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Enrique Rodriguez
Libertad bajo palabra

La infamia de López-Gatell y el juez sensible

Enrique Rodríguez

La vileza del subsecretario más poderoso del gabinete, que el presidente de la República presume como ejemplo a seguir, ha tocado fondo.

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Familiares de niños con cáncer protestan en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez

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Toda persona que tiene la sensibilidad de solidarizarse con un enfermo potencialmente terminal, sabe que nadie tiene derecho a negarle la esperanza legítima de sanar. Con absoluta impunidad, Hugo López-Gatell descalifica la aspiración de miles de niños con cáncer, como se mostró en un un intercambio a modo la televisión pública en el que se acusó a las víctimas de difundir una narrativa prefabricada con el objeto de lastimar al régimen de Andrés Manuel López Obrador. Con desfachatez indignante, el responsable más notorio del gobierno federal para la atención de la salud pública, además de fracasar durante una pandemia que ha cobrado la vida de más de 232 mil personas en México, violenta el derecho a la salud y a un trato digno para los pacientes con tratamientos suspendidos.

Normalizar semejante atropello o mantenerse pasivo sería un acto de convalidación para desacreditar la necesidad de niños que están en riesgo de morir por la indiferencia de un gobierno que ve en ellos a enemigos políticos, así de ridículo y descabellado. Es el mundo al revés, somos testigos de la escalofriante cobardía de un funcionario que se victimiza para acusar a inocentes que piden medicinas y tratamientos para recuperarse. 

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Aceptar que Rafael Barajas “El Fisgón”, monero a favor de la 4T, es un interlocutor serio para López-Gatell en la televisora que debería ser de Estado es un atentado contra la inteligencia, no por la capacidades de Barajas, sino por la inexistente objetividad de los entrevistadores en el programa que se hace llamar El Chamuco TV, panfleto audiovisual que originó el escándalo que se viralizó y encendió la legítima indignación, que se ha etiquetado como “narrativa golpista de grupos de derecha”.   

Afortunadamente hay contrastes notables en el contexto de estos casos, se advierten también reacciones que representan un bálsamo reconfortante.

Israel Flores Rodríguez, juez de Distrito en San Andrés Cholula, Puebla, ex secretario de estudio y cuenta del ministro Fernando Franco, demostró que un juzgador federal puede ser didáctico y sensible como defensor de las garantías que la Constitución reconoce a las personas. El impartidor de justicia hizo una versión emotiva de lectura fácil para comunicar a una niña con cáncer los alcances del amparo que tramitó su madre para ordenar a las autoridades federales le garanticen los medicamentos que requiere para continuar su tratamiento. 

El impartidor de justicia le explicó a la menor sus decisiones en estos términos: 

“Este mensaje te lo manda Israel Flores Rodríguez, yo soy un juez que recibió un escrito en el que tu mamá me informó que has estado acudiendo a un hospital para que tu salud mejore pronto. Ella me dijo que en ese hospital no te habían dado un medicamento que necesitabas, por lo que me pidió que por favor le pidiéramos una explicación a los doctores y doctoras que te han atendido”. Y añade: 

“Debes estar muy contenta porque tu mamá te cuida y se preocupa mucho por ti, y espero que con su participación, la del personal médico y la mía, podamos conseguir que no te haga falta nada para que cada vez te sientas mucho mejor. Por último, te informo que señalé como posible fecha para decidir si el hospital ha respetado o no tu derecho a la salud, el 20 de julio de este año, a las 2 de la tarde, lo que te informaré de manera oportuna”.

El escrito es una pieza invaluable para aterrizar la técnica del amparo a una niña que necesita atención.  

Tenemos una situación en la que, por un lado, se exhibe la miseria humana de un subsecretario y, por otro, muestra la grandeza de un juez de Distrito ejemplar, de los que quisiéramos tener muchos dentro del Poder Judicial de la Federación.   

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Esta menor que conocerá la decisión definitiva sobre su petición de protección jurídica en los próximos días, es solo uno de los más de 400 casos en los que se invoca el juicio de garantías a nivel nacional a causa del desabasto de medicamentos especializados que el gobierno no ha adquirido y proveído con oportunidad. Si las medicinas no están disponibles, es por la falta de previsión e interés de la Secretaría de Salud para enfrentar la crisis de desabasto que se arrastra desde antes de la pandemia. Una auténtica crisis humanitaria que se pretende desconocer con verborrea ideológica.

El respeto que se dice tener por los pacientes es inexistente. Predominan las promesas incumplidas sistemáticamente, el desdén para entender que el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad entre los 5 y los 14 años de edad y que en nuestro país tenemos un promedio anual de 2 mil 160 decesos en menores de edad por este padecimiento. Hay responsables con nombre y apellido que deben enfrentar las consecuencias de su ineptitud, el juicio de la historia debe ser implacable y por eso es esencial documentar a detalle cada historia. 

En tiempos de crisis se hace más evidente lo mejor y lo peor de los seres humanos. Es pertinente asumir la responsabilidad de ubicarnos del lado correcto de la historia, la contundencia de los hechos exhibe a los personajes que llevarán la marca indeleble de la infamia por el resto de sus días.        

EDICTOS 

Y hablando de atropellos, es muy grave la ilegal intervención de la policía estatal en el campus de la Universidad de las Américas Puebla. Un agravio que pisotea con flagrancia la autonomía de una de las mejores instituciones de educación superior en nuestro país. Policías armados, que dependen de las órdenes del gobernador Miguel Barbosa, tomaron con violencia y sin derecho las instalaciones de la institución para imponer a un patronato espurio en la fundación de la UDLAP. Todo esto ocurrió en virtud de la violación de una suspensión definitiva en vía de amparo, otorgada por un juez federal para evitar que el patronato legalmente constituido fuera removido. La violenta intervención ocurrida el martes 29 de junio es un hecho sumamente delicado que debiera provocar la solidaridad e indignación de todas las Universidades del país. Una medida de fuerza que vulnera el Estado de Derecho y hace recordar inevitablemente la barbarie sufrida en la Máxima Casa de Estudios en 1968.        

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