Cofepris: ¿es la centralización un medio de combate eficaz contra la corrupción?

La Secretaría de Salud del gobierno federal se encarga de la regulación, control y fomento sanitarios de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Salud (LGS), tareas que lleva a cabo a través del órgano desconcentrado denominado Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), institución creada en julio de 2001 que cuenta con autonomía administrativa, técnica y operativa 

Luego de que a finales de los años 90 se comenzó con el proceso de descentralización de los servicios de salud (otorgando cada vez más facultades a las autoridades de las entidades federativas y generando cambios estructurales en diversas instituciones), la experiencia muestra la serie de vaivenes a la que se ha sometido a dicho proceso, teniendo que por momentos se ha fortalecido más a las entidades federativas y, por otros, se han retornado al ámbito competencial del gobierno federal importantes facultades.

Respecto a la regulación, control y fomento sanitarios, aunque se ha pasado por un proceso menos vigoroso, se ha buscado (sin llevar a cabo modificaciones estructurales mayores) delegar competencias originariamente propias de la Cofepris a algunas instituciones encargadas de la protección contra riesgos sanitarios en los estados. Ejemplo de ello son los “acuerdos de coordinación para ejercicio de facultades en materia de control y fomento sanitarios” celebrados por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud y los Ejecutivos de 19 estados de la República entre diciembre de 2015 y diciembre de 2018.

Desafortundamente, a pesar que la Cofepris es considerada actualmente una “autoridad reguladora de referencia regional” por la Organización Mundial de la Salud, en los últimos meses se ha visto envuelta en distintas polémicas derivadas de presuntos actos de corrupción que se han presentado en su interior y cuya sujeción a evaluaciones periódicas puede poner en riesgo la categoría que ha alcanzado y, sobre todo, puede poner en entredicho la efectiva protección de la salud de la población.

Como resultado de este tipo de controversias, el pasado 8 de octubre la propia Cofepris dio a conocer por medio del comunicado No. 33/2021 que reasumiría las facultades de vigilancia y verificación en establecimientos de salud en el estado de Quintana Roo, facultades que hasta el momento ejercía aquella entidad federativa dentro del marco del acuerdo firmado de 3 de junio de 2016.

En dicho acuerdo se establece que el ejercicio de facultades por parte del Ejecutivo estatal estaría sujeto a una evaluación y seguimiento periódicos, previéndose también la posibilidad de la terminación anticipada del mismo a solicitud de cualquiera de las partes.

Por tanto, se está una vez más ante una decisión que si bien puede encontrar razones legítimas para ser tomada, se traduce en un paliativo que no da una solución definitiva al presunto problema que la originó. Buscar una vez más centralizar y no dar vista a la autoridad fiscalizadora correspondiente para que ésta determinara, primero si los actos reportados actualizaban los supuestos contemplados en la Ley de Responsabilidades aplicable, y de ser el caso, sancionara conforme a derecho.

Por lo anterior, si lo que se va a buscar en adelante es un ejercicio eficaz, eficiente y transparente de las facultades otorgadas a las personas servidoras públicas, entonces se debe dar prioridad a la profesionalización de las mismas y al combate a la impunidad en caso de ser necesario. El fortalecimiento de la especialización y de los mecanismos de control al interior de las instituciones públicas, en un tiempo en que la sociedad requiere que se le satisfagan un mayor número de necesidades que además son cada vez más complejas, se vuelve imprescindible.