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¿Smartphone? ¡Yo quiero un teléfono de chicles!

Julio Sánchez Onofre

No hay que perder de vista que el aprovechamiento de la vulneración de nuestros teléfonos nos ponen en un mayor de robo de datos y de dinero, de fraude y de nuestra integridad personal.

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Foto: Robin Worrall / Unsplash.

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Aún recuerdo las ganas que sentí de arrojar mi smartphone por la ventana después de ver Citizenfour, el documental de Laura Poitras, sobre las revelaciones que hizo Edward Snowden acerca de los programas de espionaje masivo del gobierno estadounidense. Hablamos de leer los mensajes del teléfono de cualquier persona, la intervención de sus correos electrónicos, escuchar y grabar sus conversaciones telefónicas, encender cámaras y micrófonos remotamente, acceder a fotos, videos y archivos, leer sus correos electrónicos. Eso fue en 2014.

Un año después, en 2015, se filtraron en WikiLeaks los correos electrónicos de Hacking Team, firma italiana que desarrolla herramientas (software malicioso) para vulnerar computadoras y teléfonos inteligentes e intervenir comunicaciones. La firma solo vende a gobiernos bajo el paraguas de la seguridad nacional.

Ahí se divulgó un dato interesante: el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, era su cliente principal pues pagó casi un millón 400 mil euros (en ese entonces, cerca de 25 millones de pesos) entre 2010 y 2015. De nuevo sentí esa necesidad de tirar el smartphone, pero me dije: “aunque el gobierno contrate la herramienta, no tiene la capacidad técnica para usarla con éxito”.

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Las ganas de destruir mi smartphone volvieron en 2017 cuando salió a la luz que el gobierno de Enrique Peña Nieto había espiado desde 2015 a cerca de una veintena de periodistas, activistas y hasta científicos utilizando el malware Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group que también asegura vender solo a gobiernos.

Esta puede ser solo la punta del iceberg”, me dijo entonces John Scott-Railton, investigador del Citizen Lab (centro canadiense que ha investigado las campañas de ciberespionaje gubernamental). Y cuánta razón tenía.

Ahora en 2021, y gracias a una filtración que fue reportada por más de 80 periodistas de 17 medios alrededor del mundo en el Proyecto Pegasus, sabemos que 50 mil números telefónicos a nivel mundial fueron blanco del espionaje con Pegasus, 15 mil de esos números en México. Si bien no hay certeza de que todos los ataques hayan sido exitosos, no puedo dejar de pensar que ya no quiero un smartphone, ¡quiero un teléfono de chicles!

Sé que hay bastantes personas que sienten una creciente desconfianza de la tecnología gracias a las empresas como Hacking Team o NSO Group, que hacen negocio aprovechando vulnerabilidades de los smartphones para atentar contra la privacidad, y a los gobiernos que vigilan sin escrúpulos con el pretexto de combatir la inseguridad.

Esta falacia es mayúscula: en mayo se asesinaron a 95 personas al día en México; nuestro país sigue siendo uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo y las peticiones de ayuda para encontrar a gente desaparecida inundan ya las redes sociales. Es decir, no hay evidencia de un mejor ambiente de seguridad gracias al espionaje y la invasión de la privacidad.

Ellos no hacen vacunas –lo único que venden es el virus–”. Con esta metáfora, Edward Snowden explicó a The Guardian la lógica de NSO Group y de la industria de ciberespionaje. Aprovecharé su metáfora para decir que ese virus es un atentado contra el desarrollo digital. ¿Por qué? Una crisis de confianza podría inhibir la adopción tecnológica.

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En uno de los correos electrónicos filtrados en WikiLeaks, el mismo CEO de Hacking Team, David Vincenzetti, reconoció que importantes banqueros, abogados y emprendedores estaban dejando de usar teléfonos inteligentes para evitar ser blancos de espionaje.

No hay que perder de vista que el aprovechamiento de la vulneración de nuestros teléfonos nos ponen en un mayor de robo de datos y de dinero, de fraude y de nuestra integridad personal.

Esto debe encender algunas alertas. Estamos hablando de una desconfianza en plataformas en las que nos hemos volcado en nuestra vida personal y profesional, y a la que le hemos apostado el desarrollo económico, político y social: a través de nuestros smartphones podemos tomar clases y trabajar, socializar a distancia, jugar, acceder a noticias e información, realizar transacciones bancarias, comprar y hasta realizar trámites burocráticos. Ah, y por supuesto, comunicarnos.

Pero los actores que ahora están en el poder, y que fueron espiados en el gobierno anterior por ser parte de la oposición, parecen normalizar y minimizar estas prácticas al asegurar que son parte de las disputas políticas del pasado. Parecen no dimensionar que es, además, una vulneración mayúscula a nuestra democracia.

En contraste está el rotundo y sonoro rechazo de activistas, periodistas y de la sociedad civil hacia las prácticas de espionaje que atenta contra los derechos fundamentales (libertad de expresión, de asociación, a la privacidad) y que pone en peligro tanto a los blancos espiados como a su círculo cercano, sobre todo en un país como México donde la línea entre el poder y el crimen organizado es muy difusa.

Si no es por el lado de los derechos humanos, quizás sea más efectivo el llamado económico. Continuar con una vigilancia descontrolada podría acentuar la desconfianza tecnológica y frenar el crecimiento de la economía digital mexicana, donde el comercio electrónico está valuado en 316 mil millones de pesos y representa el 9% del retail, según los cálculos de la Asociación Mexicana de Venta Online.

También podría mermar los esfuerzos por bancarizar a la población mexicana a través de canales digitales y móviles, un área de gran potencial si consideramos que solo 17.8 millones de usuarios de smartphones acceden a la banca móvil. Y si hablamos de medicina a distancia, que además involucra datos personales y sensibles, el espionaje podría hacer de esta tendencia una utopía.

Una cosa es cierta: el gobierno mexicano se ha convertido en uno de los clientes favoritos (y no tenemos la seguridad de que ya no lo sea) de una industria que nació para hackear teléfonos y ponerlos en contra de quienes pagaron por ellos, creyendo falsamente que eso les hace propietarios cuando en realidad son controlados por alguien más. La exigencia para detener estas prácticas, además de los derechos humanos, tiene el componente económico: sin clientes no hay negocio.

Confieso que todavía uso mi smartphone, con recelo, porque el trabajo me lo exige, pero ¿cuánto más podrá aguantar la desconfianza tecnológica en un país con casi 81 millones de usuarios de smartphones, debido a que no existe la certeza de que nuestros teléfonos son seguros y nuestros gobiernos respeten nuestra privacidad? Prefiero que se materialice el llamado de Snowden para terminar con la venta de virus sin vacunas, antes de ver todo lo que se podría derrumbar porque no podemos confiar en la integridad de nuestras autoridades ni de nuestros dispositivos.

@yak3001

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