Ser periodista en México: así se vive reportear en uno de los países más peligrosos

Domingo 20 de abril de 2025

Ser periodista en México: así se vive reportear en uno de los países más peligrosos

Los periodistas en México se enfrentan a un escenario que pone en riesgo su vida todos los días; estos son algunos testimonios.

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Foto tomada el 28 de febrero de 2022, la periodista mexicana María Martínez, quien se encuentra en el mecanismo de protección para periodistas amenazados por el crimen organizado, es acompañada por una escolta durante un día de trabajo en Aguascalientes. México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo con más de un centenar de comunicadores asesinados desde el año 2000, según cifras de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos (Defensoría del Pueblo). Foto: Alfredo Estrella/ AFP

México es tierra minada para los periodistas. Para María, una reportera de Aguascalientes, realizar su trabajo requiere de un ritual para seguir viva tras estar amenazada de muerte. Es lunes y ella se prepara para salir de casa: pedir a las autoridades que monitoreen sus pasos y hace entrega del itinerario a sus escoltas.

No es la única periodista en el país que vive la misma situación. Los fotógrafos Jesús Aguilar, en Tijuana; Lenin Ocampo, en Chilpancingo; Martín Patiño, en Guadalajara y la reportera María Teresa Montaño, en Toluca, vuelven a las calles para cubrir la violencia del crimen organizado y rastrear la corrupción.

La estela de sangre no para de crecer en México, uno de los países más peligrosos para la prensa con unos 150 homicidios de reporteros desde 2000. El más reciente ocurrió el martes en Michoacán, donde fue baleado Armando Linares.

Todos viven con miedo. Una realidad que se agudiza: en lo que va del año han asesinado a ocho periodistas, una cifra que ya superó a la registrada en 2021, que fue de siete. Así lo constató la AFP tras acompañarlos durante una jornada de trabajo.

“Sé que mi vida está en riesgo todos los días y es terrible vivir con la amenaza, con el miedo de que salgas y ya no regreses”, dice María Martínez, de 55 años, en su pequeña casa de Aguascalientes protegida por varias cerraduras y cámaras de seguridad.

Directora del medio digital Péndulo Informativo, ha denunciado amenazas por sus investigaciones sobre corrupción y nexos de funcionarios con narcotraficantes. Varios policías fueron encarcelados tras sus publicaciones.

"¡Te vas a morir, perra!”, advertía una de las amenazas recibidas en su teléfono y por las cuales fue incluida en un programa gubernamental que da protección a medio millar de comunicadores.

A merced del crimen

En Tijuana, el temor de Jesús Aguilar se intensificó el 17 de enero cuando fue asesinado el fotógrafo Margarito Martínez, con quien trabajaba. Ahí también, días después, caía bajo las balas Lourdes Maldonado pese a estar en el programa de protección.

La saga trágica de 2022 la completan José Luis Gamboa, Roberto Toledo (compañero de Linares), Heber López, Juan Carlos Muñiz y Jorge Luis Camero.

Cubrir ajustes de cuentas de narcotraficantes y denunciar la corrupción o vínculos de estos con políticos y fuerzas de seguridad deja a estos reporteros a merced de sicarios.

“Cuando viene un carro atrás de mí despacio, siento que se va a parar y me van a disparar. O cuando estoy estacionado y miro un vehículo más cerca de mí, muevo el asiento para atrás y me acuesto para resguardarme”, confiesa Aguilar, de 32 años

En Toluca, la reportera independiente María Teresa Montaño, de 53 años, trabaja también con escoltas luego de ser secuestrada por unas horas en 2021 tras revelar un entramado de corrupción.

“Mi vida privada está limitada (...), ha sido muy difícil. Hay que tener mucho cuidado” con los desplazamientos, relata. Desde 2006, cuando fue desplegada una ofensiva antidrogas, México acumula unos 340 mil asesinatos, la mayoría atribuidos a acciones de criminales.

La impotencia de los periodistas en México

Martínez pide a las autoridades federales que la llamen cada dos horas por medio de un geolocalizador, que también funciona como botón de pánico. Pero ella confía más en sus guardias armados.

"¡Les debo mi vida! ¡Sin ellos ya no estaría viva!”, dice, señalando a dos militares de las fuerzas especiales en retiro vestidos de civil, que la acompañan en un auto, los hombres están atentos a cualquier vehículo o persona que se acerque, y cuando la periodista camina, no se alejan más de dos metros.

En Chilpancingo, el fotógrafo Lenin Ocampo, de 40 años, cuenta que a menudo se topa con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o La Familia Michoacana. “Nos paran, nos revisan. La amenaza siempre está latente”.

Durante la noche, al lado de un automóvil incendiado por desconocidos en Guadalajara, su colega Martín Patiño, de 41 años, declara su “impotencia” por la impunidad en los crímenes de periodistas, que según Reporteros Sin Fronteras llega al 92%. “Las autoridades no hacen nada”.

Desde su creación en 2010, la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión modificada 28 sentencias, de casi mil 500 denuncias por homicidio, agresiones y amenazas a periodistas. No todos los casos entran en su competencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador, promete “cero impunidad”, y destaca que hay 17 detenidos por cuatro de las muertes.

“No hay en ninguno de estos asesinatos elementos para señalar como responsables a funcionarios públicos (...). Son crímenes que han cometido bandas de delincuentes”, aseguró este miércoles al lamentar el homicidio de Linares, quien había denunciado amenazas por “exhibir a funcionarios y políticos corruptos”.

Enfrentado a un sector de la prensa tradicional al que acusa de servir a intereses privados, el mandatario rechaza como “injerencistas” recientes llamados de Estados Unidos y el Parlamento Europeo para proteger a los reporteros.

Precariedad laboral

Los fotógrafos entrevistados carecen de equipo de seguridad y, como muchos periodistas del interior del país, colaboran con varios medios. La mayoría de quienes cubren la nota roja “dependen de la cantidad de notas o fotos que venden para pagar la renta, por lo que priorizan la producción sobre la seguridad”, explica Jan-Albert Hootsen, del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Un comunicador del estado de Guerrero dijo a la AFP que hay periódicos que pagan alrededor de 80 a 100 pesos por fotografía. Además, al no ser muchos los que cubren la violencia, “son altamente reconocibles, aumentando su nivel de inseguridad”, observa Hootsen.

Fiscalías y gobiernos regionales a veces desconocen el perfil periodístico de las víctimas porque no forman parte de nóminas de medios reconocidos o desarrollan su labor en redes sociales.

Días antes de su cita con la AFP, María Martínez sufrió un preinfarto que atribuye al estrés por su situación y que -aseguró- ya le causó un accidente cerebrovascular. La comunicadora, que descarta renunciar al oficio que le apasiona, concluye la jornada con una entrevista a la exesposa de un narcotraficante para su primer libro.

“Mi familia me ha pedido que deje el periodismo, pero soy una mujer con convicciones, de valor (...), tengo una responsabilidad social”.

Con información de AFP.

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