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Enrique Rodriguez
Libertad bajo palabra

Las horas más difíciles de Zaldívar

Enrique Rodríguez

En el contexto de esta relatoría del pasado y el presente, Zaldívar enfrenta la coyuntura que definirá su papel en la historia como presidente de la Corte. Las dos opciones que tiene en su escenario de decisión representan costos.

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Arturo Zaldívar
La llamada "ley Zaldívar" fue publicada en el DOF en días pasados. Foto: EFE/ Alex Cruz ARCHIVO

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Hemos escuchado y leído toda clase de especulaciones respecto a la actitud que adoptará el presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, frente a la trampa perfecta que se ha tendido en el infausto transitorio aprobado en la Cámara de Senadores a propuesta de Raúl Bolaños, legislador instrumental del régimen al que simplemente utilizaron para plantear la infamia que transgrede la Constitución.

Cada día que pasa sin un pronunciamiento del Ministro Arturo Zaldívar sobre el tema, suma impactos negativos en la crisis del Poder Judicial de la Federación. ¿A quién le interesa en este momento preciso de la agenda nacional, generar un golpeteo de gran intensidad sobre el Presidente de la Corte y la institución que encabeza?

Estimo que es útil un contexto de personalidad y acciones. Puedo expresar públicamente que conozco a Arturo Zaldívar desde hace más de 20 años, durante la etapa como litigante en su despacho especializado en derecho procesal constitucional. Ganó merecido prestigio y supe con anticipación de su legítimo anhelo por aspirar a ser ministro del Máximo Tribunal. En la época en que Genaro Góngora Pimentel fue Presidente de la Corte, entre 1999 y 2003 el ahora ministro participó de forma brillante dentro del grupo de expertos que diseñó el proyecto de reforma a la Ley de Amparo, siendo todavía Ernesto Zedillo, Presidente de México. Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, logró su doctorado en la UNAM como uno de los discípulos más destacados del gran jurista Héctor Fix Zamudio, con quien tuvo cercanía casi familiar.

Zaldívar fue propuesto por Felipe Calderón como ministro de la Corte y después con valentía tomó decisiones jurisdiccionales y elaboró proyectos que provocaron el enfado presidencial en aquella época, al extremo de ser considerado como ingrato, lo que para la naturaleza de un togado el calificativo representó un elogio que hizo notoria su autonomía. Don Arturo sumó de manera importante con Juan Silva Meza, un ministro que desde mi punto de vista encabezó la presidencia más independiente ante el Ejecutivo Federal de los últimos tiempos. En esa época (2011-2014) viví de cerca la estrategia dentro de la Corte para lograr una relación respetuosa, pero guardando sana distancia durante la parte final del periodo de Calderón y el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto. Silva Meza fue extremadamente cauteloso para asistir a eventos oficiales como representante del Poder Judicial de la Federación, se alejó de los actos fastuosos y cuidó con escrúpulo la independencia inherente a su investidura. Su discurso fue contundente, poco complaciente y crítico sin estridencias espectaculares respecto al Ejecutivo Federal.

Al término de ese periodo, Zaldívar y Luis María Aguilar encabezaron la disputa más desgastante que se recuerde por la presidencia del Alto Tribunal. Las 31 rondas de votación con empate entre los integrantes del pleno, transmitida en vivo por el Canal Judicial, mostró el forcejeo inédito entre dos grupos de togados ese 2 de enero de 2015. Los que querían continuidad del proyecto de Silva Meza para combatir decididamente la corrupción y dar disciplina a una minoría de juzgadores federales que se consideraban intocables, perdieron la batalla en ese primer intento de Arturo Zaldívar.

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Cada ronda de votos con empate hacía más agudas las divisiones a pesar de los recesos para tratar de negociar una salida sin más desgastes. Juan Silva Meza, tuvo el apoyo firme de Zaldívar y Olga Sánchez Cordero en todas las rondas, sin embargo decidió romper con su voto el empate para no agudizar más la confrontación y abrió la puerta para que Aguilar Morales asumiera una presidencia regresiva, que solapó el retorno de arraigados vicios, el empoderamiento de personajes de dudosa honestidad en la Judicatura Federal y la estructura administrativa de la Corte.           

En lo que va de su presidencia el ministro Zaldívar ha enfrentado la pandemia, emprendió un riguroso combate a la corrupción y el nepotismo. Otro signo es la cercanía con Andrés Manuel López Obrador, lo que le ha generado durísimas críticas. Resultó inaudito su acompañamiento al “teatro” aéreo de Santa Lucía, en el que no debió estar. Pide a sus detractores que no consideren como marcadores de fútbol, las suspensiones bien concedidas contra la aberrante Ley de la Industria Eléctrica de AMLO. También establece que no se considere al Poder Judicial como un contrapeso frente al Ejecutivo y la mayoría de Morena en el Congreso. Reconoce en público amistad con López Obrador y ha sido condescendiente con las amenazas hacia jueces que resuelven contra los intereses del tabasqueño.

En el contexto de esta relatoría del pasado y el presente, Zaldívar enfrenta la coyuntura que definirá su papel en la historia como presidente de la Corte. Las dos opciones que tiene en su escenario de decisión representan costos.

Estoy seguro que lo menos trascendente es la ampliación de su periodo por dos años más para hacerlo coincidir con el final del sexenio de AMLO, lo verdaderamente grave sería normalizar la vulneración al 97  y el 100 constitucionales a través de un transitorio, de ser así el Consejo de la Judicatura Federal y la Corte habrán claudicado definitivamente. Los ministros juran al protestar el cargo, respetar la Carta Magna. La aceptación tácita o implícita del llamado regalo maldito acabaría con la credibilidad institucional del Poder Judicial para desgracia del país. Su rechazo daría a Zaldívar la dignidad con la que todo ministro busca ser recordado. Sin embargo abriría un contexto de desencuentros con el Presidente López Obrador a quien le convienen juzgadores dóciles, lo que responde la pregunta inicial de este texto. 

No hay salidas a medias. Lo mejor que podría pasar es que la Cámara de Diputados elimine el artículo de la discordia. Ha trascendido en círculos cercanos a la Corte, que su presidente ha operado y pedido, desactivar la bomba para evitar que se consume en el proceso legislativo un fraude a la Constitución, infamia que lo envolvió en el torbellino que ya hizo mucho daño.

Es momento de definiciones, ante un régimen que goza destruyendo instituciones. Hasta ahora el silencio de Zaldívar sin duda es de reflexión, pero  ensordece a la impartición de justicia. Me quedo con el recuerdo del ministro que ya se atrevió a desafiar a un Presidente, para que ahora sea congruente con la misma verticalidad cuando más se le necesita. La decisión lo marcará de por vida y espero don Arturo fortalezca la división de poderes en el tránsito de esta conspiración diseñada por los más duros del régimen. En medio de la tormenta, estoy seguro que el presidente de la Corte hará respetar nuestra Constitución, si me equivoco será catastrófico. 

EDICTOS

Ante el totalitarismo avasallante, sólo las decisiones de los jueces federales logran generar algunos balances. El recién doctorado Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Segundo Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica, concedió la primera suspensión provisional en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que obliga a todo aquel que contrate una línea celular entregar datos biométricos, lo que se considera violenta derechos humanos. La decisión sólo beneficia al particular que se amparó, pero establece un antecedente importante en la búsqueda de una suspensión definitiva que podría otorgarse antes de que termine abril. Es inminente una ola de amparos sobre el tema. Gómez Fierro fue el juzgador que recibió los reproches directos de AMLO tras resolver la suspensión de la Ley de la Industria Eléctrica y con esta nueva decisión, vuelve a ser blanco del encono presidencial.      

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