El mundo no será un lugar más verde hasta que sea más justo
Una protesta de los chalecos amarillos en París en diciembre de 2018, por los aumentos planificados del precio del combustible como resultado de un impuesto al carbono. Fotografía: Valéry Hache / AFP / Getty Images

Como investigador de políticas climáticas, a menudo me preguntan: ¿cuál es el mayor obstáculo para la descarbonización? Mi respuesta ha cambiado profundamente en los últimos años. Solía ​​señalar la falta de tecnologías ecológicas asequibles y la ausencia de voluntad política. Hoy, señalo otra cosa. Algo menos tangible, pero posiblemente más desafiante: la ausencia de un contrato social verde.

La revolución verde ya se está desarrollando, impulsada por una sorprendente reducción en el costo de las tecnologías verdes y por un impulso global hacia la neutralidad climática para mediados de siglo. Entonces, si la tecnología verde más barata y una ambición política verde sin precedentes están convergiendo rápidamente, ¿qué podría salir mal?

Desafortunadamente, la situación no es tan simple como parece. La descarbonización remodelará nuestras economías y nuestro estilo de vida. Nada quedará intacto en el proceso: el mundo verde será profundamente diferente del que conocemos hoy.

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Pero una transformación tan radical también plantea preguntas sobre quién debería asumir el costo de la acción climática, tanto a nivel nacional como entre los países. El costo de la acción climática no puede recaer de manera desproporcionada sobre los más vulnerables; eso agrava la desigualdad. La acción climática debe diseñarse de manera que mejore la igualdad social. Y esto es precisamente de lo que debería tratarse un nuevo contrato social verde.

La experiencia francesa con el movimiento de los gilets jaunes (chalecos amarillos), representa el ejemplo más claro de los peligros y los vientos en contra de las políticas que los gobiernos de todo el mundo enfrentan en su intento de eliminar la fórmula de los combustibles fósiles para sus ciudadanos. El gobierno francés hizo bien en introducir un precio para el carbono en el transporte en 2018, pero se tradujo en precios más altos de la gasolina y el diésel, afectando mayormente a las personas que viven fuera de las ciudades francesas que ya estaban sintiendo el dolor del estancamiento de los ingresos y sin la misma opción de transporte público que los residentes urbanos.

Si el diseño del impuesto al carbono hubiera incluido mecanismos de compensación para amortiguar el golpe para los más vulnerables, la reacción se podría haber evitado. Esto es exactamente lo que un grupo de economistas que incluye a 28 premios Nobel y cuatro expresidentes de la Reserva Federal de EU, entre ellos Janet Yellen, han estado pidiendo en Estados Unidos: la introducción de un impuesto al carbono robusto, junto con un sistema de compensación para garantizar que los más vulnerables se benefician financieramente al recibir más en “dividendos de carbono” de lo que pagan en cada aumento de los precios de la energía.

Esta discusión ilustra lo importante que es incluir consideraciones de equidad y justicia en el diseño de políticas climáticas. Incluso en Europa, líder mundial en política climática, el apoyo a las medidas climáticas es amplio pero superficial. En una encuesta reciente realizada en ocho países europeos, el Open Society European Policy Institute descubrió que casi todos los votantes estaban felices de comprar menos plástico, aunque muchos menos estaban dispuestos a pagar más por combustible o vuelos. En resumen, a medida que las políticas climáticas se fortalezcan, podrían surgir nuevos movimientos de tipo Chalecos Amarillos en todo el continente. Los sospechosos habituales aquí abarcan las regiones mineras de carbón de Polonia, que dependen en gran medida de las industrias intensivas en carbono, hasta aquellas ciudades en las que los alcaldes han declarado la guerra a los automóviles diésel.

Los populistas y los guerreros de la cultura pueden encontrar en la política climática su nuevo tema insignia, argumentando que las élites urbanas están impulsando la política, pero el costo finalmente recae sobre los hombros de los ciudadanos “comunes”. Esto corre el riesgo que sea políticamente más peligroso para los partidos principales volverse realmente ecológicos, ya que los partidos en los extremos ofrecen a los votantes una alternativa fácil. Pero un nuevo contrato social verde podría interrumpir este círculo vicioso político.

Las consideraciones de equidad y justicia van mucho más allá de las fronteras nacionales. A medida que los países desarrollados amplíen las acciones climáticas internas, probablemente introducirán medidas, como los impuestos fronterizos al carbono, para garantizar que sus industrias no se vean socavadas por competidores con sede en países con políticas climáticas débiles. Mientras esas medidas de desarrollo están en etapas iniciales en la Unión Europea, Joe Biden también prometió tales medidas como parte de su campaña electoral. Boris Johnson considera usar su presidencia del G7 para tratar de forjar una alianza sobre los impuestos fronterizos al carbono.

Sin embargo, los impuestos fronterizos sobre el carbono podrían afectar las economías de los países más pobres. Una encuesta reciente realizada por la Fundación Konrad Adenauer sobre las percepciones de los formuladores de políticas en la región de Asia y el Pacífico reveló cómo los impuestos sobre las fronteras del carbono se perciben como proteccionistas y discriminatorios hacia los países en desarrollo. Al igual que con los impuestos internos al carbono, este problema se puede prevenir si se tiene en cuenta la equidad y la justicia en el diseño de las medidas. Por ejemplo, los países más pobres podrían quedar exentos de las tasas fronterizas. Otra posible solución sería utilizar los ingresos de los impuestos fronterizos sobre el carbono para aumentar la financiación internacional para proyectos ecológicos en estos países. Esta discusión debería estar en el centro de la dimensión internacional del nuevo contrato social verde.

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A nivel nacional, los países pueden aprender de Francia, que finalmente reaccionó a la crisis de los Chalecos Amarillos con el lanzamiento de la Convención sobre el Clima de los Ciudadanos , un experimento de democracia directa destinado a identificar soluciones climáticas basadas en la equidad social y la justicia. A nivel internacional, los mismos principios podrían colocarse en el centro de las próximas conversaciones sobre el clima de la COP26 de la ONU en Glasgow. Tales acciones son fundamentales para asegurar un apoyo social a largo plazo para la transición verde y para prevenir su descarrilamiento, que tendría consecuencias catastróficas para el planeta.

*Simone Tagliapietra es investigadora en el thinktank Bruegel y profesora adjunta en la Universidad Católica de Milán. Es autor de Global Energy Fundamentals (Cambridge University Press, 2020).