¿Qué pasaría si…?

¿Qué pasaría si los protocolos se activaran de inmediato? Una comisión especializada, a la primera llamada que alista a sus elementos: cada uno capacitado para la atención de familias y para el trabajo de campo. Inspección de predios y terrenos de difícil acceso. Peritos rigurosos que impiden la contaminación de escenas. Funcionarios que entienden las consecuencias de la criminalización y la revictimización, que jamás argumentarían desapariciones voluntarias como un pretexto para su inacción, para su ineficiencia.

Autoridades que conocen y respetan los canales de comunicación y la calidad de la información que se ofrece, capaces de brindar conferencias que no dejan lugar a dudas, que no filtran datos ni material que corresponde solo a la investigación, pues saben que fuera de ese expediente dan paso a suspicacias y alimentan un contexto en donde lo último que importa es la víctima, la atención se centra en quién tiene la mejor versión de un hecho que tendría que reconstruirse solo con evidencia.

Hace un par de días, el padre de Debanhi Escobar informó que la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Contra Mujeres de Nuevo León procederá contra los servidores públicos que filtraron videos con los que se sigue la investigación por la muerte de su hija. Y es que este caso ha llegado a niveles en los que algunos buscan castigar a las amigas, al chofer o al papá por no responder una llamada en la madrugada, pero esas suspicacias, teorías que van más de la mano a una falsa moralidad, no tendrían espacio en la debate si los brazos institucionales funcionaran como deben.

Desde 2018, en México hay al menos 30 mil personas desaparecidas, además, en los institutos forenses y morgues del país son 52 mil cuerpos los que aún no se logran identificar. Hacer el cruce entre unos y otros es tarea complicada, porque no se tienen las herramientas. Autoridades no las han adquirido porque, simplemente, no han querido, 30 mil desaparecidos y 54 mil cuerpos en espera deberían ser una prioridad.

Apenas esta semana, el Congreso de la Unión dio luz verde al Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), el mero trámite, aún falta que esté en operación, por el momento, los gobiernos estatales tienen capacidad para identificar solo dos de cada 10 cuerpos. Además, este nuevo centro llega sin recursos propios, absorberá los ya otorgados a las comisiones de búsqueda de cada entidad: “Sin embargo, en el dictamen se aclara que, para el inicio de operaciones de la CNIH, de momento no se asignarán recursos adicionales a los presupuestados este año a ese renglón, que son los 747.4 millones de pesos etiquetados para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Este monto es sólo 22% de los tres mil 400 millones que requeriría la CNIH”, reportó Excélsior previo a la discusión legislativa.

Así que a pesar de las cifras de personas desaparecidas, de la urgencia y las necesidades de miles de familias, el ¿qué pasaría si…? seguirá siendo eso, una pregunta al aire que los tres niveles de gobierno no están interesados en responder.