Hacia la creación del Instituto de planeación y desarrollo de la infraestructura

El Estado mexicano está obligado a regir el desarrollo nacional, integral y sustentable de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución, materializándose esto en el deber de construir escuelas, hospitales, carreteras, entre otras obras. Para llevar a cabo esto y ante la incapacidad técnica del Estado de satisfacer la totalidad de las necesidades, estas obras se deben adjudicar a contratistas mediante el procedimiento de licitación pública o cualquiera de sus excepciones, supervisarlas de forma interna y esperar su conclusión. Sin embargo, históricamente han existido obras que aun siendo adjudicadas correctamente no se concluyeron o se construyeron con fallas técnicas.

La Refinería de Tula, el Tren México-Querétaro, el Tren Interurbano México–Toluca, la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México o el Aeropuerto de Texcoco son algunos ejemplos de este tipo de construcciones que comúnmente presentan problemas cuyo origen es la falta de planeación que acredite su viabilidad o falta de vigilancia al momento de su ejecución. Además, no se puede dejar de lado que usualmente al existir cambios de administración, darles continuidad a las obras comenzadas con anterioridad se ha convertido lamentablemente en solo una opción y no en una obligación.

Debido a la magnitud del problema, se considera necesario que exista un agente externo a la dependencia o entidad que participa en la obra que se encargue de analizar previamente su viabilidad, revise las especificaciones técnicas propuestas por el contratista y vigile su ejecución.

El Instituto de planeación y desarrollo de la infraestructura es un organismo que se propone se encuentre dotado de autonomía constitucional y que esté integrado por personas expertas en las ramas de ingeniería, arquitectura, contabilidad, administración, actuaría, topografía, economía y derecho, etc. De esta forma se podrá realizar de manera integral un estudio y seguimiento de las obras que el gobierno federal, e incluso gobiernos locales, desee llevar a cabo. Cabe mencionar que este organismo entraría en funciones respecto de obras cuyo presupuesto represente una inversión proporcionalmente fuerte de acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura.

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Se considera que el instituto puede intervenir en tres momentos que son claves en la realización de una obra pública:

• Analizará las especificaciones técnicas y económicas que integren las bases realizadas por la autoridad licitante con apego al Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales, de esta forma podrá aprobarlas para su publicación e inicio del procedimiento o generar observaciones, mismas que deberán ser subsanadas si se desea continuar con el procedimiento, asegurando de esta forma la viabilidad de la obra y generando un sustento para que su conclusión no quede a criterio de una nueva gestión.
• Al seleccionarse el proyecto ganador, este será remitido al instituto con la finalidad de realizar un estudio meramente técnico que determine si existen irregularidades en los cálculos o diseños propuestos y en caso de existir se realizará un dictamen de recomendaciones.
• Llevará a cabo la vigilancia de la obra de forma intermitente mediante auditorías e intervenciones, enviando a un grupo de personas expertas que realicen una revisión minuciosa, cotejando las especificaciones técnicas previamente pactadas contra su ejecución.

Definitivamente, hoy el país requiere de una correcta planeación de las grandes obras de infraestructura que se busca detonen el desarrollo nacional. Lamentablemente, la experiencia vivida demuestra que se precisa de una institución guiada por criterios técnicos y no políticos, que contribuya a garantizar que esas obras se construyan de acuerdo con las necesidades de la sociedad y mitigando el riesgo de que ahí se hagan presentes actos de corrupción.