#3AñosDeGobierno | Nueva austeridad, mismas televisoras beneficiadas
Medios Políticos

Es un periodista especializado en el análisis de medios y elecciones. Tiene posgrado en Derecho y TIC, obtuvo el premio alemán de periodismo Walter Reuter en 2007, fue conductor en IMER y durante 12 años asesor electoral en el IFE e INE, editor, articulista y comentarista invitado en diversos diarios, revistas y espacios informativos. Twitter: @lmcarriedo

#3AñosDeGobierno | Nueva austeridad, mismas televisoras beneficiadas

Desde el inicio del sexenio se puso énfasis en la necesidad de separar el poder mediático del político, acotar los millonarios recursos del Estado anunciante, el uso abusivo que se le ha dado a la publicidad oficial como instrumento de propaganda y hacer diferencia a la lógica discrecional que ha prevalecido en sexenios anteriores en el reparto de favores a grandes medios, sobre todo a televisoras, siempre que sus contenidos sean amables con el gobierno en turno. 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador colma medio periodo de gestión con claroscuros en esa compleja relación con los medios. Como opositor siempre denunció la colusión entre grandes televisoras que se alineaban a los gobiernos en turno y a cambio recibían privilegios publicitarios, dijo que iba a reducir el gasto en propaganda gubernamental y que terminaría con los privilegios publicitarios que siempre han implicado un manejo discrecional de los presupuestos que se reparten para inserciones en medios impresos, spots propagandísticos y ahora, anuncios digitales.

En el primer informe de labores del presidente se lee: El gobierno de México impulsa acciones para que las instituciones gubernamentales no sean usadas para el servicio de los intereses corporativos (empresariales y mediáticos) ni para consolidar fortunas” (p.24). Desde el primer año cumplió en esa ruta con bajar a la mitad del gasto publicitario, eso hace diferencia positiva frente a sus predecesores, pero apenas llegó el segundo año y ese paso adelante se ensombreció con otro cuestionable hacia atrás en favor de los grandes poderes mediáticos de siempre, porque en abril de 2020, un decreto presidencial cedió buena parte de tiempo gratuito del Estado en favor de empresas privadas de radio y televisión que siempre logran acomodarse en el ánimo del poder político del que no se separan. 

El 24 de abril de 2020, el presidente publicó ese polémico decreto en donde renunció a siete minutos diarios en televisoras privadas y 14 minutos en emisoras de radio. Así, de 18 minutos por señal se pasó de golpe a 11 minutos (siete minutos menos por día de un bien de la nación que se ha cedido en beneficio de empresas privadas), pero no dejó de pagar cientos de millones de pesos a Televisa y Azteca.

Al reducir esos tiempos gratuitos en cada señal de radio y televisión privada por día, se argumentó que un gobierno democrático no necesita propaganda, aunque en realidad, en 2020, acorde a la organización Artículo 19, el gobierno repartió pagos que solo para las dos principales televisoras privadas fueron, en conjunto, de 435 millones de pesos por concepto de publicidad oficial (Televisa ganó 222 millones de pesos, mientras que Azteca obtuvo 213 millones) ¿Cuál es la lógica renunciar a tiempos gratuitos del Estado en dos empresas de televisión a las que después se les sigue pagando tiempo comercial por cientos de millones? 

Es verdad que no hay comparación frente a los pagos de gobiernos anteriores (el primer año de Enrique Peña Nieto la discrecional publicidad repartió 9 mil 632 millones de pesos), pero no es poco dinero el millonario presupuesto que siguen acumulando, con la misma discrecionalidad, los grandes consorcios mediáticos de siempre.

En este informe, nuevamente aparece un apartado que alude a separar el poder económico del poder político, pero ahora solo es solo un párrafo (en el del primer año el apartado tenía nueve) y ya no se lee alusión alguna a que ese poder que hay que separar es “mediático” como sí ocurrió hace dos años. Se lee ahora solo que debe haber: “sana distancia entre los intereses políticos y los económicos” (p.27). Pues sí.

Este mes de diciembre sabremos el destino de la llamada Ley Chayote, si permite pagos discrecionales a medios o los regula con una lógica que frene la lógica discrecional que sigue vigente, y pues a donde se cargue el péndulo apuntará la definición de fondo que, en este asunto, tendrá el sexenio que llega a mitad del río. Una oportunidad de cambio que lleva tres años sin resolverse. Veremos que palabras se agregan o desaparecen en los tres informes que faltan.