Los ‘autos chocolate’

El pasado 18 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las dependencias que se indican, en relación a la importación definitiva de vehículos usados. En dicho documento se señala que el gobierno federal persigue el ordenamiento del mercado de vehículos usados de procedencia extranjera ingresados al país, en aras de otorgar certeza jurídica a los importadores o propietarios de dichos vehículos, así como combatir la delincuencia y proteger a la ciudadanía ante el uso de vehículos no registrados e introducidos sin acreditar su legal estancia.

Por otra parte, se tiene que a través de diversos decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, por ejemplo, el 24 de diciembre de 2008, el 1º de julio de 2011 y el 24 de diciembre de 2020, el gobierno federal ha sido enfático en hacer un diagnóstico que ha denotado, bajo su criterio, la importancia de llevar a cabo las acciones necesarias para lograr el ordenamiento del mercado de vehículos usados. Dichos decretos también coinciden en que con estas medidas se puede combatir a la delincuencia y contar con que estos autos se registren de acuerdo con lo establecido en la Ley de Registro Público Vehicular.

En el más reciente acuerdo se señala, adicionalmente, que esta regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que no hayan tramitado su importación definitiva se llevaría a cabo en los estados de la región fronteriza norte y en el estado de Baja California Sur.

De acuerdo con cifras del Inegi, hasta septiembre del presente año existen más de 34 millones de automóviles de motor registrados en circulación en México. Asimismo, cifras expresadas por el propio gobierno federal hacen saber que solamente en Baja California existen alrededor de 500 mil ‘autos chocolate‘. Lo anterior resulta revelador, pues al no ser este tipo de autos susceptibles de ser registrados en la actualidad, el número de vehículos usados introducidos sin acreditar su legal estancia es una incógnita, aunque se considera que puede ser un número muy importante.

Un fenómeno tan complejo como el que se plantea ha encontrado, entre otras razones, el diseño histórico de políticas públicas contradictorias, pues por una parte se ha buscado incentivar la compra de vehículos nuevos que cumplan con las características mínimas de seguridad o eficiencia establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas y, por otra, se ha buscado reiteradamente brindar las “facilidades administrativas” para acreditar una legal estancia de vehículos no registrados y que en razón de su antigüedad y condiciones de ingreso, muy a menudo no cumplen con las características mínimas de seguridad o eficiencia establecidas en las referidas normas que son producto del consenso entre el sector público y el sector privado.

Actualmente se vive una época de crisis de la industria automotriz en la que el desabasto de algunos insumos y la escalada de precios de diversas materias primas han generado precisamente eso: un desabasto de vehículos nuevos y un incremento sustantivo en los precios de los mismos.

Por lo anterior, regularizar autos que por las condiciones en que fueron adquiridos son comprados a precios muy bajos, se convierte en un incentivo para que una política pública que sin duda nace con buenos propósitos se refleje en una saturación de un mercado en crisis, lo que trae consecuencias en toda la cadena de valor del mismo y en los empleos directos e indirectos que genera en México.

Finalmente, se está ante la presencia de un fenómeno real y que se tiene que resolver, por lo que buscar una especie de borrón y cuenta nueva también se puede convertir en otro problema. Por ello, sería deseable que se estableciera qué sucederá si el fenómeno se vuelve a repetir, ¿se acudiría a la regularización de más autos?