Crimen, elecciones, elefante en la sala…

El miércoles por la noche, el tribunal electoral validó la elección de gobernador en Michoacán, pese a que dio acreditadas irregularidades graves durante la jornada de votación de junio pasado. Concluyó que la violencia apareció, pero solo habría estado presente en casillas de cuatro municipios de la entidad: La Huacana, Múgica, Gabriel Zamora y Nuevo Urecho.

Irregularidades en esos territorios implican presunta influencia del crimen organizado en la parte de la elección.  “En la Huacana diversas personas obligaron a los ciudadanos a votar en favor del aspirante de Morena”, dijo el magistrado Felipe Fuentes en su intervención. El magistrado Felipe de la Mata expuso otros casos de intimidación, aunque para él no existían “medios de convicción que acrediten que se buscó beneficiar a una candidatura en particular”, pero sí eran evidentes las conductas denunciadas y la afectación que habían generado en varias casillas, por lo que se justificaba anular la totalidad de votos en esos cuatro municipios cercanos entre sí, marcados por intimidación que parece coordinada. 

De acuerdo con las y los magistrados, en Múgica hombres armados habrían desalojado a representantes partidistas de casillas, también hubo secuestro del presidente de una mesa de casilla, quema de boletas, presión para que algunas votantes hicieran público su voto. En Gabriel Zamora, sujetos armados habrían robado boletas y en Nuevo Urecho hasta un bloqueo se registró en la autopista durante la jornada de votación. 

La sentencia negó que esos actos de violencia fueran algo generalizado en todo el estado y, por lo tanto, solo anuló resultados de las secciones electorales ubicadas en esos municipios, validó las demás.

De las 6 mil 153 casillas instaladas en toda la entidad para recibir votación por gubernatura, había 129 involucradas en la violencia que se denunció, y se anuló entonces la votación emitida en cuatro de 112 municipios que tiene la Michoacán.

Este episodio no es una anécdota. Por ejemplo, en 2018, durante la elección en Puebla (zona de huachicol) personas armadas robaron urnas en “algunas” casillas, pero seguimos sin saber por orden de quién. Ahora nuevamente se repite la historia en territorios donde la presencia del narco es innegable, como Michoacán, y sabemos de los hechos pero no de quién los pactó.

¿Dónde están las fiscalías? ¿Quién pacta esa violencia? No basta con inferencias, sería saludable que las fiscalías no fueran solo adornos en este tipo de casos graves, donde la violencia en casillas específicas sugiere pactos de actores políticos con signos partidistas diversos y criminales.

Es evidente que ni el INE ni el tribunal electoral tienen capacidades de investigación policiaca para deslindar responsabilidades sobre grupos armados que contaminan comicios.

Alguien ordena esos operativos de intimidación, sea para enlodar a un candidato o para beneficiarlo y no basta con anular suma de votos de unos cuantos municipios y ya. Una auténtica visión de cero tolerancia a la participación del crimen en elecciones implicaría que si el tribunal ya aceptó indicios de personas armadas en casillas – aunque se haya dado en una proporción pequeña-, la fiscalía electoral y la general deberían pronunciarse sobre esa proporción para desenmascarar a quienes ordenaron los actos y no quedarnos en la normalización de la violencia o el control de daños que salomónicamente anula en papel, sin responsables identificados.

Durante la sesión de las y los magistrados hubo discursos elocuentes, hasta se pidió que el Instituto Nacional electoral (INE) haga protocolos para enfrentar este fenómeno que claramente trasciende a autoridades administrativas. Se invocó eso de que tenemos el elefante en la sala, que la violencia y el crimen ronda las elecciones. En realidad lleva un buen rato en la cocina y no solo la michoacana. Todo mundo sabe que hay narcogobiernos, pactos inconfesables entre política y crimen y hasta narcocorridos que cantan gobernadores muy emocionados con la cultura del crimen que optaron abrazar.

La política y los pactos con criminales no son un elefante municipal, están en todos los niveles y la clase política lo sabe porque no es ajena, es parte. Ojalá que alguna vez las fiscalías nos digan quién ordena estos operativos. Es poco probable que ocurra, pero sería mejor que discursos huecos de coyuntura.