Las deudas con la tecnología y la innovación a tres años del gobierno de AMLO

Al medir la innovación de un país, uno de los principales indicadores es el de las solicitudes y registro de patentes, ya que esto representa investigación, conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico generados por un país y que puede ser aprovechado para el desarrollo social y el crecimiento económico (siempre que no se caiga en abusos, como los “trolls de patentes”).

En 2020 se registraron unas 2 mil 094 solicitudes de patentes en México, lo que representó un descenso de 17.3% respecto al 2019 y la cifra más baja desde 2011, de acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Si observamos a países como Estados Unidos y Canadá, vemos un descenso anual de 3.9% y 5.3%, respectivamente. En Latinoamérica, Brasil tuvo un retroceso de 2.5%; Chile, de 11%; Colombia, de 6.5%; mientras que Argentina, en contraste, logró un avance de 52%. 

Podríamos atribuir la caída a los efectos de la pandemia por Covid-19, pero lo cierto es que este descenso es un reflejo de las deudas que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene con el desarrollo tecnológico y la innovación. A la mitad del sexenio de la llamada Cuarta Transformación podemos advertir que la falta de inversión en ciencia y tecnología, de liderazgos capacitados y de políticas públicas claras han bloqueado el impulso del país hacia una verdadera transformación tecnológica que pueda eliminar brechas y reducir desigualdades.

Primero, lo evidente: la inversión. Durante los primeros tres años del gobierno actual, los montos para programas y actividades orientadas al desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas, de innovación e infraestructura en el sector han ido en declive, al pasar de 69.9 millones de pesos en 2018 a 51.8 millones en 2021. Solo hasta el próximo año, 2022, se registrará un aumento de 5.19% anual con un monto de 54.5 millones de pesos, de acuerdo con un análisis realizado por Fundar.

Para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la cifra de 2022 será de 29 mil 564 millones de pesos, un incremento de 51% respecto al 2021 pero aún inferior a los 32 mil 147 millones de 2018, mientras que para los centros de investigación y docencia adscritos al Conacyt se destinarán 177 millones de pesos en 2022, cifra menor a los 6 mil 843 millones de 2018.

Un último dato sobre la inversión. Los presupuestos asignados para programas presupuestarios que podrían contribuir a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la competitividad (no necesariamente lo hacen) tendrán un crecimiento 6.33% anual en 2022 respecto al año anterior. Esta cifra supera los 108 mil 575 millones de pesos de 2018. Esta podría ser una buena noticia pero, como advierte Fundar, “comprende una categoría lo suficientemente laxa dentro de la cual se incluyen asignaciones que no necesariamente contribuyen al desarrollo científico y tecnológico del país”.

Los montos son importantes, pero también la administración del dinero. Durante el sexenio hemos visto decisiones unilaterales que han provocado más enfado que optimismo en los centros de investigación científica y tecnológica: la eliminación de las becas para estudios en el extranjero, los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos del Conacyt y hasta la persecución judicial de la comunidad científica. Los esfuerzos por combatir la corrupción han traído más desbalances que avances. Ya es momento de darle un giro a esta tendencia.

No es desconocido que la gestión de María Elena Álvarez-Buylla al frente del Conacyt se ha puesto en duda por su actuar guiado más por la ideología que por las necesidades del desarrollo científico. Pero la ausencia de liderazgos capacitados también refleja un desdén en materia tecnológica, evidenciado aún más con la salida de Salma Jalife Villalón (y la desaparición de la subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico), y el poner la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional en manos de un operador político, Carlos Emiliano Calderón Mercado.

A propósito de la Estrategia Digital Nacional del actual gobierno, que debería ser una política pública rectora para impulsar la digitalización y la adopción de las tecnologías en favor del desarrollo social y económico, se quedó corta, sin metas claras, líneas de acción ni indicadores de avance, convirtiéndose en un documento de corte ideológico y de alabanzas a la austeridad e incluso todavía más deficiente que la estrategia antecesora de Enrique Peña Nieto.

Ni hablar de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, un proyecto de política pública que se venía gestando al final de la administración de Peña Nieto, pero que con el nuevo gobierno quedó en letra muerta a pesar de los crecientes ataques y vulneraciones informáticas al sector público (y a la población en general). Lo que hemos visto durante estos tres años son iniciativas aisladas como la Estrategia Institucional de Ciberespacio de la Secretaría de Marina (Semar), guías de seguridad informática para empresas y negocios (reediciones de documentos de administraciones anteriores) e iniciativas a nivel estatal.

La falta de una política rectora en ciberseguridad, que también garantice los derechos de la ciudadanía en la esfera digital como el de la privacidad y protección de los datos, se torna aún más necesaria con la inclusión del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) y la Cédula de Identidad con datos biométricos, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob) que representan un riesgo para la seguridad y privacidad de la ciudadanía si no se cuentan con los mecanismos y candados para el almacenamiento y acceso a los datos.

Si de algo hay objetivos cuantificables es el acceso a internet. El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2019-2024 señala que al término de la actual administración se buscará que el 77.2% de la población sea usuaria de internet. Actualmente, el 72% de las personas mayores de seis años son usuarias por lo que faltarían alrededor de 6 millones para alcanzar esta meta. Además se busca aumentar la cobertura de servicios de banda ancha al pasar al 95 % de la población e incrementar el uso del servicio de internet entre los grupos en situación de vulnerabilidad al pasar al 52.8%.

Pero las metas parecen difíciles de alcanzar con la lentitud en el desarrollo de los proyectos a los que Andrés Manuel López Obrador apuesta: CFE Telecomunicaciones e Internet para todos, que a dos años de su creación aún no cuenta con un programa de acción o plan para el despliegue de infraestructura y de servicios; así como la Red Compartida, desarrollada mediante asociación público-privada con Altán Redes que se encuentra en un proceso de concurso mercantil y que ha admitido que no cumplirá con las metas originalmente planteadas de proporcionar una cobertura móvil al 90% de la población en 2024 (replanteó el objetivo para 2028).

Las dificultades para el éxito de sus objetivos se evidenciaron una vez más cuando el presidente anunció que Estados Unidos aceptó participar en “un programa especial de cooperación tecnológica para garantizar la señal de internet en todo el territorio nacional”. 

¿Y la soberanía tecnológica que se planteó en su Estrategia Digital Nacional? Resulta una contradicción que el presidente recurra a Estados Unidos mientras que en México, proyectos de conectividad social como TIC AC, un modelo de autogestión comunitaria de servicios de telecomunicaciones, no sean contemplados ni apoyados en la estrategia del gobierno a pesar de que fueron citados en el Proyecto de Nación, la plataforma política que lo llevó a la Presidencia.  

Bajo el paraguas del combate a la corrupción, se han eliminado fondos como el Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (Prosoft) y la Innovación, así como el fideicomiso para promover el acceso al financiamiento de mipymes y emprendedores. Sí, se ha criticado que en las dos administraciones anteriores han tenido un manejo cuestionable, pero lo que se necesitaba era corregirlos y potenciarlos, no suprimirlos. Estos programas fueron víctimas de las fobias ideológicas.

No vamos a negar que ahora vemos la emergencia de unicornios tecnológicos en México. Esto ha sido por el esfuerzo de una nueva generación de emprendedores y el crecimiento orgánico de un ecosistema que se ha estado gestando durante más de una década, y no precisamente por el acompañamiento de una administración. Esto puede ser una buena noticia, pues demuestra que las bases están sentadas (repito, producto de una década de construcción). Lo que preocupa ahora es la generación de capital humano y condiciones para continuar con el crecimiento.

Esto es un esbozo de la realidad tecnológica y de innovación, a tres años de que Andrés Manuel López Obrador asumió el timón del país. La actual administración debe cuestionarse cuál será el legado que dejará en materia digital en esta llamada Cuarta Transformación y si va por el camino correcto, pero no como hasta ahora lo ha hecho, con una mirada autocomplaciente y austera, sino de forma crítica y de la mano de liderazgos especializados, con personas e instituciones expertas y neutrales. Recordemos que el acceso a internet y a las tecnologías, además de ser un derecho humano, es una oportunidad para igualar las condiciones sociales y económicas. 

Sería muy lamentable que, en tres años, los titulares señalen a la administración obradorista como un sexenio perdido para las tecnologías o, peor aún, el sexenio del retroceso.