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Protección para TODAS

Isabel Erreguerena

Las órdenes de protección son un mecanismo jurídico urgente y necesario para proteger a las mujeres y niñas de la violencia. Sin embargo, en su aplicación hay numerosos obstáculos.

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Cruces rosas en Lomas de Poleo Planta Alta Ciudad Juarez lugar del feminicidio de 8 mujeres
Foto: Iose | Wikimedia Commons

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El pasado 13 de abril, 22 organizaciones de 10 estados del país presentamos una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque queremos que las órdenes de protección realmente protejan y tengan en cuenta las necesidades particulares de todas las mujeres y niñas.

¿Por qué necesitamos mejorar este mecanismo?

Las órdenes de protección son un mecanismo jurídico urgente y necesario para proteger a las mujeres y niñas de la violencia. Sin embargo, en su aplicación hay numerosos obstáculos.

En primer lugar, estas medidas solo protegen a las mujeres y niñas ante la posibilidad de que la violencia sea un delito o infracción, y cada entidad tiene diferentes plazos y vigencias, que nada tienen que ver con el riesgo o la necesidad de protección. Tampoco hay claridad sobre qué autoridades deben dictar, implementar y monitorear este mecanismo. Ni hay un registro real de estas órdenes, pues solo se registra el número de órdenes de protección dictadas, no solicitadas. Además, no hay información desagregada sobre quién las dictó, qué medida dictó, por cuánto tiempo, y, lo más preocupante, no hay seguimiento sobre si funcionaron o no. 

La misma línea siguen los obstáculos desde el ámbito judicial, que impiden dictar tantas medidas de protección como se solicitan, porque se invisibiliza el riesgo real. El Informe #NoEsJusticia señala que en el 69% de las sentencias de violencia contra las mujeres no se dictaron órdenes de protección. Esto es porque el sistema no confía en las “víctimas” y procuran “no afectar a los hombres”. Se piensan que las mujeres estamos más preocupadas de perjudicar a los hombres que de proteger nuestra propia vida.

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Además, tanto el acceso a la justicia como las medidas de protección deben adaptarse a la diversidad de la población para ser efectivas. Si las autoridades comunitarias son las que realmente están cerca de las mujeres indígenas y rurales, ¿por qué no están facultadas para dictar estas medidas?

Para las mujeres con discapacidad es aún peor, pues ni siquiera se les reconoce la capacidad jurídica para solicitar su propia protección, sino que son sus tutores y curadores quienes pueden solicitarla, lo que las deja en indefensión, especialmente en los casos en que los mismos tutores o curadores son quienes ejercen violencia. Tampoco hay concordancia entre el mecanismo de protección y las diferentes violencias ya reconocidas, como la violencia digital, política y laboral.

¿Qué proponemos?

Estas deficiencias en el mecanismo de protección aumentan el riesgo de violencia para muchas mujeres y niñas. Por eso construimos colectivamente una propuesta que trata de garantizar la protección de todas las mujeres.

Proponemos:

  • Que las órdenes de protección sean principales, autónomas y complementarias a otros mecanismos, sin que estén sujetas a una denuncia o demanda.
  • Incorporar una mirada interseccional, reconocer la autonomía y capacidad jurídica de todas las mujeres y niñas. Todas las mujeres tienen derecho a información sobre las órdenes de protección en su idioma y/o formato pertinente.
  • Incorporar el estándar del posible riesgo, que baste con los indicios de peligro para poder dictar la orden.
  • Que jueces de paz municipales y autoridades de pueblos o comunidades indígenas puedan emitir órdenes de protección
  • Incorporar la figura de órdenes de protección definitivas, cuando la violencia se haya manifestado por un periodo prolongado de tiempo.
  • Cuatro directrices para evaluar el riesgo de forma integral, considerando el contexto y las necesidades de cada mujer o niña.

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Con los inaceptables datos de feminicidios que tiene México, mejorar el sistema de protección para las mujeres y las niñas debería ser una prioridad para cualquier administración. Y para eso, hay que escuchar a las mujeres. Esta iniciativa de reforma es una propuesta colectiva, urgente y necesaria que busca garantizar la protección para TODAS.

*Isabel Erreguerena es codirectora de EQUIS Justicia para las Mujeres, organización feminista que contribuye al ejercicio de los derechos humanos para alcanzar la justicia social.

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