AMLO y el litio
Guardián de Negocios

Es columnista y periodista de negocios y economía. Durante más de 20 años ha colaborado con medios nacionales y extranjeros. Sus análisis, artículos y columna son publicados en medios como Alto Nivel, Foro Jurídico, Forbes, López Dóriga Digital, Eje Central y ADN 40. Twitter: @juliopilotzi

AMLO y el litio
Foto: Senado

Días previos a la histórica votación de la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica, jornada que concluyó con 275 votos a favor y 223 en contra, y ante la anticipada realidad de que el presidente y su partido Morena no contarían con los votos suficientes para aprobarla, empezó a crecer la cobertura en los medios de comunicación de lo que pretendía ser un nuevo debate: la iniciativa de reforma a la ley minera para estatizar el litio.

Senadoras y senadores aprobaron el martes 19 de abril, en lo general y particular, el dictamen de la reforma a la ley minera que propuso Andrés Manuel López Obrador para nacionalizar el litio. Con 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, el dictamen se aprobó en lo general. Más tarde, el proyecto recibió en lo particular 76 votos a favor y 45 en contra.

Aunque el lunes el proyecto tuvo dispensas en la Cámara de Diputados y pasó en fast track, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aclaró que en el Senado se seguiría el proceso legislativo completo.

Efectivamente, una nueva embestida legislativa del Ejecutivo federal, que deja al descubierto su real intención: minimizar política y mediáticamente la abolladura que le significó el fracaso de la reforma eléctrica, además de un indiscutible tufo a revancha.

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Considerar al litio como el “oro blanco” tiene que ver con la creciente demanda que tiene en función de su utilidad como conductor, especialmente en la fabricación de baterías para telefonía celular y autos eléctricos, con independencia de sus usos en la industria farmacéutica. Hoy, China es el principal consumidor de litio. Chile, Bolivia, Argentina y Australia son los principales poseedores de reservas de este metal.

En el caso de México, las reservas de litio son inciertas, hay datos de la existencia probable de 300 millones de toneladas de arcilla con contenido de litio. Según el centro Estadístico Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés), México se ubica en el décimo lugar de entre 23 países con reservas por certificar de litio. “De 196 países en el mundo, solo se ha detectado en 23 reserva potencial de litio en el planeta. México está dentro de esa selección”, comentó la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en su cuenta oficial de Twitter.

Pero la información compartida por Nahle retoma los datos de USGS, que apuntan a que México cuenta con 25% de todas las reservas de este mineral que se utiliza en el mundo. La lista la encabeza Bolivia con 24.6% de las reservas mundiales, seguido de Argentina con 22.6%, Chile con 11.2%, Estados Unidos con 9.2% y Australia con 7.5%.

Por encima de México también se encuentran países como China con 6% de las reservas mundiales de litio, el Congo con 3.5%, Canadá con 3.4% y Alemania, con 3.2%.

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Sin embargo, su explotación está a años de concretarse, en el mejor de los casos de 10 a 14 años. En este contexto, y en este momento, ¿qué interés general puede tener la pretendida estatización del litio? Desde mi punto de vista: ninguno.

Debatir el tema en este momento además de inoportuno es inocuo, primero porque México no es aún productor importante de este metal; segundo, porque la real existencia de reservas probadas en México es incierta y, tercero, porque para su explotación se requiere de monumentales inversiones de recursos financieros, algo que nuestro país no tiene. En consecuencia, anticipar un modelo puramente estatista para la producción de litio es marcadamente un despropósito a destiempo y absurdo, inocuo. Luego entonces, queda claro que se trata de un debate inserto en la brega política y mediática, alejado de los reales aspectos económicos y tecnológicos. Es pues, una cortina de humo lanzada desde el ejecutivo federal con la clara intención de disminuir el daño que significó la malograda reforma eléctrica.

Voz en Off

A pesar de las innumerables quejas en contra de Kavak, que dirige Alejandro Guerra, y otras tantas que no se denuncian propiamente ante las autoridades en este caso la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que encabeza Francisco Ricardo Sheffield Padilla, su oficina le entregó el Distintivo Digital de la Profeco. Imagine usted nada más lo absurdo, porque se entrega a empresas que lleven buenas prácticas en sus negocios, la empresa cuya razón social es UVI TECH SAPI de CV registra innumerables quejas al mismo paso que expande su negocio. Usuarios describen como “una tortura de principio a fin” su experiencia al acercarse a esta empresa, donde Sheffield Padilla no le importa lo que diga su oficina sobre el código de ética, mucho menos el grave calvario vivido por personas que se acercaron a Kavak…

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