Las aulas de Hungría se han convertido en el nuevo campo de batalla contra la ‘ideología LGBT’

La semana pasada, el parlamento húngaro prohibió mostrar cualquier representación de homosexualidad o transgénero a menores, en material educativo o en televisión. Al agregar esto a una ley que protege a los niños del abuso infantil, el presidente del país, Viktor Orbán, estableció una conexión explícita entre la homosexualidad y la pedofilia. Al hacerlo, recurrió a un engaño del que gran parte del mundo ha prescindido durante mucho tiempo, pero que goza de un preocupante resurgimiento en las batallas globales contra la “ideología de género”: el peligro que representan los homosexuales y las personas trans para los niños.

“La lógica del gobierno es encontrar un enemigo y pretender que están salvando al país de este enemigo”, dijo el líder húngaro LGBTQ+, Tamás Dombos, en una presentación ante el Congreso de Estados Unidos la semana pasada. Dombos describió la nueva ley como “una estrategia política consciente y diabólica” del gobierno para desviar la atención del público de su desordenada respuesta a la crisis del Covid. La ley también es una bala de salva en una complicada elección que ya se acerca, y una forma eficaz de apostar lo que yo llamo una “línea rosa”: una división nativista que protege, en este caso, los “valores” húngaros contra el imperialismo inmoral de George Soros y Bruselas.

De esta manera, la ley húngara hace eco de lo que hizo Vladimir Putin en 2012 cuando utilizó la legislación de “propaganda antigay” de Rusia para contrarrestar la creciente oposición urbana a su candidatura a un tercer mandato presidencial. También prepara el escenario para una repetición húngara de la campaña electoral de Andrzej Duda en Polonia el año pasado, la cual atacó la “ideología LGBT”.

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Irónicamente, estos políticos “antioccidentales” utilizan el manual desarrollado en Estados Unidos por la campaña “Save Our Children” de 1977 de Anita Bryant en Florida, que buscaba eliminar todas las referencias a la homosexualidad de los planes de estudio y dio como resultado varias leyes en todo el país. Mucho antes de Rusia y Hungría, el gobierno británico de Margaret Thatcher aprobó la sección 28, prohibiendo la “promoción” de la homosexualidad en las escuelas. Esto se derogó en 2003 en Inglaterra y Gales; en Estados Unidos, las leyes de “no promo homo” todavía están vigentes en cuatro estados del sur. Recientemente, dos estados, Arizona y Tennessee, estuvieron cerca de restringir el acceso de los estudiantes a la información sobre orientación sexual e identidad de género.

Mientras tanto, en Brasil, el presidente, Jair Bolsonaro, se ha comprometido a eliminar la palabra “género” y cualquier discurso sobre homosexualidad o transgénero del plan de estudios. Hay intentos de hacerlo legalmente en más de 100 jurisdicciones brasileñas, y aunque la Corte Suprema ya se ha pronunciado en contra de 11 de ellas, el proceso continúa.

En África, varios países se han retirado de su compromiso con la Educación Integral en Sexualidad (EIS), aprobada por la ONU ante la enérgica oposición de la derecha religiosa. En el período previo a la campaña electoral de Ghana en 2020, un grupo de presión religioso se constituyó en contra de lo que denominó “Educación Integral Satánica”, principalmente porque supuestamente promovía los derechos LGBTQ+. El miedo y el odio generados en este debate impulsaron una represión en el país: su primer centro comunitario LGBTQ fue cerrado a principios de este año; y 21 jóvenes que asistieron a un evento de capacitación para asistentes legales fueron arrestados por “defender actividades LGBTQ” el mes pasado.

Una campaña similar contra la EIS tuvo éxito en Zambia y también ganó terreno en la muy poblada Etiopía. Como las de América Latina y Europa del Este, estas campañas utilizaron materiales y tácticas generadas por movimientos “profamilia” en Estados Unidos, principalmente Family Watch International (FWI) y el Congreso Mundial de Familias (WCF, por sus siglas en inglés). FWI, que tiene su sede en Arizona y dirigió la campaña de educación anti-LGBTQ + allí, ha dado fuerza a las campañas de Ghana y Etiopía en particular.

En el mundo católico, estas campañas se cruzan con organizaciones conservadoras como el Opus Dei y, más recientemente, con Ordo Iuris, una influyente organización de abogados católicos polacos que acaba de abrir una universidad en Varsovia como contrapeso explícito a la Universidad Centroeuropea de George Soros. Los conservadores de Europa del Este afirman estar montando un contraataque contra la ortodoxia izquierdista sobre el género y la homosexualidad, que equiparan, como suele hacer el húngaro Viktor Orbán, con la ideología comunista.

Ya desde 1995, los conservadores religiosos estadounidenses llegaron a Moscú para incubar la WCF entre activistas ortodoxos que buscaban tracción política en la Rusia poscomunista. Los miembros rusos de WCF jugaron un papel clave en vender la idea de propaganda antigay a los políticos; su último congreso, en 2017, fue organizado por el gobierno húngaro e inaugurado por el propio Orbán.

Los activistas húngaros no tienen ninguna duda de que la ley aprobada esta semana surge de estas conexiones globales. La razón por la que estas campañas son tan similares en todo el mundo, y tan potencialmente efectivas, es que, como dijo Dombos: “Los seres humanos de todo el mundo tienen temores similares. Temen por sus hijos. Quieren lo mejor para sus hijos, así que si les dices: ‘Estos monstruos transexuales van a convertir a tu hijo en una persona trans que nunca reconocerás’, la gente reacciona a ello “.

Las encuestas muestran que la mayoría de los húngaros apoya los derechos LGBTQ+, y que aquellos que están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo solo superan ligeramente a los que están a favor. Es por esta razón que el partido gobernante en Hungría, Fidesz, está etiquetando la homosexualidad como pedofilia en la nueva ley, seis meses después de que prohibiera la adopción de niños por personas que no sean parejas casadas heterosexuales. Tras proscribir la transición de género legal, ahora busca, explícitamente, avivar el pánico moral en torno a los niños.

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En todo el mundo, los conservadores de derecha y sus aliados populistas han provocado este tipo de pánico en los últimos años. Yo mismo he visto el poder destructivo de esto con la mujer trans rusa que perdió todo acceso a su hijo porque un juez descubrió que ella estaría “promoviendo la homosexualidad”. Existe una clara evidencia de la forma en que esa conexión incuba actos de violencia, desde la creciente violencia homofóbica en Brasil, hasta los continuos pogromos asesinos contra los homosexuales en Chechenia.

Pero incluso si la ley húngara es parte de esta tendencia, sienta un precedente nuevo e impactante. En los últimos años, a medida que los homosexuales en particular se han vuelto más aceptables, los activistas de derecha han tomado la iniciativa de despersonalizar el odio hablando de “ideología de género” e “ideología LGBT”. Pero la legislación húngara gira brutalmente su espada directamente hacia personas reales, al equipararlas con abusadores de niños en la letra de la ley misma.

Los intentos de Anita Bryant de hacer esto en Florida, en 1977, jugaron un papel importante en la movilización del movimiento estadounidense por los derechos de los homosexuales de esa época, y provocaron un amplio apoyo popular para los homosexuales. Algo similar puede y debe suceder ahora, en Hungría y en todo el mundo.

* Mark Gevisser es el autor de The Pink Line: The World’s Queer Frontiers.