Feminicidios más allá del código penal
Deuda Histérica

Feminista, se identifica como chicana por haber nacido en Estados Unidos y crecer en la frontera de Tijuana. Activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Abogada, presentadora de televisión, analista política y columnista. Conductora de La deuda histérica en La-Lista.

Twitter: @EstefaniaVeloz

Feminicidios más allá del código penal
Foto: Alexa Herrera / La-Lista

Abunda la falsa creencia de que el aumento de penas funciona como un elemento disuasivo. Desde que ha ido aumentado la cifra de feminicidios en el país, los congresos locales y el Congreso federal se han dado vuelo reformado códigos penales para seguir agravando las penas de feminicidio, pero las instituciones que reproducen relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres favoreciendo a los hombres no se enderezan con cárceles, ni con el temor a sus puertas.

Lo cierto es que no solo es oportunismo o quizá voluntad política con falta de entendimiento, porque en esto el movimiento feminista y el feminismo institucional se encontraron, pues, en los últimos años, las marchas feministas desembocaban en la exigencia colectiva de prisión preventiva para violadores y feminicidas. Ejemplo de esto es la nueva las reformas al Código Penal Federal y otros ordenamientos para tipificar el feminicidio en grado de tentativa y sancionar con una pena de 20 a 40 de cárcel, a esto sumémosle que el delito de feminicidio ya contempla penas de hasta 50 años y prisión preventiva.

Está bien, pero puede ser un ansiolítico engañoso: de nada sirve aumentar las penas o recluir durante el proceso a feminicidas y violadores si no se contempla al poder judicial y a las instituciones de seguridad como principal obstáculo para la justicia de las mujeres. Sirven de poco las penas teniendo un sistema de justicia tan asimétrico y ocioso que en los hechos hasta el 2020, solo resuelve y condena tres de cada 100 feminicidios. También persiste otro problema y de las cifras.

A pesar de que todas las fiscalías estatales deben investigar los feminicidios bajo los estándares establecidos de perspectivas de género, cada fiscalía decide casi de manera arbitraria si abre una carpeta de homicidio de mujer o feminicidio. El beneficio de tener más homicidios de mujeres es que sus estados no figuren en la lista de los gobiernos estatales con los feminicidios. Es un ganar político para los gobernadores y gobernadoras. Ante esto es el gobierno federal el que tiene más incentivos morales y de gobernanza para erradicar los feminicidios o disminuir las cifras considerablemente. Aquí es donde la creación de mecanismos diseñados por organizaciones feministas desde hace años que hoy, por fin, han encontrado cause institucional como el reciente anuncio sobre la iniciativa en materia de registro de agresores sexuales y feminicidas cuya información genética pueda ser utilizada en las investigaciones. Además se creará un protocolo homologado de atención a la violencia de género y feminicida.

Después de cada caso de feminismo doloroso y mediático, como el de Debahni, despierta el fervor por el punitivismo que buscan exprimir, normalmente, los partidos políticos ante una sociedad que parece ya haberlo normalizado. Más allá de lo absurdo que es la respuesta política frente a un caso que demostró en tiempo real la falta de acción de las fiscalías y un horrible manejo de las investigaciones de desaparición. Esto también es un reflejo de la falta de creatividad para no terminar siempre en un sistema donde no se repara el daño a las víctimas y tampoco se rehabilita ni contiene realmente a los victimarios.

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