La importancia de la independencia del Poder Judicial en nuestra democracia
Intringulis Legislativo

Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Socia fundadora de InteligenciaMás, firma especializada en asuntos gubernamentales y análisis del entorno político nacional. Desempeñó cargos de alto nivel en la SHCP encabezando los equipos de negociación en el Congreso, asesora legal en la Comisión de Hacienda de Diputados y abogada especialista en amparo en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Twitter: @jimena_ortiz

La importancia de la independencia del Poder Judicial en nuestra democracia
Foto: SUCCO/Pixabay

Es importante tener presente estas reflexiones en un año que inicia con diversos temas pendientes de resolución por el Poder Judicial Federal, como la controvertida Ley de la Guardia Nacional –por las atribuciones otorgadas a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública–, los amparos promovidos en contra de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, a la Ley de Hidrocarburos y al Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, las acciones judiciales emprendidas en contra del decreto del 22 de noviembre del año pasado por el cual el Ejecutivo federal se exime de la necesidad de obtener los permisos necesarios de licencias o autorizaciones para realizar cualquier obra pública y declararla de seguridad nacional y, finalmente, la reciente impugnación de la Alianza Va por México al Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, solo por mencionar algunos.

Importancia de la independencia judicial

La independencia es una de las notas distintivas de la jurisdicción como función estatal autónoma, que consiste en la plena soberanía de los jueces y magistrados, al ejercer su función de tutela y realización del derecho objetivo, sin subordinación ni sumisión a otra cosa que la ley y el derecho. Significa que cada juez y cada sala de justicia a la hora de decidir no pueda recibir ni esté sujeto(a) a instrucciones de terceros, sean particulares, órganos públicos u otros órganos jurisdiccionales. 

La ley opera así como garantía de independencia para los jueces, pero también como garantía para la sociedad frente a los jueces, que en sus decisiones están sujetos al ordenamiento jurídico, lo que garantiza la seguridad jurídica y evita la actuación de los tribunales de justicia ultra vires, más allá del poder que le otorga la ley. 

En resumidas cuentas, la ley, ante el juez, opera a la vez como garantía frente a intromisiones de terceros y como límite frente a sus propios excesos, y sus decisiones deben ser respetadas y solo pueden ser modificadas por él mismo o por otros órganos jurisdiccionales a través de los recursos legalmente establecidos.

El principio de un Estado social y democrático de derecho supone como garantía la separación de los poderes del Estado y el autogobierno del Poder judicial. Los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino cuando concurran las causas y con las garantías previstas en la ley. Asimismo, y en garantía de la independencia judicial, los jueces no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos, regulándose su régimen de incompatibilidades. Los miembros del Poder judicial son inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 

Es una cualidad y garantía de la imparcialidad que, en el ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces gocen de absoluta soberanía y falta de dependencia, no ya respecto de los sujetos interesados en los procesos, sino del poder ejecutivo, del poder legislativo, de los órganos jurisdiccionales de superior categoría, de los órganos de gobierno administrativo de los tribunales y de cualesquiera otras personas físicas y jurídicas.

¿Politización de la justicia o judicialización de la política?

El énfasis puesto en la estricta independencia y autonomía del sistema judicial, como control y contrapeso de los poderes emanados de la representación, plantea un cambio en los equilibrios internos en el Estado. Este cambio tiende a acentuar la conservación del statu quo, por las atribuciones reactivas que otorga al Poder judicial en el control y censura constitucional de los actos legislativos. Conducidos de manera rígida, esos cambios pueden llevar a judicializar la vida política, desde el momento en que las atribuciones se extienden a un poder proactivo, a través de las sentencias, invadiendo, en ese caso, más que evidentes competencias legislativas. 

Como lo señala el profesor Terri Peretti, de la Universidad de Santa Clara, resulta casi obvio decir que “en la realidad la independencia judicial siempre es limitada, que está condicionada políticamente, que empíricamente no se ha demostrado que permita garantizar los objetivos a los que se asocia, y que en las altas cortes la independencia de que gozan los jueces es usada para impulsar sus preferencias ideológicas”.

Naturalmente, los condicionamientos políticos a los que se encuentra sujeto el Poder judicial no se manifiestan de la misma forma en los distintos regímenes políticos ni en los diferentes sistemas de partidos. En la especie, la politización del sistema judicial y de su judicatura, aparece con mayor evidencia “(…) cuando el poder político está controlado por un solo partido o movimiento compacto y unido durante un período prolongado de tiempo, se aumentan la capacidad y los incentivos del ejecutivo y el legislativo para introducir reformas que conlleven a la subordinación de los jueces y las cortes y, especialmente, la neutralización de sus poderes de control”. 

Germán Burgos Silva nos remite a una definición de “independencia judicial” que no elude, en buena lógica, a la politización inherente a este cuerpo del Estado: la independencia judicial sería el producto del balance del poder entre al menos dos partidos políticos con fuerza similar, y donde ninguno ejerce un control monolítico. 

John Mark Ramseyer señala respecto a la intromisión judicial en las instancias gubernativas: “La creación de un judicial independiente formaría parte de las condiciones institucionales para hacer oposición al gobierno de turno y limitar sus posibilidades de acción”. Los políticos electos y los representantes populares, dada la profusión abrumadora de fallos y sentencias de alcance político pronunciadas por las altas cortes, deben necesariamente sujetarse a las interpretaciones judiciales, ajustar hasta la minucia sus propuestas y acciones legislativas, y votar solo aquellas leyes con posibilidades de ser aprobadas por las instancias judiciales. 

En esas condiciones: “Un Poder judicial independiente constituiría, entonces, un instrumento fundamental para controlar al partido en el poder y afectar sus capacidades de acción vía la judicialización de la política”. 

Conclusiones: 

Sin independencia judicial, el Estado de derecho y la democracia son una quimera; en momentos de concentración de poder, sin independencia de la jurisdicción, jueces corren el peligro de convertirse en títeres del Ejecutivo o del Legislativo, situación importante, máxime, en momentos en que el Ejecutivo parece nulificar a los otros poderes.