¿Quién paga?

En la exposición de motivos de su iniciativa de reforma eléctrica, el gobierno destaca cinco instrumentos que, a su juicio, provocaron un daño injustificado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Va un breve resumen con algunas anotaciones para quienes no siguen estos temas de cerca.

Primero, CFE firmó contratos de largo plazo con suministradoras privadas a quienes les aseguró la compra de electricidad por cuando menos 20 años “a un precio fijo y despacho asegurado, precio que hoy es superior al del mercado”.

Segundo, las centrales de CFE menos eficientes quedaron al final de la fila en el orden de despacho. La regulación que surgió del nuevo modelo dispuso la activación de las centrales eléctricas de acuerdo con su costo: las más baratas primero, las no tan baratas después y las menos baratas al final. Con la entrada en operación de centrales privadas más nuevas, los costos de generar electricidad cayeron a grado tal que las centrales eléctricas de la comisión, más viejas y contaminantes, perdieron escaños en el orden de prioridad. Esto dejó a la CFE con plantas ociosas cuyo costo estaba obligada a cubrir de cualquier forma.

Tercero, la CFE debió aceptar una tarifa inferior al costo de transporte para facilitar la entrega de electricidad renovable, por ejemplo, en las sociedades de autoabasto. En estas sociedades, si una empresa o varias desean abastecerse a sí mismas de la electricidad en lugar de comprarla a CFE –porque quieren su electricidad más limpia, menos cara o más estable–, pueden ellas solas o mediante una alianza con otra invertir en una central eléctrica. La empresa puede fabricar en Querétaro y generar electricidad eólica en Oaxaca. A la CFE le corresponde entregar en Querétaro el equivalente de esa electricidad generada en Oaxaca, y a las empresas les toca pagar el costo de transportarla de un punto a otro. La tarifa quedó temporalmente debajo del costo con el fin de promover la incorporación de energías renovables.

Cuarto, la CFE tuvo que comprar certificados de energías limpias (CELs) a las generadoras de energías renovables para satisfacer el requisito de que cuando menos 10.9% de la electricidad que aporta al sistema proviene de fuentes limpias. Este requisito, no obstante, aplicó a centrales tan nuevas que las hidroeléctricas de CFE quedaron fuera.

Quinto, las inversiones de empresas privadas contaron con financiamiento de bancos de desarrollo del estado: Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Pueden entenderse estas cinco medidas como evidencia de una agenda diseñada expresamente para imponer costos injustificados a CFE, o puede interpretárseles como el costo del doble tránsito hacia un modelo de mercado abierto y de mayor participación de energías renovables. En realidad, ninguna de estas medidas ha significado inventar el hilo negro: se han aplicado con variantes y con éxito en otras regiones, notablemente en Europa y Norteamérica, donde se les empleó para acelerar la penetración de las energías renovables.

El gobierno anterior eligió que la CFE operara como la facilitadora del nuevo mercado eléctrico y de las inversiones en energías renovables, aportando infraestructura de transmisión y distribución, garantizando la compra de electricidad nueva y limpia, retirando su centrales caras y contaminantes.

¿Había de otra? Partiendo de un mercado con una empresa predominante como CFE, no es tan fácil plantear una ruta alternativa si el objetivo final es crear un mercado competitivo. El monopolio perderá algo a medida que entran los competidores. Y si se trataba de reducir la huella de carbono del sector eléctrico, había que invertir en ello.

Responder satisfactoriamente para todos quien debe pagar una transición energética es prácticamente imposible. En la frontera de opciones a considerar quedan paquetes de costos y beneficios no siempre comparables entre sí. La elección entre inconvenientes es inescapable.