Lo que la austeridad se llevó
La caja china

Reportero de investigación del Semanario ZETA y director del del portal Linotipia.com.mx. Miembro del Border Hub y el International Center For Journalists. Twitter: @AVillatv

Lo que la austeridad se llevó
Foto: Pixabay

La famosa austeridad republicana del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha cobrado factura a los sectores más vulnerables, cómo es el caso del medio ambiente

El presidente nos ha dejado muy claro que no le importa el cambio climático, la protección y preservación de la naturaleza. Lo podemos ver reflejado en el presupuesto aprobado para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en 2014 se le destinaron  66 mil millones de pesos; para 2020 solo se le entregaron 29 mil millones.

De los 29 mil millones, 793 millones de pesos fueron destinados para Profepa, mientras que para el 2021 se recortó aún más los recursos para la procuraduría con 690 millones. Dejando sin recursos para operar a las oficinas de la dependencia en Tijuana y Ensenada, Baja California. 

La decisión del cierre de sus oficinas fue publicada el miércoles 29 de septiembre, en el Diario Oficial de la Federación, generando afectaciones a más de 50 mil kilómetros cuadrados, que incluye ocho áreas naturales protegidas donde habitan especies animales únicas como la vaquita marina, la ballena gris, el cóndor americano y el borrego cimarrón.

En días pasados, por ejemplo, tres medios de comunicación dieron a conocer información relevante sobre el cierre de las oficinas de la Profepa en Baja California. El primero en ponerlo en el ruedo fue el reportero Juan Pablo Guerra Cuellar de La Jornada BC. 

Publicó una serie de notas y entrevistas cómo seguimiento a la denuncia de activistas y organismos defensores del medio ambiente, revelando una falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno

Un grave desconocimiento del contexto ambiental e incapacidad de los funcionarios encargados de las dependencias públicas que atienden el tema ecológico y de preservación natural. 

Otro medio que se sumó fue el Semanario Zeta, un reportaje realizado por la periodista Lorena Lamas Contreras expone la vulnerabilidad en la que se quedan las reservas ecológicas por retirar las oficinas que se encontraban en el puerto de Ensenada.  

“Hasta antes de su cierre, la Profepa tenía cuatro personas para atender la cuestión ambiental y vigilar actividades ilícitas en ocho Áreas Naturales Protegidas: Islas del Pacífico de la Península de Baja California; Parque Constitución de 1857; Sierra de San Pedro Mártir; Área del Valle de los Cirios; Islas del Golfo de California; Bahía de los Ángeles; Canales de Ballenas y de Salsipuedes; así como Zona Marina Archipiélago de San Lorenzo e Isla Guadalupe”, informó.

El tercer medio en publicar algo al respecto fue LatinUs, el reportero Claudio Ochoa Huerta retomó parte de ambos textos y agregó que al menos una decena de organizaciones, colegios, científicos y empresas navieras hicieron llegar múltiples oficios a la Profepa para que se reconsiderara la decisión de cerrar sus oficinas en BC. 

Desde su llegada al poder, Jaime Bonilla ha señalado constantemente una supuesta corrupción dentro de las oficinas de esta secretaría en el estado, sumándose a los señalamientos –sin pruebas– el delegado único federal Alejandro Ruiz Uribe. 

El tema se tornó político cuando la Profepa canceló una obra de modificación al malecón de Ensenada propuesta por el alcalde morenista, Armando Ayala Robles, exempleado del medio de comunicación de Jaime Bonilla. 

Se sabe que no es el único interés detrás de los ataques de los gobiernos locales contra la dependencia, también hay empresarios desarrolladores cercanos al gobernador muy interesados en áreas protegidas; además de miembros de su gabinete con ambiciones de explotar los recursos naturales. 

Por su parte, la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda no se ha pronunciado al respecto; es más, a estas alturas se desconoce quién encabezará la secretaría encargada del medio ambiente del estado. 

Los tres niveles dejan a su suerte la riqueza natural de la entidad. Áreas naturales totalmente desprotegidas, las playas del estado quedarán a merced de la privatización, la flora y fauna endémicas al borde de la extinción y las concesiones de explotación natural sin supervisión, todo por la bendita austeridad.