Desprotección del derecho humano a la salud

Desde el inicio de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que se tendría un sistema de salud eficiente para garantizar el derecho de acceso a la salud de todos los mexicanos, sin embargo, la emergencia sanitaria por el Covid-19 ha comprobado que los servicios de salud son deficientes y no se cuenta ni con infraestructura, ni medicamentos, ni insumos médicos suficientes para atender de manera oportuna y con calidad a todas las personas que padecen una enfermedad contagiosa o no contagiosa.

La pandemia también ha dejado al descubierto el desabasto de medicamentos e insumos médicos para todas las especialidades, sobre todo para enfermedades crónico degenerativas. Un problema que el Ejecutivo federal no ha podido atender de manera oportuna y eficaz.

Datos del Mapeo del Desabasto de Medicamentos en México. Informe de transparencia de salud 2019-2020, realizado por el colectivo Cero Desabasto, demuestran una falta agudizada de medicinas, principalmente en las instituciones de salud pública.

Por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante 2019 se surtieron de forma efectiva el 98% de las recetas, mientras que en el 2020 hubo 24 millones de recetas menos y solo se surtió el 92%. Caso similar ocurre en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde en ambos años solo se suministró el 97.2% de las recetas y el restante fue de manera parcial o bien, se les negó el medicamento prescrito.

Lee también: Informática en salud: México sigue en el siglo pasado

No puede pasar desapercibido que México es uno de los países que menos gasto público destina a los servicios de salud. En 2021, el presupuesto dirigido a este sector fue del 3.2% del PIB. La OCDE señala que el promedio ideal de inversión pública debe ser del 6.5%, es decir, nuestro país invierte menos y lo hace mal.

Las malas decisiones de este gobierno empezaron con la desaparición del Seguro Popular, pasando por la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) carente de reglas de operación; hasta varias reformas que entorpecieron las compras consolidadas de medicamentos, seguido de vetar a algunas distribuidoras de medicamentos; reforzada con su insistencia de que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyecto (UNOPS) coadyuvara a la adquisición de los mismos; culminando con la reducción presupuestal de Birmex, misma que no tiene la logística, recursos, infraestructura, ni capacidad para atender dicha problemática.

Es claro que el gobierno de México no es capaz de actuar responsablemente ante este panorama, al presentarse una falta de transparencia en el incremento de adjudicaciones directas, investigaciones de mercado inconclusas, compras con retrasos y defectos, una falta de empatía hacia los pacientes y sus familiares, un aumento descomunal de quejas por falta de medicamentos oncológicos, de diabetes e hipertensión –principalmente–, evidenciando una ineptitud y constante violación de derechos humanos en el país.

El aumento en el desabasto de medicamentos e insumos médicos manifiesta la pésima gestión que realiza el gobierno al respecto. Motivo por el cual, en las últimas semanas, varios familiares de pacientes con enfermedades catalogadas de alta especialidad han realizado protestas en la Ciudad de México, para exigir que se les permita ejercer su derecho a la protección de la salud. Ojalá que la 4T entienda la responsabilidad que tiene y garantice la protección de los derechos fundamentales de los mexicanos.