¿Cómo está regulado el cabildeo en México?

Si la experiencia comparada muestra que el cabildeo se convierte en un problema de regulación cuando su práctica destapa escándalos reales o supuestos de corrupción, extraña saber por qué en México no se ha hecho gran cosa si se han ventilado suficientes problemas de presunto conflicto de interés que hubieran llevado a una norma estricta, según estándares internacionales.

Por ejemplo, una de las grandes figuras opositoras, Diego Fernández de Cevallos, litigaba contra el Estado desde su despacho, aún cuando era legislador. También en 2020, la senadora Vanessa Rubio solicitó licencia del Senado para dedicarse a la consultoría en Reino Unido. Ninguna de esas actividades puede ser calificada de ilegal, pero plantean un problema de estándares éticos tal, que en otras democracias se llevó a regular sobre declaraciones de interés y políticas de puerta giratoria respectivamente.

Otro ejemplo: en 2018, el tercer videoescándalo protagonizado por la diputada local de Veracruz, Eva Cadena, la mostraba solicitando dinero a cambio de reformar una iniciativa. Pudo haber sido la toma real o editada, pero en varios países ha basado una nota supuesta de corrupción para generar un escándalo. Sumemos a eso rumores en legislaturas anteriores de diputados ofreciendo hacer negocios con información reservada, o senadores que contratan consultorías a despachos de compañeros, y se puede descubrir que la actividad del cabildeo es muy opaca.

¿Cómo está regulado el cabildeo en México? Tomemos las cuatro prácticas fundamentales y la optativa, y veamos cómo están en México: reglas de financiamiento de campañas, ley de cabildeo, tipificación de delitos derivados de actos de corrupción, estándares éticos para personas legisladoras y código de conducta para profesionales de cabildeo.

En primer lugar, si bien las reglas de financiamiento de campaña solo permiten un 10% de recursos de origen privado, la fiscalización se centra en gastos en lugar de orígenes de fondos, lo cual lleva a que todavía haya gastos no acreditables por no estar debidamente bancarizados.

Segunda práctica: tanto la Cámara de Diputados como el Senado tienen reglas en materia de registro de profesionales de cabildeo, pero sus reglas relativas a registrar contacto con intereses externos no son vinculantes. Tampoco hay sanciones más allá de retirar la acreditación a quien realiza cabildeo.

En tercer lugar, sí hay una tipificación clara de delitos derivados de actos de corrupción en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal, pero aplican para servidores públicos y particulares, no para personas legisladoras, lo cual nos lleva a la cuarta práctica: solo en la Cámara de Diputados existe un Código de Ética, pero pareciera que se diseñó para ser inaplicable. Las razones: se confunden estándares éticos con facultades disciplinarias de la Mesa Directiva, y la mayoría los estándares de conducta que se definen son tan subjetivos y valorativos, que no son regulables. El Senado carece de normas en esta materia.

Finalmente, la Asociación Mexicana de Profesionales de Cabildeo (Procab) tiene un código de ética. Cierto, como sucede en otros países no es vinculante, pero ayuda a definir estándares de conducta frente a profesionales y despachos no agremiados: no es determinante, pero ayuda.

Volvamos al problema descrito al inicio de este artículo: ¿por qué no se ha regulado el cabildeo después de tanto escándalo? En mi opinión la respuesta es: para que un escándalo lleve a una norma, es necesario que haya personas que rindan cuentas. Esto no había sucedido sino hasta 2018, al no haber reelección inmediata. Es decir, a nadie le pegaba un problema, si se iba a otro cargo o, si le resultaba útil al partido una persona, la podían “guardar” en la burocracia del instituto político mientras se olvidaba el problema.

En cambio, la posibilidad de continuidad de manera inmediata hace que el problema sea recordado en la siguiente elección – si hay grupos organizados lo suficientemente inteligentes para traerlo a la mente. La reelección inmediata puede ayudar a que el próximo escándalo pueda llevar, ahora sí, a mejores reglas, si sabemos tejer una estrategia adecuada.