¿La CRE está contra los ciudadanos?

El marco jurídico actual en materia energética fue diseñado para tener como prioridad al consumidor. De hecho, el artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética dice a la letra:

“La Comisión Reguladora de Energía (CRE) fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios”. 

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Pero, ¿cuál es la realidad? Vamos a tres casos claros.

Los generadores que tienen permisos de interconexión bajo el modelo de autoabastecimiento, o sea que fueron heredados de la ley anterior, requieren la autorización de la CRE para poder inscribir sus centros de carga (socios consumidores de energía eléctrica) para que reciban la energía que generan. Desde mayo de 2019 se ha detenido el proceso de inscripción de estos centros de carga. Los socios consumidores están a la espera de poder usar la energía barata que generan.

Con esto, los generadores no pueden entregar su energía a los socios consumidores y se ven obligados a vender la energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por debajo del valor de mercado. Hay que decir que el director general de CFE y su equipo han dicho que este modelo es un fraude a la ley, pero no han presentado una sola denuncia por tal fraude a dos años y medio de gobierno.

En el mercado eléctrico –producto de la reforma– hay condiciones parecidas, sin subsidio. 

Los usuarios que consumen (en un punto o sumando varios) una cantidad igual o mayor a 1 MW pueden o deben, por ley, convertirse en usuarios calificados y así tener acceso al mercado eléctrico, por sí mismos o por medio de un suministrador de servicios calificados.

Al acceder al mercado eléctrico, este consumidor seguirá pagando la transmisión y en su caso distribución de energía eléctrica a una tarifa estándar, pero la energía y otros servicios los puede pagar a suministradores o generadores distintos a la CFE, con lo que ahorra dinero y cumple sus compromisos de responsabilidad sostenible y medio ambiente. Pues bueno, hay empresas que tienen más de un año esperando para poder inscribirse en el Registro de Usuarios Calificados y poder tener acceso a energía más barata, lo que mejoraría su competitividad. La CRE lo ha evitado.

Hay casi 100 proyectos de generación de energía eléctrica en espera, todos ellos representan inversiones que ofrecerían energía más barata y limpia, pues la mayoría son solares, algunos eólicos y otros de gas natural. Pero la CRE no solo ha frenado estos permisos de generación, dando permisos a la CFE que fueron solicitados después, sino que ha negado modificaciones a los permisos.

Dos casos relevantes. Al menos dos centrales de generación de fuentes renovables están listas para entrar en operación en Baja California Sur. En ambos casos es energía limpia que sería mucho más barata que las centrales de turbogás que recientemente se anunciaron de parte de la CFE. Únicamente requieren de que la CRE libere sus procesos administrativos para entrar en operación (solo esperan la modificación de fecha de entrada en operación), pero tal parece que la CRE los bloquea, con lo que niega a los sudcalifornianos soluciones que pueden mitigar los apagones que sufren.

Estos proyectos además agregarían confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro eléctrico.

En resumen, parece que la CRE está evitando dos cosas: primero, que el consumidor tenga mejores opciones para contratar su energía y, segundo, que la CFE tenga competencia más barata y limpia. En ambos casos, actúa contra su mandato. Y todo esto en plena pandemia y recesión económica. Parece que están en contra del usuario, el ciudadano, cuyo interés deberían proteger.

Que la historia los juzgue… y también la ley, llegado el momento.