Regular la libertad de expresión

La piedra angular de la era digital es el contenido. Su creación, compartición, propagación y legalización son la base de la revolución digital, en donde la opinión pública se centra en canales digitales, y tienen consecuencias sociales y culturales.

Lo que hoy vivimos es un concepto formado en la década de los años sesenta, por el visionario canadiense Marshall McLuhan en su obra “La aldea global de la comunicación”, quien desde su trinchera como periodista y comunicólogo,  predijo el impacto del internet para revolucionar la forma de la información y la comunicación.

Para McLuhan la civilización (aldea global) está dirigida por la comunicación, y por ello se puede dividir en fases: agrícola, mecánica o industrial, eléctrica (que refiere a los medios masivos de comunicación), y la tecnológica para la cual  “El medio es el mensaje”, frase que resume en su obra, la forma en la que la ecología en donde se genera y transmite el mensaje, afecta a la información en sí misma y “la única forma de controlar a los medios de comunicación es mediante la comprensión pública de sus efectos”.

En la aldea digital global que vivimos, y que ha transformado su génesis de medio de comunicación y persuasión a un influenciador de opiniones, parecería necesaria la creación de normas que protejan los derechos digitales de los ciudadanos y la libertad de expresión, pero que a la vez definan las obligaciones para participar en ellas.

Las redes y plataformas digitales pueden ser un medio sistemático para fortalecer la democracia, negarla, para sembrar agendas privadas de intereses económicos, o por el contrario, buscar el bienestar de grupos desfavorecidos.

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En un entorno mundial en donde los medios informativos y la libertad de expresión ya no tienen control directo de grupos nacionales, ni monopolios de telecomunicaciones, gobiernos y sociedad buscan crear una sana relación entre la actividad ciudadana y los deberes políticos; que determinen un sistema de comunicación objetivo, que preserve valores democráticos y no limiten los contenidos que viajan en un mundo globalizado, basado en tecnología.

Diferentes países están buscando medidas para regular las redes sociales y democratizar los medios digitales. Aun no se logra un consenso global,  pero hay una coincidencia en buscar la independencia y control de organismos de estado.

En el caso de México, regular las redes sociales es prioridad del Senado de la República, de acuerdo con la declaración de el coordinador de la bancada del partido Morena, Ricardo Monreal, quien presentará su propia iniciativa ante la tribuna, argumentando que “la única forma correcta y democrática de proteger el derecho humano de la libertad de expresión en el ciberespacio, es por la vía legislativa”.

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Según el senador Monreal, “al ser una cuestión de orden público es inevitable de la manifestación de las ideas a través de estas herramientas tecnológicas sean reguladas de manera clara, con el fin de proteger este principio y los derechos humanos correspondientes. Las empresas privadas propietarias de las redes sociales prestan este servicio por medio de internet, a través de las redes públicas de telecomunicaciones, sujetas a un régimen de interés público, y donde se considera que su regulación se debe implementar en la Ley Federal de telecomunicaciones y radiodifusión”.

La declaración de los Derechos Humanos de 1949 en su artículo 19, reconoce el derecho a investigar, recibir o difundir información y expresarte libremente, sin fronteras y por cualquier medio de expresión.  En México, la libertad de expresión se garantiza en los artículos 6 y 7 de la Constitución como un derecho inalienable al ser humano en su capacidad de difundir opiniones, información e ideas.

Es imperativo que el debate sobre libertad de expresión y la democratización de las redes sociales y plataformas digitales se construya en diálogos abiertos, amplios, bidireccionales y transparentes, de modo la regulación no resulte en apoyar los intereses de quienes tomaron las decisiones, desde un organismo de poder.