¿Quién es Genaro García Luna?
Genaro García Luna es el exfuncionario de más alto nivel en enfrentar un juicio en EU. Ilustración: Majito Vázquez

Genaro García Luna fue el director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de 2001 a 2005 y secretario de seguridad pública de México de 2006 a 2012. Durante su función en el gabinete del presidente Felipe Calderón, García Luna fue considerado el arquitecto sin el cual no hubiera podido construirse la respuesta militarizada de México contra el crimen organizado.

Lo paradójico es que el encargado de liderar la guerra contra los narcotraficantes en México estaba a la vez favoreciéndolos, según el alegato de los fiscales estadounidenses.

García Luna estaba presuntamente confabulado con el Cártel de Sinaloa, antes liderado por Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo“, y además se le acusa de aceptar millones de dólares en sobornos de esa organización a cambio de garantizar el paso seguro de toneladas de cocaína de México a Estados Unidos, y de atacar a los rivales de estos para afianzar la posición del cartel.

Además, está señalado de participar en un entramado que defraudó al gobierno mexicano de 250 millones de dólares.

Fue detenido en diciembre de 2019, y, después de más de tres años de acopio de evidencia, su juicio se inició en enero de 2023. Él ha negado todos los cargos de narcotráfico y perjurio en su contra.

Historia de García Luna

García Luna, nacido el 19 de julio de 1968 en la Ciudad de México, al parecer tenía relación con ambos bandos de la ley desde temprana edad. En su infancia, informaba a agentes de la ahora extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) cuáles comerciantes locales eran más prósperos para que los agentes los extorsionaran, según Infobae. El expediente afirma que participó en un robo en Romero Rubio, colonia de la capital mexicana, cuando tenía 19 años de edad pero evadió la prisión. Luego, después de reprobar un examen para unirse a la policía federal, se hizo agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Aunque en un inicio se le asignó la tarea de vigilar a grupos guerrilleros, luego cambió su enfoque a enfrentar grupos dedicados al secuestro. Su éxito en la ubicación y rescate de varios connotados empresarios al parecer le permitió ascender en la organización.

Dejó el Cisen para unirse a la Policía Federal Preventiva y posteriormente a la AFI, la cual dirigió entre 2001 y 2005. En 2006, el expresidente Felipe Calderón designó a García Luna como secretario de seguridad pública, cargo que desempeñó hasta 2012, cuando se fue de México para asentarse en Miami.

El funcionario fue una de las fuerzas motrices que llevaron a la militarización de México para enfrentar el narcotráfico. Pese a todo eso, durante su paso por estos cargos de poder, actuó como aliado importante del Cártel de Sinaloa, asegurándose de que los cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos salieran de México sin problemas, proveyendo información privilegiada a la organización y atacando a la competencia del grupo, según alegan los fiscales. Su presunta recompensa: más de 50 millones de dólares en sobornos.

El tiempo de García Luna como hombre libre en Estados Unidos llegó a su fin el 9 de diciembre de 2019, cuando fue puesto en custodia por varios agentes en Dallas, Texas, poco después de que un gran jurado lo acusara de conspiración para importar y distribuir cocaína, así como de un cargo por falso testimonio. En julio de 2020, se presentó en su contra una acusación sustitutiva.

En una interesante evolución del caso, en octubre de 2022, los fiscales intentaron presentar nueva evidencia contra el exfuncionario con base en conversaciones grabadas de manera clandestina que al parecer tuvo con su compañero de celda, quien resultó ser un informante de la Fiscalía del Distrito de Nueva York.

En una de las conversaciones, García Luna al parecer admitió que trató de eliminar a testigos claves en su proceso, incluido Jesús Zambada García, “El Rey”, hermano del actual líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, alias” El Mayo. Este fue un testigo crucial durante el juicio de El Chapo y testificó que el Cartel de Sinaloa sobornó a García Luna para hacerse a su cooperación.

También se lo acusa de sobornar o amenazar a periodistas para evitar prensa negativa durante su cargo como secretario de seguridad pública.

Su juicio, presidido por el mismo juez que condenó a El Chapo a cadena perpetua en julio de 2019, se inició el 17 de enero de 2023.

García Luna ha negado tajantemente todos los cargos en su contra.

Actividades criminales

Los cargos que enfrenta García Luna en Estados Unidos se basan en la relación que presuntamente sostuvo con el Cártel de Sinaloa.

Está acusado de recibir decenas de millones de dólares en sobornos desde 2001 a cambio de su ayuda al cartel en su campaña por imponerse como actor dominante de la industria del narcotráfico en México.

Según la imputación, este abusó de su dignidad para garantizar que los cargamentos de drogas del cartel salieran de México sin interferencia de las autoridades. Los cargos plantean que en seis oportunidades entre 2002 y 2008, tuvo que ver con la importación de más de 50 toneladas de cocaína, que en las calles alcanzaron un valor de miles de millones de dólares.

García Luna presuntamente entregó información al Cártel de Sinaloa sobre los operativos en su contra, los alertó de las capturas planeadas para sus miembros e intercedió en la liberación de integrantes del cartel detenidos.

Los fiscales también afirman que gracias a esos sobornos, García Luna se aseguró de que los operativos de seguridad fueran contra los cárteles rivales y no contra sus mecenas, y que puso a funcionarios corruptos en cargos de autoridad en zonas controladas por el Cartel de Sinaloa.

García Luna evitó ser procesado durante su periodo en ejercicio. Pero solo dos semanas después de su arresto en Dallas, las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, que al parecer solo hacía poco había descubierto e investigado su operación de lavado de dinero, interpuso varias denuncias en su contra ante los fiscales anticorrupción mexicanos.

Además de sus relaciones con el cártel, García Luna enfrenta acusaciones que lo señalan de haber esquilmado de manera ilícita 250 millones de dólares al Estado mexicano en complicidad con otro alto funcionario del gobierno mexicano, varios cómplices, una red de empresas y su esposa, valiéndose de un “complejo esquema de contratación oficial fraudulenta”. El dinero fue presuntamente sacado de México usando una “extensa” red para “ocultar el dinero robado en numerosos activos” ubicados en Estados Unidos. En septiembre de 2021, la UIF anunció su primera demanda civil en el exterior en un intento por recuperar esos bienes.

Geografía

Aunque su autoridad como secretario de seguridad pública no se extendió por fuera de las fronteras de México, su presunta implicación con el Cártel de Sinaloa les permitió trasegar cocaína desde su país de origen hacia Estados Unidos.

Sus recursos, sin embargo, han tenido aventuras por todo el mundo, de ser ciertas las acusaciones contra García Luna. Está señalado de usar paraísos fiscales localizados alrededor del mundo, incluidos Estados Unidos, Barbados y Hong Kong, para ocultar millones de dólares por los sobornos que presuntamente recibió.

Aliados y enemigos

Durante su periodo como director de la Agencia Federal de Investigación y como secretario de seguridad pública, García Luna al parecer fue un aliado fundamental del Cártel de Sinaloa en la expansión de sus operaciones, si los fiscales logran demostrar sus cargos. También actuó para debilitar a cárteles competidores y detener a sus miembros, incluidos los Zetas y la Organización Beltrán Leyva.

Estados Unidos consideró a García Luna como aliado importante durante años, a pesar de las dudas crecientes sobre su corrupción. Sus abogados han intentado que se les permita presentar evidencia fotográfica y escrita de encuentros en los que se codeó con altos funcionarios de Estados Unidos.

Prospectos

El futuro de García Luna depende del resultado del proceso en curso. De ser encontrado culpable, sin embargo, enfrenta una sentencia de diez años a cadena perpetua.