La transformación digital que promete el gobierno de México suena como un futuro alentador: mayor conectividad, digitalización de trámites, acceso igualitario a la red. Sin embargo, detrás del entusiasmo oficial hay una realidad que compromete la libertad ciudadana. La eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para dar paso a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) no es solo un cambio institucional, sino una redefinición completa del poder digital.
Al crear la ATDT, el Poder Ejecutivo concentra en sus manos infraestructura, datos y contenidos digitales. Lo que antes manejaba un organismo autónomo, con cierta independencia regulatoria, quedará ahora bajo el control directo de Palacio Nacional. Esto significa que las concesiones, plataformas digitales, reglas operativas y sanciones quedarán sujetas a decisiones políticas, con riesgo evidente de arbitrariedad.
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Esta concentración que promete eficiencia también abre la puerta a la discrecionalidad. Proyectos como Llave MX, que promete facilitar la identidad digital y el acceso a servicios públicos, pero sin una regulación independiente, podría convertirse en un mecanismo de control gubernamental sobre el acceso y uso de datos personales.
Todo México es territorio Slim
La desaparición del IFT no responde solo a una decisión de política pública; también obedece a una estrategia corporativa. Carlos Slim, con América Móvil, controla gran parte del mercado nacional. Históricamente, el IFT intentó regular su dominio con resultados cuestionables. Sin el IFT como regulador, América Móvil operará en un entorno menos restrictivo. Las decisiones regulatorias ya no dependerán de un organismo autónomo, lo que podría abrir espacios para una mayor consolidación del Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones.
Empresas como Telmex y Telcel, que enfrentaron regulaciones específicas debido a su tamaño y control del mercado, podrían encontrar un escenario más favorable. Las decisiones regulatorias ya no estarán basadas necesariamente en criterios técnicos o de competencia justa, sino posiblemente en agendas políticas.
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Slim, además, no limita sus intereses exclusivamente a las telecomunicaciones. Su participación reciente en infraestructura energética y conectividad digital, incluyendo potenciales asociaciones estratégicas con Pemex, muestra cómo sus intereses se alinean perfectamente con un gobierno ávido de inversión privada, pero decidido a mantener el control político de sus activos esenciales. Este intercambio entre infraestructura y estabilidad regulatoria consolida a Slim como un actor central en la transformación energética y digital del país.
Competencia desigual
Empresas extranjeras como AT&T y Telefónica han manifestado preocupación ante la nueva configuración regulatoria. La eliminación del IFT también suprime garantías básicas de competencia imparcial. Sin un árbitro independiente, el terreno de juego puede inclinarse fácilmente a favor de ciertos actores políticos y económicos. Por otro lado, gigantes tecnológicos como Huawei o Starlink, que mantienen relaciones estratégicas con el gobierno, podrían beneficiarse si logran alinearse con las prioridades oficiales. Una vez más, esto dependerá más de la voluntad política que de criterios técnicos y transparentes.
México enfrenta un dilema con la desaparición del IFT. Si la nueva estructura regulatoria favorece a ciertos actores sobre otros, podría entrar en conflicto con acuerdos comerciales como el T-MEC, lo que afectaría la inversión extranjera en telecomunicaciones.
Otra pieza clave de esta transformación es La CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, ahora responsable de llevar conectividad a comunidades marginadas mediante su infraestructura digital. El riesgo de que se convierta en otro monopolio disfrazado de política pública, al operar con ventajas estructurales y financiamiento estatal, las empresas privadas podrían enfrentar un terreno de competencia desigual con ventajas competitivas enormes frente a pequeñas y medianas empresas, es real y alarmante.
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Como sociedad corremos el peligro de confundir conectividad con libertad. Si permitimos que la ATDT controle plataformas digitales, regule contenidos y administre nuestra información personal, el riesgo de censura, vigilancia y pérdida de privacidad es evidente.
La transformación digital debe servir para conectarnos más, no para concentrar el poder en unas pocas manos. México aún tiene la oportunidad de establecer contrapesos efectivos y garantizar que la regulación digital impulse la competencia, la innovación y los derechos ciudadanos.