¿Por qué los políticos de Texas le temen a la reforma eléctrica?

Aunque la reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá no está relacionada con la reforma eléctrica que se discute en nuestro país, algunos políticos texanos han tratado de presionar al mandatario estadounidense, Joe Biden, para que tome una postura “dura” al respecto.

El caso más reciente es el del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien mandó una carta a Biden donde expresa sus “preocupaciones” acerca de la política energética del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la cual busca garantizar, entre otras cosas, la soberanía y seguridad energéticas en favor del pueblo que le votó.

Hace unos días, algunos legisladores –también texanos– enviaron una misiva similar a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, pidiéndole interceder por las empresas de su país frente a la postura del gobierno mexicano, o por lo menos así lo tradujo la prensa hegemónica en este lado de la frontera, pues pareciera escarbar hasta bajo las piedras en busca de cualquier fraseo para atacar la iniciativa.

Pero ¿qué es lo que asusta en realidad a esos políticos texanos? ¿Hablan por sus votantes o por quienes financian sus campañas? 

Recordemos que el sistema político de Estados Unidos está fuertemente influenciado por el dinero y las donaciones empresariales en las campañas, como ha criticado en múltiples ocasiones la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. 

Además, tras revisar los registros públicos de donatarios, puede confirmarse que la industria que más ha donado a las campañas del hoy gobernador texano es justamente la industria de gas y petróleo. Solo en su última contienda electoral, Greg Abbott recibió 24 millones de dólares de empresarios de dicho sector.

En este sentido, es normal que reaccione así no solo ante la reforma eléctrica, sino ante la política energética, a nivel general, del presidente López Obrador, ya que esta plantea una ruta para alcanzar la autosuficiencia a través de acciones clave como la recuperación de las refinerías abandonadas durante el periodo neoliberal, la compra en su totalidad de una refinería en la que Pemex ya tenía inversiones, que es Deer Park –ubicada justo en Texas–, y la construcción de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco. 

De esta manera, se pretende que el petróleo extraído de los campos y yacimientos mexicanos se refine dentro del país –o en Deer Park, que ya es nuestra– y con eso poder surtir el mercado interno de México o hasta poder exportar. Esa es la preocupación de los empresarios texanos que, en voz de sus representantes, tratan de cuidar sus intereses y supremacía sobre la venta de hidrocarburos.

Cabe mencionar que actualmente la mayoría de combustibles ya refinados –diésel, gas licuado de petróleo, gas natural y gasolina– que se consumen en nuestro país provienen de un solo lugar: Texas. Ese es el negocio millonario que no quieren perder si México consigue autoabastecerse.

Afortunadamente, López Obrador asistió a Washington con la postura de un jefe de Estado que cuenta con la autoridad política y moral –brindada por más del 53% de los votos y una rotunda aprobación actual– para defender los intereses nacionales de su país y su pueblo, por encima de asuntos como el financiamiento de las campañas de políticos texanos.