El AIFA y la declaratoria de Área Natural Protegida del Lago de Texcoco
Perístasis

Jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de la firma Zeind & Zeind y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

X: @antoniozeind

El AIFA y la declaratoria de Área Natural Protegida del Lago de Texcoco
La zona protegida a partir de ahora. Foto: Especial

El 21 de marzo fue inaugurada la primera etapa del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una mega obra que ha sido considerada prioritaria por la actual administración federal y que ha estado sujeta desde su concepción a diversas polémicas derivadas, entre otras cosas, de que fue resultado de una cuestionada cancelación de otra mega obra iniciada durante la anterior administración federal: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Ambos proyectos fueron realizados frente a la cada vez más evidente saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM). Incluso, el pasado 3 de marzo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Resolución por la que se declara la saturación de los edificios terminales del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, misma en la que se reiteró el dictamen por el que se declaró originalmente la saturación de esta terminal aeroportuaria desde septiembre de 2014. Para brindar un contexto sobre la relevancia de esta terminal aeroportuaria, se debe apuntar que el AICM representa el 50% de las operaciones aéreas a nivel nacional.

Por otra parte, un día después de la inauguración de la primera etapa del AIFA fue publicado en el DOF el Decreto por el que se declara área natural protegida con el carácter de Área de Protección de Recursos naturales, la zona conocida como Lago de Texcoco…, que es la zona en la que se construía el NAIM.

Es de destacar que en este último decreto, que encuentra diversos fundamentos constitucionales y legales, los considerandos ahí contenidos mencionan distintos instrumentos internacionales que van desde el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales hasta el Acuerdo de París. 

Es definitivamente loable que desde el gobierno se comience finalmente a hacer conciencia y a dar cumplimiento de todas aquellas normas relacionadas con el equilibrio ecológico y la protección al ambiente (esperando que esta sea una voluntad genuina y no basada en criterios políticos) que tanto gobernantes como gobernados estamos obligados a cumplir y que, a menudo, son poco observadas en detrimento del propio medio ambiente y con ello de ejercicio pleno de una gran variedad de derechos humanos.

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Áreas Naturales Protegidas (ANP) son “las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas”. Estas zonas a partir de ser declaradas ANP se sujetan a un ámbito de protección muy robusto que inhibe de manera eficaz cualquier intento de alteración derivada de la actividad del ser humano, por lo que pensar iniciar o reiniciar una construcción en una ANP se encontraría con las restricciones derivadas de su declaratoria como tal. 

Y es que la resolución que declaró la saturación del AICM, la inauguración de la primera etapa del AIFA y el decreto que declaró ANP a la zona conocida como Lago de Texcoco parecen tener una conexión que cobra forma por las voces que señalan que frente a la capacidad supuestamente limitada del AIFA, eventualmente se podrá pensar en retomar el proyecto del NAIM (cuya capacidad era ampliamente mayor) en aras de mejorar la calidad del servicio público que estas terminales prestan a la sociedad.

En caso de ser ciertas las versiones que señalan que se quiere eliminar toda posibilidad de replantearse construir el NAIM al declararse como ANP a la zona en que se encuentra asentado y que se busca al declarar la saturación (previamente declarada ya) del AICM para incrementar el número de operaciones del AIFA, sería lamentable que detrás de la primera de las decisiones se encuentre un criterio con un sesgo político y no basadas en criterios que contribuyan al equilibrio  y a la protección del medio ambiente, una tarea pendiente dentro del Estado mexicano que día a día es desdeñada y en la cual se corre el riesgo de llegar a un punto de no retorno.

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