Sobrerrepresentación y cachirules
Medios Políticos

Es un periodista especializado en el análisis de medios y elecciones. Tiene posgrado en Derecho y TIC, obtuvo el premio alemán de periodismo Walter Reuter en 2007, fue conductor en IMER y durante 12 años asesor electoral en el IFE e INE, editor, articulista y comentarista invitado en diversos diarios, revistas y espacios informativos. Twitter: @lmcarriedo

Sobrerrepresentación y cachirules
Foto: Cámara de Diputados.

El 19 de marzo, dos días antes de que iniciara formalmente el registro de candidaturas para la elección federal en puerta, el INE aprobó una regla novedosa que pretende evitar sobrerrepresentación del partido mayoritario, en la cámara de diputados, superior a un 8% frente a la votación real que obtenga, límite que estable el artículo 54 constitucional desde 1996, pero que en las últimas tres elecciones federales (2012, 2015 y 2018) no se ha cumplido.

La regla aprobada por 9 de 11 consejeras y consejeros apuesta por una proporción de votos más fiel a la proporción de curules. Consiste en tomar la militancia efectiva y no la que decida por estrategia una coalición.

Nuestro modelo constitucional vigente ya permite sobrerrepresentación, aunque le pone ese tope de 8% que no ha cambiado ni se altera en nada con la decisión del instituto ¿qué implica ese porcentaje extra? pues que los partidos, generalmente el que tiene más triunfos y votos, puede subir artificialmente su presencia en la cámara, pero ese regalo constitucional tiene un tope, solo 8 puntos porcentuales adicionales al porcentaje real de votación obtenido. En otras palabras, si un partido tiene el 40% de los votos, lo lógico sería que tuviera el 40% de las diputaciones, pero desde 1996 la ley mantuvo ese empujoncito extra a partidos mayoritarios para que si tienen 40% de votos sumen hasta el 48% de curules vía “sobrerrepresentación”.

Son ecos del PRI que gobernaba poco antes del fraude comicial de 1988, cuando se aprobó la llamada “cláusula  de gobernabilidad” que era una garantía para que el partido con más votos (ellos) pudiera obtener en automático mayoría de diputaciones para poder aprobar leyes sin requerir acuerdo con opositores, es decir. Digamos que incluso con un 20% de los votos, aunque el competidor más cercano alcanzara 19.99%, no importaría, se multiplicarían los panes y los peces para que ese 20% se volviera 51% de la cámara ya al traducirse votos en curules.

En las negociaciones de la reforma de 1996 se matizó ese abuso, pero no desapareció y pues ahí sigue con el famoso 8% extra que suma representación artificial como regalo o premio al más votado. No garantiza que el de más votos tenga mayoría simple en el congreso como antes, pero se le ayuda a lograr esa mayoría con un empujoncito de 8% extra frente a los votos realmente obtenidos.

¿Cuál es entonces el debate hoy? Pues que en los últimos tres comicios federales esa sobrerrepresentación se incrementó a más del 8% por el registro de cachirules, es decir, hay una sobrerrepresentación a la sobrerrepresentación a partir de política de estufa, de estrategias donde se registran militantes de un partido que compite en coalición como si fueran de otro partido aliado (el menos popular, el que tendrá menos votos en lo individual) para de ese modo, lograr ganar diputaciones pero que no cuenten para el tope como propias (aunque lo sean), que se computen para el aliado y así, al calcular el porcentaje de triunfos individuales en cada distrito, más los pluris (que en teoría no deben pasarse de 8% de sobrerrepresentación en conjunto), pues se rompe el tope porque hay candidaturas de un partido disfrazadas de otro partido.

Esa estrategia de cachiruléo no la inventó MORENA, de hecho, la combatió cuando fue inaugurada por el PRI en su alianza con el PVEM primero en la elección federal de 2012 y luego otra vez, con mayor nitidez y debate, en la de 2015.

El límite constitucional no se respetó en ninguna de esas contiendas, como tampoco en la de 2018. Así, primero el IFE y después el INE, reconocieron que había engaño cachirul pero se asumieron impedidos para evitarlo, argumentando que los criterios del Tribunal Electoral permitían postular militantes de un partido como candidatos de otro, igual que a ciudadanas y ciudadanos sin militancia.

Esos criterios no han cambiado en lo sustantivo, pero el INE sí cambió de opinión (al menos los consejeros que ya habían argumentado imposibilidad para aplicar el límite constitucional hasta que no se ajustara la ley). De ese cambio de postura poco antes de que iniciara el registro de candidatos, es de lo que se queja MORENA, y aunque es real que hubo viraje, pues ese viraje se dio en la dirección correcta, porque de otro modo habría que asumir que como ya han pasado cachirules antes, pues lo mejor es que les den chance de que sigan entrando ahora.

En toda esta madeja de matemática aplicada para sumar en la carrera por tener mayorías en el congreso aunque se ignore la justa proporción de los votos, nadie debiera confundirse, lo correcto es que los partidos tengan una proporción lo más congruente con la proporción de apoyo en las urnas. Desde esa perspectiva la decisión del INE es un paso, insuficiente tal vez, pero en la dirección adecuada. El reproche de MORENA crece porque es que una cantada agenda de la oposición, que dejó testimonio en desplegados, precisamente detener la sobrerrepresentación, evitar que se volviera a presentar para que haya “contrapesos” y como eso fue lo que hizo el INE, lo asumen motivado en esa agenda que antes no parecía tener opción de prosperar.

Según datos oficiales del instituto, los cuales ha expuesto en distintos foros el consejero Ciro Murayama (uno de los impulsores de la medida desde hace meses), en 2012 la coalición del PRI había tenido 40% de los votos y logró  48.2% de las diputaciones (0.2% adicional al tope), en 2015 el mismo partido y su coalición habían sumado 40.3% de los votos pero alcanzaron 50% de diputaciones  (1.7% arriba  del 8%). En aquel momento la izquierda dijo que era un “fraude” a la ley permitir cachirules y el hoy diputado Pablo Gómez exhibió la maniobra con la que el PRI hizo pasar a 7 de sus militantes como candidatos del PVEM, entonces su aliado en coalición.

En 2018 se rompió otra vez el límite, ahora en favor de MORENA, partido que junto con su coalición logró 45.9% de votos pero 61.6% de la cámara, lo que implicó una sobrerrepresentación de 15.7%, superando el límite constitucional casi al doble (claro, asumiendo como coalición, en lo individual como lo calcula el INE, pero en lo individual es menor el exceso pero también se rompe el 8%).

Este miércoles puede resolver el caso el Tribunal Electoral. El proyecto del magistrado Felipe Fuentes ya es público y va por ratificar la regla del INE, donde se asume que no importa qué partido de la coalición te postule, porque al momento de asignar diputaciones de representación proporcional (las pluris) y calcular en lo individual los topes de sobrerrepresentación por partido, se tomará como referencia la militancia, es decir, si estás en el padrón de un partido contarías como diputado de ese partido y no del que te registró como propio para darle vuelta al tope.

La lógica es razonable, aunque en los hechos, incluso si se confirma, seguiría siendo relativamente fácil eludirla, porque en los jaloneos entre consejeros y la construcción del acuerdo, se quedaron huecos notables que flexibilizan la cosa, porque basta con que todos los candidatos de coalición presenten alguna prueba de que han renunciado a su militancia original para volverse cachirules legítimos de cualquier partido de la coalición respectiva. Hoy tendremos noticias de este asunto, aunque una solución realmente congruente en el futuro inmediato, sería eliminar la sobrerrepresentación de manera total, quitar el 8% que es rastro de resistencia a la pluralidad en tiempos de partido hegemónico, y hacerlo tanto en lo federal como en lo local, donde también existe.

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