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Enernauta

Licencia social y energías renovables

Aldo Flores Quiroga

Las esperanzas puestas en el despliegue a gran escala de las energías renovables se enfrenta a un reto colectivo: la aprobación de las comunidades receptoras de la inversión.

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Campo generador de Energía Eólica en Oaxaca (México).Foto: Francisco Santos/EFE.

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Las esperanzas puestas en el despliegue a gran escala de las energías renovables como una forma de reducir las emisiones de carbono se topan cada vez más con un añejo y conocido desafío de los proyectos energéticos: conseguir la aceptación de las comunidades receptoras de la inversión.

Las empresas que extraen carbón, producen petróleo, construyen plantas eléctricas y tienden redes de transmisión están acostumbradas –o deberían estarlo– a obtener la “licencia social para operar” (el término proviene de la industria minera). Consultan, informan, negocian con pobladores antes de construir y poner en marcha instalaciones costosas. Aunque no hay garantías de que la comunidad consienta al proyecto, el riesgo de malentendidos o abusos disminuye cuando las partes entienden el alcance e implicaciones del proyecto. Se trata de que empresas y comunidades ganen conjuntamente.

El asunto merece mucho más énfasis del que hasta ahora han puesto los entusiastas, activistas y organizaciones energéticas internacionales que promueven las energías renovables. Aunque el público simpatiza en abstracto con la idea de la energía limpia, una vez que una comunidad empieza a convivir con estos proyectos o reconoce sus implicaciones potenciales sobre el entorno físico y el medio ambiente, es fácil que la buena disposición se desvanezca.

Un reportaje reciente del Wall Street Journal relata la oposición de una población cercana a Las Vegas frente a un proyecto que, de ejecutarse, se convertiría en la planta de energía solar más grande de Estados Unidos, con una capacidad de 850 mega-watts, suficiente para atender las necesidades de una ciudad pequeña.

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A los habitantes no les disgustaría ser beneficiarios de esta energía limpia y barata, pero sí que al abrir sus ventanas o circular por el pueblo tendrán a la vista, en lugar de un atractivo paisaje desértico, un millón de páneles fotovoltaicos (solares) de tres a siete metros de altura extendidos a lo largo y ancho de 36 kilómetros cuadrados, el equivalente de 7,000 campos de futbol americano.

¿Por qué tanta superficie? Porque la potencia que aporta una planta de energías renovables por metro cuadrado es baja comparada con la de una planta basada en energías fósiles. En un estudio publicado en la revista Energy Policy, los profesores John Van Zalk y Paul Behrens de la Universidad de Leiden, en Países Bajos, estiman que puede requerirse cuando menos 70 veces más superficie para obtener la misma potencia a partir de paneles fotovoltaicos que quemando gas natural (la diferencia varía dependiendo del tamaño de las plantas; ésta corresponde a las medianas). Tomando esta referencia, los 850 MW de potencia que aportará la granja solar en Nevada podrían obtenerse en un espacio bastante menor, acaso de un campo o dos de futbol americano, si en su lugar se instalara una planta a base de gas natural.

A las molestias de los vecinos se agrega la peculiar oposición de las organizaciones ambientalistas, que se supone apoyan las energías renovables. Tampoco están en contra de la energía limpia en abstracto, pero les preocupa la perturbación del hábitat de las tortugas debida a este proyecto, entre otros temas. Hasta los proyectos de energías renovables tienen que cumplir con criterios de sustentabilidad amplios. No basta con dejar de emitir carbono; hay que ser responsables con la flora, la fauna y todo el entorno donde se desarrollan los proyectos.

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Por si fuera poco, falta la negociación con los dueños de la tierra para conseguir los derechos de vía para la línea de transmisión. Lo más común es que las mejores áreas para generar electricidad con el viento y el sol están lejos de los grandes centros urbanos, aunque cerca de poblaciones rurales. Conectarlas requiere de inversión adicional y del consentimiento de múltiples propietarios.

Me he referido antes a la necesidad de una hoja de ruta política para convertir en realidad aspiraciones como las que la Agencia Internacional de Energía ha plasmado en su ya polémica hoja de ruta hacia un sector energético con cero emisiones netas de carbono. Pues bien, esa hoja de ruta política pasa no solo por el resbaloso camino de elevar el precio de los combustibles o el costo del transporte con máquinas de combustión interna, sino por una azarosa vereda donde el esfuerzo para conseguir la licencia social es mucho mayor al que hasta ahora hemos visto.

A medida que crezca la penetración de las energías renovables, con todo y sus nuevas líneas de transmisión, crecerán también las necesidades de conseguir la licencia social. De ahí la importancia de la “S” en la agenda de ESG que las empresas ahora deben atender: Environmental (medio ambiente), Social (responsabilidad social) y G (gobernanza). ¿Estarán listas las empresas y las comunidades para asumir el costo de instalar a gran escala un sector energético limpio?

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