¿Una nueva fuente de ingresos o de fricciones con las multinacionales?

Para poder ejecutar sus políticas públicas, los gobiernos requieren dinero. Aunque esta afirmación parecería una obviedad, el impuesto a la renta es uno de esos aspectos a través del cual la política fiscal de un país puede adquirir una dimensión internacional relevante. 

Podríamos pensar que la tasa del impuesto a la renta refleja simplemente la estructura y necesidades económicas de cada país, pero también puede ser una herramienta para obtener otros objetivos, como atraer inversión extranjera. Es así que el diferencial en las tasas del impuesto a la renta, independientemente de los recursos que podría proporcionar a los gobiernos que lo imponen, puede generar incentivos perversos a nivel mundial. Eso ha llevado a que algunas compañías hayan decidido establecer su dirección fiscal en países con tasas de impuestos bajos, independientemente de que hayan sido fundadas o sus oficinas principales se encuentren en otro país, o que incluso sus ventas provengan, en mayor medida, de otros mercados.

El tema de cómo poder homologar impuestos, combatir la evasión fiscal y, en general, promover mayor coordinación internacional en estos temas ha estado en la mesa desde hace, al menos, una década.

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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual México es parte, ha hecho grandes esfuerzos en la materia, incluyendo la preparación de documentos (públicos y disponibles en su página de internet) que registran estas prácticas por medio de una unidad especializada. Las discusiones en la OCDE se han centrado en dos elementos: primero, en establecer un régimen de impuestos para grandes empresas multinacionales; y segundo, en crear una tasa mínima de impuestos a la renta. 

Recientemente, estos trabajos parecen estar alcanzando una convergencia internacional, en gran parte detonada por la necesidad de los gobiernos de obtener recursos que ayuden a financiar los enormes paquetes de estímulo que se otorgaron en el contexto de la pandemia de covid-19 y, en algunos casos, también motivados por un creciente nacionalismo económico que busca mantener el mayor número de empresas e inversiones, dentro de sus fronteras. Refiriéndose a esta iniciativa, el pasado 5 de abril, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, pronunció un discurso en donde reafirmó que Estados Unidos debe trabajar con otros miembros de la OCDE para evitar la “carrera hacia el fondo” de los últimos 30 años, donde el atractivo de un país como centro de inversión está totalmente ligado a una base fiscal baja. 

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Hacia delante, podríamos pensar que la discusión se dividirá en dos bandos: los gobiernos que quieren cobrar, y las empresas que se resistirán a pagar. Pero la realidad es mucho más compleja: algunas empresas multinacionales probablemente no opondrán gran resistencia a estándares más estrictos, ya sea por razones de gobierno corporativo o de responsabilidad social. Por el lado de los gobiernos, intuitivamente podríamos pensar que todos deberían estar de acuerdo en cobrar más impuestos pero, nuevamente, la realidad tiene matices.

Establecer una tasa cualquiera no se traduce automáticamente en mayores ingresos, ya que para ello es necesario contar con una buena estructura de recaudación. Asimismo, para que la sociedad y el sector empresarial acepten de manera más fácil un incremento en los impuestos, se debe crear y establecer esquemas de transparencia financiera que garanticen que dichos recursos se utilizarán a favor de la sociedad. Por último, y quizá lo más importante, incrementar impuestos, sobre todo en el contexto actual de crisis económica, podría mermar significativamente la competitividad internacional de algunos países. 

Si los miembros de la OCDE llegan a un acuerdo en este sentido, será desde luego voluntario y, en todo caso, los países que no son parte de dicha organización podrían continuar con sus prácticas. Pero en el largo plazo, un nuevo entendimiento respecto de cómo se cobran los impuestos, para qué se utilizan y, sobre todo, el establecimiento de estándares comunes a nivel mundial serían grandes elementos de presión contra los países que tradicionalmente se han considerado como paraísos fiscales, a la vez que promoverían mejores prácticas corporativas de parte de las empresas. 

Sin embargo, mientras la adopción de este tipo de medidas no se convenga en un foro más amplio, su efecto positivo podría ser mínimo, e incluso, podría convertirse en una fuente más de tensión a nivel internacional.   

@JCBakerMX

El autor es socio fundador de Consultores Internacionales Ansley –despacho especializado en asesorar a empresas y gobiernos en temas comerciales y económicos–, y académico de la Universidad Panamericana. Durante 20 años, trabajó en el gobierno federal, en diferentes encargos al frente de la agenda de negociaciones comerciales internacionales de México.