los primeros asuntos en los que trabajó estuvieron relacionados con feminicidios. 

“Las primeras veces que yo me paré ante un ministerio público fue en la Fiscalía Especializada para la Investigación de los Homicidios de Mujeres cometidos en Ciudad Juárez, por supuesto que me moría de miedo”, recuerda Salas. No era para menos, los funcionarios de aquella época encargados de procurar justicia fueron omisos, negligentes y recurrían a la intimidación. 

Salas se describe como abogada, defensora de derechos humanos y feminista, esto último lo usa como un arma para “confrontar al sistema y a sus operadores, que ven al feminismo como sinónimo de desprecio”.

Actualmente es directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. En casi 20 años de acompañar a las víctimas considera que hay casos, como el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade (cometido en 2001 en Ciudad Juárez), que le han enseñado a ver la impunidad de una manera distinta. 

“Casos como el de Alejandra me han permitido identificar que la impunidad duele, literalmente es un dolor físico”, expresa la abogada. “Y me ha permitido resignificar este trabajo, es imposible no involucrarnos con las víctimas, no tenemos atole en las venas, yo no veo a las personas como clientes, tenemos que colocarnos de su lado, como personas, para exigir justicia”. 

Las amenazas y las represalias –como ser espiada por el software Pegasus– por defender a víctimas de feminicidio han acompañado a Karla Micheel a lo largo de estas dos décadas. 

Ha sido testigo de agresiones físicas en contra de algunos de sus colaboradores (como el apuñalamiento que sufrió Norma Andrade, mamá de Alejandra) y hasta de fabricación de delitos (como fue el caso de José Luis Castillo, papá de Esmeralda Castillo, desaparecida en 2009 en Ciudad Juárez).

Para hacer frente a estos riesgos, Micheel Salas tiene un “escape”: hacer montañismo. Y ahí, desde lo alto, encuentra la paz que la justicia no le brinda. A veces, confiesa, llega a pensar que sería mejor quedarse en esa montaña. “Pero ver que podemos hacer cosas por los derechos humanos de las mujeres, que podemos tener estas pequeñas victorias por la justicia, por la verdad, es por lo que creo que vale la pena seguir”, dice. “Mi mayor miedo es que no logremos alcanzar la justicia”. 

Ana Yeli Pérez: el impacto psicosocial que causan los feminicidios

Los feminicidios en Ciudad Juárez también marcaron el rumbo del trabajo que realizaría Ana Yeli Pérez en los siguientes años. Era recién egresada de la carrera de Derecho cuando en 2008, a través de una organización civil, comenzó a acompañar a las familias de algunas víctimas. 

“Ahí me enfrento a una realidad muy distinta a la que vemos en las universidades”, relata la abogada a La-Lista. “Tenía un año que se había creado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero para mí era desconocida en términos de feminicidio”.

Desde esa trinchera, Ana Yeli fue una de las partícipes para impulsar el tipo penal del feminicidio a nivel federal (2012) y para la implementación de un mecanismo que resultaría en una llamada de atención para los estados: la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), declarada por primera vez en 2015 en el Estado de México.

“El feminicidio no solamente era una problemática que se vivía en Chihuahua. Nos tocó conocer la estadística a nosotras, porque entonces el gobierno no cuantificaba los asesinatos de mujeres, y al conocer esta realidad nos preocupamos por el alto índice de feminicidios y de desaparición de niñas y mujeres en el Estado de México”, menciona. 

Ana Yeli Pérez es directora de la organización Justicia Pro Persona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Se define como abogada feminista, profesión que usa como motor para reaccinar ante las injusticias. 

En los años que lleva acompañando y asesorando a las víctimas, Ana Yeli ha identificado los impactos psicosociales que generan los feminicidios. Su primer ejemplo fue el caso de Paloma Angélica Escobar Ledesma, desaparecida y localizada sin vida en 2002 en Chihuahua. La fortaleza de Norma Ledesma, mamá de la joven, impactó en la vida de la abogada. 

“Un informe que se realiza a partir del caso de Paloma da cuenta de cuáles son todos esos impactos que genera un feminicidio, no solamente en los sentimientos de sus familiares, sino en personas que no vemos”, expone. “Un hecho tan violento (como el feminicidio) no solamente impacta en la familia o en conocidos, sino también en la sociedad”. 

Los impactos psicosociales, señala, también afectan a las defensoras que acompañan casos de feminicidio, y ese es uno de los riesgos a los que se enfrentan como abogadas. “Hay personas que incluso desde los primeros acercamientos no pueden dormir, tienen pesadillas. Hay un efecto por ver estos actos tan violentos, por leer un expediente, ver fotografías, todo eso es impactante. Y no solo es tu salud mental, también física. He visto compañeras que simplemente no pueden y cambian de casos”, menciona.

Ana Yeli considera que si bien el Estado mexicano ha fallado en materia de prevención e investigación de feminicidios –lo que a su vez deriva en una carga elevada de casos que resulta insostenible para las fiscalías–, es tiempo de que las universidades también asuman un rol en esta lucha. 

“Es mucho lo que se requiere y es insuficiente lo que se tiene en las instituciones. Las universidades deben involucrarse en disciplinas que ayuden a resolver feminicidios, desapariciones y casos de violencia sexual. Las universidades se están quedando atrás de las realidades que vive el país”, expone la abogada.

Verónica Berber: combatir el feminicidio desde la institucionalidad

“Sabemos que las organizaciones de la sociedad civil no pueden hacerse cargo de la totalidad de los casos de feminicidio en el país”, dice Verónica Berber Calle, abogada en representación extraordinaria de víctimas de feminicidio del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

Berber acumula años de acompañamiento a víctimas de desaparición forzada y tortura, tanto en organizaciones civiles como en el IFDP. Su primer acercamiento con víctimas de feminicidio se dio dentro del mismo instituto, el cual depende del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que en 2021 aprobó el Acuerdo General para la representación extraordinaria de familiares de mujeres asesinadas y sobrevivientes. 

“El Consejo de la Judicatura aprobó este acuerdo derivado de la alta, considerable e irrefutable concentración de casos de feminicidio. Ahora, la Defensoría entra de manera subsidiaria a representar a los familiares de las víctimas de feminicidio”, menciona.

Así, en 2022, Verónica Berber inició la representación de víctimas de feminicidio en Coahuila, sobre todo en los municipios de Saltillo, Torreón y Monclova. 

Consciente de la desconfianza que las familias y las víctimas tienen en las instituciones, Berber considera que desde el IFDP también se puede obtener una asesoría digna y lograr justicia. “Si bien las abogadas de las organizaciones de la sociedad civil tienen la batuta de estos casos, porque tienen muchos años representándolos, nosotras (en el IFDP) venimos a retomar esa experiencia para defender a quienes no cuentan con una asesoría jurídica en materia de feminicidios”, plantea Berber Calle.

Incluso, reconoce que la mayoría de los casos que llegan al IFDP es por la defensa de abogadas de la sociedad civil. Al referirse a las omisiones de las fiscalías para investigar feminicidios –como en el caso de Mariana Lima Buendía–, Verónica Berber indica que en el propio instituto se defiende la premisa de que “no fue suicidio, fue feminicidio”. 

“Cuando nosotras comenzamos a analizar el caso solicitamos actos de investigación y aportamos, desde la Defensoría, dictámenes opiniones técnicas, y así es como se puede cambiar el rumbo de las investigaciones por feminicidios, que en muchos casos ya están el archivo”, describe.

La abogada puntualiza que acceder a una defensoría pública requiere de una sola cosa: que las víctimas y las familias lo soliciten. 

“Me gusta mucho el acompañamiento de víctimas. Lo he hecho durante toda mi carrera profesional, me he dedicado a eso y la verdad no me imagino dedicándome a otra cosa”, concluye Verónica Berber.