Auditar antes que regular los precios de Uber y Didi
Entre nodos

Periodista especializado en Tecnología con especial interés en la privacidad, el espionaje, la ciberseguridad y los derechos en la esfera digital. Observador de realidades, a veces provocador y defensor de la igualdad, la inclusión y el libre albedrío.
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Auditar antes que regular los precios de Uber y Didi
Foto: Uber

Durante diciembre, quienes usamos las aplicaciones de transporte privado como Uber o Didi vemos un aumento, incluso desmedido, en las tarifas de los viajes. Y cada año, Uber ofrece la misma explicación: los precios se elevan para estimular a que más conductores salgan a satisfacer el crecimiento de la demanda de viajes. Prácticamente las 24 horas hay tarifa dinámica.

“La tarifa dinámica de Uber es un multiplicador de la tarifa estándar. Este se activa cada vez que la demanda de socios conductores supera a la oferta de los mismos. Esto funciona como un incentivo para que más socios conductores se acerquen a los lugares con mayor demanda. De este modo, más usuarios pueden viajar de forma cómoda y eficiente”, dice en un blog publicado en 2018. La situación no es nueva.

Pero la semana pasada, las redes sociales se inundaron de quejas por tarifas que caen en lo ridículo. Yo, por ejemplo, coticé un viaje al aeropuerto entre las 9 y las 10 de la mañana del viernes. Cuando normalmente ese viaje no debería salir en más de 150 pesos, ahora me iba a salir en más de 400 pesos, casi el triple. Y aún más ridículo: para un viaje donde puse el mismo punto de partida y de llegada, el precio era mayor a los 100 pesos. Absurdo.

El mar de quejas en las redes sociales obligó a que Uber emitiera un comunicado donde explica, una vez más, el funcionamiento de su tarifa dinámica. Según Uber, en lo que va de diciembre de este año, las solicitudes de viaje han aumentado un 30% en comparación con el año previo.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que los precios aumentan de manera exorbitante. En abril de 2016, una declaratoria de contingencia ambiental orilló a que muchas personas usaran las aplicaciones de transporte privado en lugar de su vehículo propio. Según Uber, esto provocó que las tarifas aumentaran hasta nueve veces, generando una ola de quejas en redes sociales y medios de comunicación. En ese entonces, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dijo imposibilitada de actuar ante posibles abusos en los cobros derivados de las tarifas dinámicas.

A diferencia de hace cinco años, ahora las repercusiones se resienten aún más, en una época donde los bolsillos de la ciudadanía están desgastados por el difícil entorno económico. Tampoco podemos negar que las personas usuarias de las aplicaciones de transporte privado nos sentimos un tanto defraudadas luego de haberlas apoyado masivamente durante su lucha contra los taxistas.

La razón: estas apps entraron al mercado y nos sedujeron con un mejor servicio, más seguro, más cómodo y con conductores amables. Después de que Uber, Didi y Cabify lograron su cometido de operar en la Ciudad bajo el amparo de la legalidad, su servicio se volvió deficiente, ineficiente e inseguro, con cada vez menos unidades disponibles, más incidentes de seguridad y más cancelaciones de los servicios solicitados (igual que los taxistas cuando dicen: “uy, joven, no voy para allá”).

Ante los incrementos desmedidos registrados este diciembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, instruyó al titular de la Secretaría de Movilidad a revisar la regulación de los precios de las apps de transporte privado, según informó en rueda de prensa, aunque no existe ninguna reglamentación al respecto.

Las propuestas de regulación a las tarifas no son nuevas. En 2020, la diputada Mónica Bautista Rodríguez propuso una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor donde planteó hacer responsables a las aplicaciones cuando las personas usuarias sientan vulnerado su derecho a la información sobre los términos, condiciones, costos, cargos adicionales, o medios de pago, así como la existencia de cobros indebidos.

“La creciente afluencia de empresas de este índole hacen que de forma paulatina las tasas y bases o estándar de cobro electrónico aumentan sin ninguna garantía o certidumbre para los usuarios”, justifica la propuesta que no se aprobó.

Sin embargo, someter a una regulación de precios sin considerar el funcionamiento del algoritmo que utilizan estas empresas sería establecer normatividad a ciegas. Lo primero que se debería hacer es transparentar los algoritmos de las empresas como Uber, Didi o Cabify para que personas expertas los verifiquen y auditen constantemente para generar la certeza de que no existe una manipulación en la tecnología utilizada para establecer los precios en temporadas de alta demanda.

Pongamos un símil: los taxis deben verificar periódicamente sus taxímetros para dar certeza en los precios. En el caso de las aplicaciones de transporte privado, ¿quién garantiza que Uber está cobrando tarifas ajustadas al crecimiento de la demanda y sin abusos? Solo nos queda confiar en la justificación de las aplicaciones, pero las personas usuarias ya no confían tanto por lo que podrían empezar por transparentar el algoritmo de las tarifas.

Así se podría implementar una verificación y auditoría, aunque supondría nuevos desafíos para las autoridades. Por un lado, requieren obtener las herramientas técnicas y el personal calificado para revisar los cálculos matemáticos de las apps de transporte privado; también es necesario un cambio normativo para dar más dientes a la Profeco a fin que le permitan actuar eficazmente cuando los usuarios sientan vulnerados sus derechos; y será necesario fortalecer las capacidades de investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica para garantizar que no exista colusión entre las apps.

A partir del conocimiento generado por la revisión de los algoritmos y los mercados digitales se podrá determinar si existen irregularidades en la forma que se determinan los precios, si se requiere intervenir en este libre mercado y diseñar, en caso de ser necesario, una regulación donde participen todas las partes interesadas y no de forma unilateral.

El desarrollo de ciudades cada vez más digitalizadas, como la Ciudad de México, también merece marcos normativos de vanguardia. Y esto, no perdamos de vista, requiere la voluntad, la cooperación y el diálogo entre empresas, ciudadanía y gobiernos.