Diputado de SLP retira propuesta para que mujeres y niños rindan cuentas de pensiones alimenticias

El diputado de Morena en San Luis Potosí, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, retiró su propuesta para que el acreedor alimentario o quien administre la pensión alimenticia rindiera cuentas ante un juez competente, a petición del deudor.

La iniciativa proponía adicionar un párrafo al Artículo 154 del Código Familiar para el estado de San Luis Potosí para tal fin.

Sin embargo, el legislador morenista desistió de la propuesta luego de que fue criticado por colectivos integrados por mujeres, así como por diputadas de su bancada.

En ese sentido, Cuauhtli Fernando aseguró que escuchó a las personas inconformes con el fin de favorecer el diálogo respecto a la propuesta, la cual defendió al asegurar que tenía “un propósito noble”.

“Tenemos claro que es importante escuchar y sí favorecer el diálogo con todos los sectores que manifestaron dudas respecto a la iniciativa. Por mi parte tengo toda la apertura y disposición, pero también me gustaría dejar claro que la propuesta tiene un propósito sinceramente noble: ampliar y fortalecer el principio del interés superior de las y los menores al dar mayores certezas respecto a su debida procuración”, expresó.

El legislador explicó que la iniciativa iba enfocada solamente a situaciones particulares, “siempre y cuando se contaran con elementos probatorios de uso indebido, de negligencia o de que no se estuvieran satisfaciendo las necesidades básicas de las y los menores”.

Y añadió que con la medida no se buscaba crear “un agravio a las mujeres”, ya que, dijo, “los deudores alimentarios pueden ser tanto hombres como mujeres”.

Finalmente, el legislador adelantó que instalará espacios de diálogo para evaluar -con participación ciudadana- el proyecto.

Senado aprueba crear registro de deudores alimentarios

El pasado 22 de marzo, el Senado de la República aprobó crear un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el objeto de concentrar la información de las personas deudoras alimentarias, a fin de dotar de una efectiva protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.   

Con ello, se precisa en el documento, que las autoridades de los tres órdenes de gobierno dispondrán de lo necesario, con la finalidad de establecer, como requisito, la presentación del certificado de no inscripción en dicho registro para realizar procedimientos y trámites como:  

Licencias y permisos para conducir; pasaporte o documento de identidad y de viaje; participar como candidato a cargos de elección popular; participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal; trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles, la constitución o transmisión de derechos reales. 

También se requerirá dicho certificado en las solicitudes de matrimonio, situación en la que la persona oficial del Registro Civil, deberá hacer del conocimiento de los contrayentes, si alguno se encuentra en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. 

Además, se prevén medidas de restricción migratoria, con el objeto de impedir que las personas inscritas en dicho registro puedan salir del país cuando sean deudores alimentarios morosos, así como cuando existan los medios de prueba para determinar la existencia de un riesgo importante de que su salida del país se utilice como un medio de evasión del pago de la deuda.