Después de Roe vs. Wade
Deuda Histérica

Feminista, se identifica como chicana por haber nacido en Estados Unidos y crecer en la frontera de Tijuana. Activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Abogada, presentadora de televisión, analista política y columnista. Conductora de La deuda histérica en La-Lista.

Twitter: @EstefaniaVeloz

Después de Roe vs. Wade
Foto: AFP

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en favor de anular el caso Roe vs. Wade deja a las mujeres estadounidenses ante un panorama de incertidumbre sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Esto desató sospechas sobre la compra masiva de medicamentos recetados que interrumpen el embarazo, que probablemente se conviertan en la próxima pelea entre las activistas del derecho al aborto y los opositores.

El aborto con medicamentos como misoprostol y mifepristona es un método común para interrumpir embarazos en Estados Unidos, principalmente por la falta de acceso a clínicas de aborto seguras o el alto costo de procedimientos quirúrgicos. Se estima que los abortos médicos representan el 54% del total. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aborto en casa con medicamentos durante las primeras 10 semanas se lleva a cabo desde hace muchos años y la mayoría de tiempo se utiliza misoprostol, validado como absolutamente seguro con un procedimiento no invasivo.

Algunas organizaciones, grupos de activistas y usuarios de redes sociales han alentando la “provisión anticipada”, es decir, abastecerse de píldoras abortivas por si se prohiben en farmacias y son imposibles de conseguir. Esto se recomienda porque la mifepristona tiene una vida útil de cinco años y el misoprostol de hasta dos.

Casi la mitad de los estados ya han restringido las píldoras abortivas, por ejemplo, hace unos meses el gobernador de Luisiana firmó una ley que hace ilegal el envío de píldoras abortivas por correo con una multa de hasta 50 mil dólares y cinco años de cárcel.

En diciembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos levantó las restricciones pendientes sobre la mifepristona, lo que ahora permite libremente a la comunidad medica recetar en línea y enviar medicamentos por correo. También se ha aprobado el uso dejando un precedente temporal de que los estados no pueden prohibir las recetas de dichos medicamentos. Desafortunadamente el tema tendrá que ser litigado en los tribunales y la tendencia de jueces conservadores refleja que probablemente vuelva a ser ilegal.

En Estados Unidos se necesita una receta medica para obtener cualquiera de los medicamentos, sin embargo, en México están disponibles y son mucho más baratos. Las estadounidenses podrían verse obligadas a venir al país para realizarse abortos seguros, algo que alguna vez fue impensable pues históricamente había sido al revés.

La ola verde de América Latina ha generado un progreso innovador en materia de salud y derechos reproductivos. Hoy, los mismos pañuelos verdes que usan los defensores del aborto en el territorio latinoamericano están apareciendo afuera de la Corte Suprema en Estados Unidos y son protagonistas de las protestas. Retrocesos como el reciente generan solidaridad, por ejemplo organizaciones enviaron paquetes de pastillas a Estados Unidos cuando Texas cerró la mayoría de las clínicas de atención reproductiva. La legislación en aquel estado es de las más duras y asistir un aborto clandestino puede llevar a una sentencia de cadena perpetua y multas millonarias. A pesar de esto, las redes de apoyo feministas, continuando la tendencia autogestiva del movimiento, están configurando números de teléfono mexicanos que podrían ser más difíciles de rastrear para enviar mensajes con asistencia en abortos caseros y líneas de ayuda.

Lo cierto es que las cifras no mienten, el aborto ilegal no reduce la cantidad de abortos pero sí aumenta la clandestinidad y con ella la muerte de mujeres que buscan ser libres para decidir sobre su cuerpo. Investigaciones sugieren que prohibir el aborto en Estados Unidos podría aumentar 21% las muertes relacionadas con el embarazo. La realidad se recrudece cuando se trata de mujeres negras e hispanas, pues ellas representarían un aumento de 33% de las muertes. Desde que se legalizó la interrupción del embarazo en la Ciudad de México en 2007 se ha registrado una baja de hasta 80% en los casos de emergencia y el saldo limpio en muertes relacionadas con estos procedimientos.