La educación y el deporte: dos ejemplos de regresión

En la última semana se han presentado dos sucesos muy lamentables. La semana pasada se anunció que la Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminaría el programa de escuelas de tiempo completo, mismo que se había implementado en más de 25 mil planteles con un número aproximado de 3.6 millones de menores beneficiarios, lo cual evidentemente generaba un impacto positivo con un alcance mínimo del mismo número de familias que viven, en su gran mayoría, en zonas de alta marginación.

Contrario al principio de progresividad establecido en el artículo 1º de la Constitución que, entre otras cosas, obliga a las autoridades a evitar tomar medidas regresivas en lo relacionado con el ejercicio de los derechos humanos, claramente la decisión que se analiza es eso, regresiva, y, más allá del análisis jurídico que se pueda hacer de ella, se debe hacer notar que de un momento a otro ese número de niñas y niños padecerán el no poder alimentarse como lo hacían en sus escuelas y también verán reducida su jornada escolar, con todos los efectos negativos que esto genera en su formación y en la vida cotidiana de sus familias.

Al parecer, esta decisión se ha tomado debido a la estigmatizada “intermediación” que, de acuerdo con el criterio del gobierno, genera que los recursos no lleguen de manera completa ni directa a las personas. Sin embargo, ello es parcialmente cierto como lo ha sido la pretendida eficacia e impacto social positivo que ha tenido la transferencia directa de recursos públicos a través de diversos programas.

Respecto al segundo caso, el pasado fin de semana se presentaron hechos también preocupantes en el estadio La Corregidora de Querétaro, donde durante el desarrollo de un partido de futbol de primera división entre el equipo local y el Atlas de Guadalajara se presentaron expresiones de una violencia inusitada en un encuentro de este deporte en México.

La suma de un incumplimiento claro de los protocolos de ingreso a un estadio para aproximadamente 30 mil personas, con la incapacidad de los cuerpos de seguridad privada y pública para garantizar la integridad de las personas espectadoras y el empoderamiento que desde hace algunos años se ha dado a los eufemísticamente conocidos como “grupos de animación” por parte de las directivas de los equipos de futbol desembocó en una noche trágica que ha marcado al futbol mexicano y le ha arrebatado su presumida inocencia.

El hecho de que el futbol alrededor del mundo (no siendo la excepción México) se trate de una industria que prácticamente se autorregula ha quedado claro en esta coyuntura. De una reunión de dueños de equipos de futbol y sin la participación de autoridad alguna se resolvió sancionar de tibias y contradictorias maneras a los equipos que participaron, siendo que en ese evento no solo se incumplieron las normas de convivencia internas de los clubes, sino que todo trascendió al presentarse ahí conductas delictivas que afectan a la sociedad en su conjunto.

Ambos acontecimientos están relacionados íntimamente por el lazo indestructible que los une: la educación. Por tanto, el hecho de que en pleno siglo XXI se siga viendo como algo no prioritario a la misma es una señal clara de un desdén que tiene efectos cada vez más tangibles en diversos sectores de la sociedad que no solo han mostrado el mismo desprecio por la ley, sino incluso por la vida de las personas.

Esta semana que pasó se destruyeron dos grandes mitos: el primero es el que afirma que las autoridades son las primeras promotoras de los derechos humanos (lo cual ellas mismas insisten, con hechos, en dejar claro que no es cierto) y, el segundo, es aquella frase inmortalizada por Diego Armando Maradona al señalar que “la pelota no se mancha” (siendo que la pelota se manchó y esta vez lo hizo con una huella indeleble).

Tanto en la educación como en el deporte se presentaron profundas regresiones que, al parecer, no se han tomado con la seriedad que ameritan y que, con el paso de los años, lamentaremos.