¿Quién mandó matar a Lourdes Maldonado?  

Spoiler alert: La pregunta posiblemente tenga una respuesta al final del texto, sin embargo, este autor no insinúa o sugiere algún culpable.

A Lourdes Maldonado la mandaron a matar, eso es un hecho. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Baja California, Guillermo Castro, Kevin Villarino y el taxista Erick Contreras recibieron 5 mil dólares cada uno por matar a la periodista. Quince mil dólares costó en total su vida, su silencio. 

Rosario Mosso Castro, editora general del Semanario Zeta, publicó un amplio reportaje donde desmenuza la detención de los tres presuntos asesinos de Lourdes, así como los procesos en las demás líneas de investigación. Mosso Castro escribe que en la fiscalía estatal había una denuncia por parte de Lourdes Maldonado contra el exfiscal general Guillermo Ruiz Hernández y el exgobernador de Baja California Jaime Bonilla, por tráfico de influencias. El expediente fue borrado del sistema, pero no de manera física. 

Como parte de las investigaciones por el asesinato de la comunicadora, una de las lineas de investigación que se sigue es el litigio laboral que tenía y había ganado contra Jaime Bonilla, incluso fue a la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador para pedirle seguridad por el caso que llevaba contra el amigo del presidente.

Durante ese proceso, elementos de la fiscalía –ahora a cargo de Iván Carpio– encontraron el documento del expediente de dicha denuncia, por lo que ahora incluso está siendo investigado el exfiscal central Hiram Sanchez Zamora. En el reportaje se revela que hubo filtraciones del expediente de Lourdes Maldonado a Jaime Bonilla, por lo que hubo reacomodo de personal. 

La última vez con Lourdes Maldonado

La última vez que platiqué con Lourdes Maldonado fue el jueves 20 de enero de este año, tres días antes de su artero asesinato la noche del domingo 23 de enero. Aquella ocasión, “Lubi” me contaba los pormenores del embargo que había procedido contra Jaime Bonilla por el desacato del exgobernador a pagarle. 

Me contó los detalles de su caso, incluso aseguró y reiteró que Bonilla Valdez y su compadre Ruiz Hernández le pagaron a los impartidores de justicia laboral para frenar el litigio de Maldonado. Sin embargo, cuando el exfiscal general salió de la dependencia, el laudo por fin salió a favor de la demandante. 

También me comentó lo siguiente:

“Con esto, prácticamente soy la interventora, está en mis manos manejar toda la contabilidad y revisaré todos los archivos contables y administrativos de (la empresa del exgobernador Jaime Bonilla) PSN. Estoy obligada por ley de avisarle al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) si no encuentro ningún pago al seguro social; avisarle al Infonavit que este cuate –Jaime Bonilla– no paga la cuota patronal correspondiente, que no paga Afores, que no hay nómina y que no ha pagado impuestos haciendo fraude y evasión al fisco. Bonilla puede entrar a la cárcel por defraudación fiscal, ese es el tipo de embargo que hicimos, se le llama embargo de giro mercantil”. 

“En una semana me nombrarán como depositaria de los documentos contables, por eso PSN es mío, no en lo operativo, todo lo administrativo, contable y cajas, todo eso ya está embargado para mí y si ellos no van a pagarme antes, yo voy a sacar sus trapitos al sol y lo haré pedazos –a Jaime Bonilla– porque sé que no pagan nada, porque trabajé ahí seis años y sé cómo corre el agua”.

El abogado

Días despues del artero asesinato me reuní con el abogado de la periodista, Eduardo Edmar Pérez Castro, la parte  relacionada al tema del conflicto legal lo publique en el Semanario Zeta hace una semana. Pero en esta ocasión, presento un fragmento exclusivo de la entrevista.

¿Cómo han sido estos dos días después del fallecimiento de la periodista? ¿Qué medidas de protección está utilizando?

“Pues los chalecos antibalas me los están proporcionando por seguridad, traemos un vehículo que nos viene custodiando… tengo que acceder a los organismos de seguridad”.

¿De manera privada o por parte del gobierno?

“No, de manera privada. El gobierno todavía no me da acceso a la seguridad estatal, ya se solicitó que se nos proporcione la seguridad estatal por lo delicado del asunto. No es tanto por su servidor, me preocupa la familia. 

Tenemos la posibilidad, la intención de pedir asilo político por lo complicado del asunto. Mientras no se solucione este asunto, no puedes vivir, no puedes salir, no puedes estar tranquilo, no puedes estacionarte a tomar un café a gusto porque tienes que estar viendo para todos lados, es incómodo. 

No he recibido amenazas, quiero que sea claro, sin embargo sí sabemos que se tocan fibras muy delicadas y tenemos que cuidarnos”.

¿Qué platicaron en los días anteriores al fallecimiento de Lourdes? ¿Cómo fue que tocaron este tema de la seguridad que tenían que implementar o del peligro que podían correr por el caso que estaban llevando?

“Lourdes me comentó, cuando fuimos a hacer el requerimiento de pago (tuvimos una reunión en la tarde con ella), del miedo que tenía, que lo hizo público, porque yo le pregunté por qué llevó a los periodistas, si es un embargo, normal, común y corriente. Es un procedimiento normal porque a eso me dedico. 

Sin embargo, Lourdes sí estaba preocupada, me comentó que utilizó los medios para hacerlo público porque tenía miedo de que le fuera a pasar algo porque estaba tocando a un ex gobernador. Ella sabía lo que estaba tocando y qué avispero estaba moviendo. 

Ella me comentó en ese momento, el miércoles (el 19 de enero de 2022, día que fueron a realizar el embargo a Bonilla), que ella tenía acceso a un botón de pánico y que nada más lo aplastaba y le llegaban las autoridades: la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal. Lo estuvimos platicando, le dijimos: estate con cuidado, trata de voltear a todos lados. 

Lo platicamos, le pedimos que tuviera mucho cuidado y precisamente jueves y viernes, los días después del embargo, ya no está tranquilo. Traté de no salir, trato de no salir, después de lo que le pasó a Lourdes es obvio que no salgo ni a tomar el aire fresco”. 

Los leales 

Durante los días posteriores al asesinato de Lourdes Maldonado, los exmiembros del gabinete leales a Jaime Bonilla y el mismo exgobernador usaron todos los medios que tenían a su alcance para aclarar que “el amigo” del presidente no estaba involucrado en el homicidio de la periodista. 

El abogado de la empresa del morenista salió a decir que ya le iban a pagar a Lourdes. Hasta el 21 de enero, el licenciado Héctor Puga promovió una reunión de conciliación con la periodista para hacer las cuentas del dinero que se le debía, para ponerle punto final al caso, luego de nueve años de negativa por parte del expriista Bonilla Valdez. 

En entrevista, el apoderado legal de la empresa demandada explicó: “Es un asunto en el que realmente no es una cantidad gigantesca la que demanda, lo del último laudo no llega a 600 mil pesos, no es una cantidad que justifique asesinar a alguien; o sea, no justifica”.

Y agregó: “Yo hablé con el ingeniero (Jaime Bonilla) y le dije: ‘Qué caso tiene que sigamos con un caso que no vale, que el costo que tiene es irrisorio y que esté golpeándote, ni tiene caso’. Acto seguido yo presenté un escrito el 20 de enero ante el presidente de la junta, donde proponía que me diera a un conciliador para negociar el asunto”. 

Bonilla, amigo del presidente

Pero, sin duda, la joya de la corona se la llevó el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, cuando lo primero que dijo respecto de la comunicadora asesinada fue “no hagamos politiquería en un asunto tan serio”. Después ordenó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se hiciera cargo, incluso la Fiscalía General de la República envió a un delegado especial para tratar este caso en conjunto con las autoridades locales. 

Esto no se hizo para ninguno de los cinco periodistas asesinados en lo que va de este año. Son alrededor de 30 reporteros, fotógrafos y comunicadores que fueron asesinados en México en lo que va del gobierno de López Obrador, pero ninguno tuvo una atención tan especial cmo el caso de Maldonado. Incluso fue en su show matutino donde se dio a conocer que había tres personas detenidas por el homicidio.

¿Por qué si el presidente no quería que la opinión pública politizara el caso Maldonado le puso tanta atención para resolverlo? ¿Por qué su urgencia por presentar a los homicidas de la periodista? ¿Por qué no pide, así como lo hace en otros casos, a las fiscalías que llamen a declarar a Jaime Bonilla? ¿Por qué aún la fiscalía estatal y la federal no han llamado a declarar a Bonilla?  ¿Por qué la fiscalía estatal descarta que se trate de un homicidio a razón de su profesión? 

Bonilla sigue despachando desde las oficinas de su medio de comunicación, las cuales fueron remodeladas por una empresa a la que, cuando fue gobernador, le destinó contratos millonarios por adjudicación directa. Sin la preocupación de que su información financiera o lo relacionado a las condiciones laborales de los compañeros reporteros y comunicadores de PSN salga a la luz. 

A Maldonado, la empresa del exgobernador le debía alrededor de un millón y medio de pesos. Lourdes me lo confesó y a varios colegas, a ella no le importaba el dinero, ella quería exponer la corrupción de Jaime Bonilla y la precariedad laboral en la empresa del morenista. 

Quien mandó matar a María Guadalupe Lourdes Maldonado López gastó 15 mil dólares (300 mil pesos) en tres sicarios presuntamente del Cártel Arellano Félix o Cártel de Tijuana, que ni sabían quién era la periodista.

¿Cuánto le habría costado al exgobernador que expusieran las condiciones financieras y laborales en su empresa? Solo él y su contador sabrán. Al tiempo. 

Los arrebatos

1. Los que sí se ganaron una buena mentada son todos esos colegas reporteros y comunicadores que aprovecharon la tragedia para llevar agua para su molino. Ustedes saben quiénes son. 

2. Por cierto, desde este espacio condenamos los ataques que hace el presidente desde la máxima tribuna del país contra las y los periodistas. El lenguaje de odio que usa se multiplica y estoy seguro que eso ha fomentado el aumento de violencia contra el gremio.