La iniciativa de reforma energética: semejanzas con la expropiación bancaria

El 30 de septiembre pasado el presidente López Obrador presentó una iniciativa de reforma constitucional que señala tener por objetivo rescatar al sector energético de los intereses del sector privado. La reforma amenaza seriamente la viabilidad de los planes de negocio y podría configurar la figura de expropiación indirecta, en los términos del TMEC. Las consecuencias dibujarían un clima muy complejo para México, quizá equivalente al que ya se vivió cuando el Gobierno federal decretó en 1982 la expropiación bancaria.

La iniciativa de reforma presidencial no solo busca constitucionalizar los cambios administrativos y legales instrumentados los últimos tres años que han sido suspendidos por tribunales, sino que insiste en consagrar un régimen de excepción a todo el sector eléctrico y una parte del minero (cuyos límites no quedan claros) bajo la figura de “área estratégica”, exenta de ser considerada monopolio pero a cargo de todas las actividades de toda la cadena de valor del sector eléctrico^[1]. 

La afectación a los inversionistas privados del sector eléctrico, tanto por las intenciones de reducir su participación en el sector por la vía administrativa, como por las intenciones del constituyente de llevar los modelos de negocio a la inviabilidad, afectarían a la inversión privada –principalmente aquella de tecnologías de energías renovables financiada con capital extranjero de empresas trasnacionales – al punto de considerar seriamente en sus escenarios el riesgo de la expropiación indirecta como el más probable de aprobarse esta reforma constitucional. 

Expropiaciones indirectas a la luz de los tratados internacionales

La desaparición que propone el Ejecutivo Federal a la política energética establecida en el 2013 provocaría un gran daño a la industria y una larga fila de empresas afectadas. Hasta agosto 2021 se habían promovido 120 juicios por parte de particulares^[2] contra las reformas administrativas y legales de la administración actual. 

Frente a la reforma constitucional, los recursos de defensa hasta ahora promovidos cambiarían en su dimensión y espectro de oportunidad debido a la imposibilidad legal de impugnar una reforma constitucional. No obstante, de acuerdo con el ex-ministro José Ramón Cossío^[3], en sus efectos, sí se podrían admitir amparos por la transgresión a un cúmulo de derechos que esta reforma podría detonar, principalmente dada la instrucción del segundo transitorio inciso a) de cancelar los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, así como las solicitudes pendientes de resolución. Esta cancelación de contratos implica suprimir derechos y obligaciones previamente adquiridos.

En cuanto a las inversiones con capital extranjero, la reforma incumpliría abiertamente los tratados internacionales de orden comercial que firmó México con numerosos países además del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como la Asociación Transpacífico (TPP), los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs), el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), y todas las cláusulas de protección de inversiones de tratados comerciales firmados por México. 

Sobre violaciones al T-MEC, es importante mencionar que el sector eléctrico mexicano sí está incluido en el Acuerdo, contrario a lo que señala el gobierno federal cuando se les cuestiona a diversas autoridades al respecto, y éstas sostienen -erróneamente- que la electricidad entra en un ámbito de excepción similar al que se le dio al petróleo.^[4]  

De aprobarse la reforma, tendría efectos adversos sobre las inversiones operativas y comprometidas en los mercados de generación, suministro y comercialización. Esta situación podría traer represalias comerciales por un monto equivalente al valor perdido por los demandantes. De acuerdo con la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN), 60 mil millones de dólares en capacidad instalada de generación privada están en riesgo de confiscación y expropiación indirecta^[5].

La expropiación bancaria: un déjà vu

En 1982 México no tenía con qué pagar la deuda. El gobierno acusó a los banqueros de ser los responsables, pero esto no fue más que un pretexto porque la verdadera causa de la expropiación no estaba relacionada con los problemas económicos, sino con un apremio de orden político. No se pueden separar esas dos razones porque se entremezclan. La expropiación de la banca tuvo como uno de sus principales propósitos dar a López Portillo un lugar en la historia del país. El presidente ya sabía que no podía pagar la deuda e inventó una salida: la estatización de la banca. ¿Cuál fue la excusa que encontró?, “Nos han saqueado —dijo—, ellos han promovido la salida de divisas del país”.^[6]

Es ya un consenso entre los historiadores que el presidente López Portillo estaba pensando en la manera de trascender y en cómo lo juzgaría la historia, así tomó como excusa aspectos de la crisis económica que no eran un problema causado por la banca; fue el manejo de la economía del país lo que creó la crisis en esos momentos y la insolvencia de la banca fue sólo uno de sus saldos.^[7]

La expropiación bancaria que tuvo el propósito de rescatar con una medida espectacular la imagen política y el poder del presidente, tuvo costos muy altos y trascendentes para el país. Uno de los principales daños que tomó décadas reparar, fue la sensación de desconfianza y alarma que inhibió la inversión y el crecimiento del país,^[8]produjo la expatriación del ahorro mexicano con graves consecuencias para el desarrollo económico; y un gran rezago tecnológico. 

En esa época, la tendencia en el mundo era la incorporación de nuevas tecnologías al sistema financiero y la oferta innovadora de servicios y productos, mismos que en México no se ofrecieron por falta de inversión. Los errores de la expropiación hicieron que nuestro país estuviera privado, durante 20 años, del apoyo que el sistema bancario debe aportar al desarrollo económico. 

Las coincidencias en las motivaciones que originaron la expropiación bancaria y la reforma energética son suficientes para que a días de su discusión en el Congreso, los legisladores responsables de votar asuman su papel histórico. La decisión debe concentrarse en garantizar los derechos ciudadanos, siendo el derecho a la propiedad la piedra fundamental para que la economía crezca y la sociedad se desarrolle. 

^[1] JDSUPRA. Iniciativa de Reforma Constitucional para el Sector Energético. Octubre, 2021. Disponible en:  https://www.jdsupra.com/legalnews/iniciativa-de-reforma-constitucional-9814944/

^[2] Loredo Daniela. Arbitrajes por cambio de reglas al sector eléctrico verán fin hasta 2024. México. Agosto, 2021. http://energy21.com.mx/politica-y-normatividad/2021/08/04/arbitrajes-por-cambio-de-reglas-al-sector-electrico-veran-fin

^[3] Inteli-Iuris. Primeras aproximaciones a la propuesta de reforma eléctrica. 13 de octubre de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=cex6uctGL60&t=1827s

^[4] T-MEC. Capítulo 8. Reconocimiento del Dominio Directo y la Propiedad Inalienable e

Imprescriptible de los Estados Unidos Mexicanos de los Hidrocarburos. Disponible https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465790/08ESPReconocimientodelapropiedaddirectainalineableeimprescriptible.pdf

^[5] CONCAMIN. Reforma eléctrica le costaría al gobierno 60 mmdd por indemnizaciones. México 2021. Consultado: 14/X/2021 https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/10/11/reforma-electrica-le-costaria-al-gobierno-60-mmdd-por-indemnizaciones-343338.html

^[6]LEGORRETA, Agustín, Nacionalización bancaria, Centro Espynosa Iglesias, 2ª edición, México, 2007, tomo II, disponible en Nacionalización-bancaria.-Tomo-II.-2a-ed.pdf (ceey.org.mx), Fecha de consulta: 30-IX-2021.

^[7] Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C.(CEEY). Nacionalización-bancaria.-Tomo-II.-2a-ed.pdf (ceey.org.mx), 2010. Fecha de consulta: 30-IX-2021.

^[8] Ídem.