La transformación digital permite inclusión, crecimiento económico, y eficiencia. México, no obstante que los gobiernos prometen en cada periodo alcanzar ese desafío, continúa enfrentando obstáculos estructurales que frenan el despliegue de tecnologías como el 5G y agravan una brecha de conectividad.
Mientras países emergentes como Brasil, en reportes recientes, señalan que para mediados de 2024 el 5G alcanzaba cobertura en cifras que oscilan entre 450 y hasta 589 ciudades, México apenas ha alcanzado cobertura en alrededor de 150 zonas urbanas, según datos del IFT de 2024. Aunque operadores como América Móvil y AT&T presumen de ofrecer esta tecnología, su presencia en el país es mínima.
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La cancelación de licitaciones como la IFT-12 y la transferencia de funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hacia entidades aún sin definición clara entorpecen el desarrollo de esta tecnología, dejándola en un limbo regulatorio que, además, desincentiva inversiones nacionales e internacionales, inmoviliza decisiones empresariales y debilita la competitividad en el sector de las telecomunicaciones.
Este estancamiento no es solo técnico ni financiero: es político. El despliegue del 5G requiere visión, reglas claras y voluntad para reducir asimetrías. Sin ellas, México corre el riesgo de quedarse al margen de la economía digital global. En otros mercados, la asignación estratégica del espectro ha detonado inversiones. Aquí, la indefinición ha creado un efecto dominó: sin certidumbre, no hay inversión; sin inversión, no hay infraestructura; sin infraestructura, no hay desarrollo. Y sin desarrollo, México se convierte en espectador de una revolución tecnológica que debería estar liderando.
La ausencia de redes de quinta generación tiene efectos concretos. Según el informe de GSMA Intelligence titulado The 5G Economy, el 5G podría aportar hasta 1.3 billones de dólares al PIB global en la próxima década. Si México accediera apenas al 1% de ese mercado, podría generar alrededor de 13,000 millones de dólares anuales, además de miles de empleos altamente calificados. Esta falta de infraestructura limita el desarrollo de industrias como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la automatización y las ciudades inteligentes. Sin una red optimizada, las empresas mexicanas operan con desventaja en un entorno global. Y en un país con un enorme potencial para el nearshoring, México pierde competitividad, eficiencia y oportunidades de integrarse en cadenas globales de valor.
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Las zonas rurales y comunidades marginadas siguen fuera del acceso a servicios básicos como educación en línea, salud digital, comercio electrónico, y mucho menos e-gobierno y sus beneficios. La conectividad de calidad es una necesidad y derecho para la inclusión social. El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la conectividad de todos los habitantes del país. La política pública no debe estar basada en la improvisación. Debe asegurar que el ecosistema digital sea equitativo.
El gobierno tiene un rol fundamental en el desarrollo de la conectividad estableciendo reglas robustas para que los operadores encuentren incentivos reales para invertir a largo plazo. No pueden trabajar en un entorno donde las reglas cambian sin previo aviso y las instituciones pierden autonomía con total impunidad. La sociedad civil tiene también un papel que asumir. Exigir conectividad, transparencia e inclusión digital. El acceso a internet es ya una condición mínima para ejercer derechos ciudadanos.
En este proceso, los organismos internacionales son estratégicos. Su experiencia puede guiar políticas públicas, y ofrecer casos de éxito en otros países. Más allá de los foros de discusión en donde aburridamente los mismos actores repiten el mismo discurso, existen ejemplos como el de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), dependiente de la ONU, que a través de sus disposiciones técnicas ha permitido que países como Finlandia o Corea del Sur destinaran sus recursos a un despliegue de redes de alta velocidad que los ha convertido en líderes en competitividad digital.
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Cada minuto de descoordinación en el despliegue del 5G representa más exclusión, rezago, y una desaceleración del desarrollo económico. No es solo una actualización tecnológica, sino de la definición de México y su capacidad de ser un país competitivo, moderno e inclusivo. Lo que está en juego es el acceso a un nuevo modelo de crecimiento basado en el conocimiento, innovación, y diversificación económica. Pero para alcanzarlo, necesitamos visión política, decisiones firmes y una sociedad dispuesta a exigir resultados.
La conectividad no es un tema técnico. Es una batalla por la equidad. El camino correcto no es el del silencio institucional ni el de las reformas improvisadas sino el de la acción coordinada, la regulación responsable y reglas claras hacia una transformación digital con justicia.