Un Tribunal entregado a los intereses de AMLO

Justo en el momento de mayor asedio a los jueces por las resoluciones que más molestan a una 4T intolerante con sus derrotas en tribunales federales, la claudicación de la mayoría de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es más notoria e indignante.

Por un lado el Presidente Andrés Manuel López Obrador exige en una lanza, la cabeza del Juez de Distrito que suspendió su Ley de la Industria Eléctrica, pide se le investigue por atreverse a resolver con independencia y por otro lado es notoriamente público, que ejerce un indebido dominio sobre la máxima instancia judicial en materia electoral. No recuerdo una época más oscura para ese Tribunal, desde que se rediseñó el sistema para incorporarlo al Poder Judicial de la Federación, dándole la atribución de calificar elecciones presidenciales, decir la última palabra en los litigios que tienen como finalidad constitucional hacer respetar el voto, garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, revertir irregularidades en las urnas y revisar las resoluciones del Instituto Nacional Electoral, desde que se le conocía como IFE.    

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Esa Sala Superior que fue presidida por un jurista tan reconocido como José Luis de la Peza y quienes se sumaron después en diversas integraciones, distinguidas por la verticalidad de emblemáticas  magistradas y magistrados que resolvieron casos de alto voltaje, no exentos de presiones políticas, ahora es solo una referencia nostálgica.

La composición actual y la presidencia de José Luis Vargas es para muchos especialistas una burda caricatura. Las pugnas internas para controlar a la mayoría de la Sala Superior y los evidentes manoseos desde el escritorio presidencial tienen postrado a ese órgano jurisdiccional, que en diversos momentos críticos del país fue factor de equilibrio para darle certidumbre a nuestra democracia.

Lo de hoy es el entreguismo, las lealtades de quienes obedientes resuelven sin respetar el criterio autónomo que les debiera caracterizar, en una elevada función a la que se le ha perdido el respeto desde adentro para quedar bien afuera.

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En pleno proceso electoral, con campañas políticas en todo el territorio nacional, rumbo a la mayor jornada de votaciones en la historia de México, tenemos un Tribunal Electoral que ha tirado a la basura su credibilidad ante un presidencialismo poderoso y amenazante para los impartidoras de justicia que se atreven a desafiar con sus criterios los intereses políticos del partido de Estado, que celebra la docilidad y se ofende con cinismo ante las resoluciones adversas.

En este inquietante contexto, existen muchas razones contundentes para evitar que Félix Salgado Macedonio aspire a gobernar Guerrero. En las estrictamente jurídicas, que ya fueron analizadas por el mismo árbitro electoral que garantizó condiciones de equidad para AMLO en 2018, la decisión fue cancelar el registro del candidato de Morena a esa gubernatura, ya que se ostentó como precandidato, realizó actos de precampaña sin comprobar gastos como establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahora dependerá de la  desacreditada Sala Superior del Tribunal Electoral, que perdió por voluntad propia el prestigio que la distinguió en el pasado, resolver el destino de un personaje que ha lanzado amenazas desde su escaño de senador a los ministros de la Suprema Corte. Exhibiendo su notoria ignorancia jurídica, Salgado Macedonio disfruta del cobijo que le brinda sin condiciones el manto presidencial, a pesar de lo que venga y a costa de lo que sea.

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El magistrado José Luis Vargas, hará todo lo posible para sacar adelante la candidatura de Félix Salgado y revertir la resolución del Consejo General del INE, que preside el asediado Lorenzo Cordova. Vargas le ha cumplido a Morena para sepultar al partido político de Margarita Zavala y Felipe Calderón. También operó para permitir que los partidos políticos afines a la 4T, del yerno de Elba Esther Gordillo y la reedición del PES, estén en la boleta electoral.

Vargas trabajó intensamente para atacar a Janine Otálora y descalificar su gestión como presidenta de la Sala Superior hasta orillar a su renuncia. Recordamos también su proyecto para anular la elección en la que Martha Erika Alonso fue electa gobernadora de Puebla. El actual Presidente del Tribunal Electoral es una carta muy rentable para AMLO, en órgano jurisdiccional que revisará la próxima elección federal donde estarán en juego 15 gubernaturas y también la elección presidencial de 2024.

En detrimento de nuestra democracia, el recuerdo de la presidencia en la Sala Superior de José Luis de la Peza, es un parámetro que hace ver al magistrado José Luis Vargas como un chiste que solo divierte al régimen.

EDICTOS

Recibí muchos comentarios de respaldo a la Fundación Jenkins, tras el artículo publicado respecto a su histórica labor filantrópica a nivel nacional y particularmente en Puebla. Como dato adicional es destacable que tan sólo de 2014 a la fecha, esa Fundación ha entregado más de 272 millones de pesos en donaciones para darle continuidad a decenas de proyectos en beneficio de miles de mexicanos. Entre los apoyos cuantificados, se incluyen 40 respiradores destinados al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias durante la pandemia.