Militarizar

La participación del Ejército en tareas de seguridad pública se avaló en 2019 con la reforma constitucional para la creación de la nueva Guardia Nacional. Fue a través de un régimen transitorio, con la promesa de que solo serían cinco años. Ningún partido cuestionó esa militarización de origen, pese a los riegos evidentes de perfilar un diseño militar para una institución civil y pretender que después eso iba a desvincularse sin resistencias en corto plazo.

Formalmente, la Guardia Nacional nació así, con tutela militarizada. Los votos a favor de eso, de militarizar un lustro una institución civil, fueron de casi toda la Cámara baja: 463 diputadas y diputados de todos los partidos (244 de Morena, 71 del PAN, 43 del PRI, 25 del entonces PES, 27 del PT, 27 de MC, 10 del PRD y siete sin grupo parlamentario).

La reforma tenía contradicción de origen, porque estableció en el artículo 21 vigente que las instituciones de seguridad pública, “incluyendo la Guardia Nacional”, serían “de carácter civil” y no militar, pero al mismo tiempo dio lógica militar a esa institución con el hoy polémico artículo quinto transitorio que abre la participación del ejército durante cinco años, argumentando que sería solo en tanto se desarrollaba la estructura de la nueva institución de seguridad (con vocación civil), cuando el presidente podría disponer de las fuerzas armadas (con vocación militar) “en tareas de seguridad pública”.

Hoy no se debate en el Congreso militarizar o no la Guardia Nacional, porque ya avalaron todos los partidos en 2019 que eso ocurriera, dejando esa temporalidad que cubre al menos todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El debate no es entonces ampliar o no la posibilidad de participación militar cuatro años más, que corresponden a la mayor parte del próximo gobierno.

La iniciativa para esa extensión de tiempo fue presentada el 3 de septiembre por la diputada del PRI Yolanda de la Torre, quien prácticamente después de ponerla sobre la mesa fue designada magistrada en Durango. Su propuesta llegó en un contexto donde el dirigente tricolor, Alejandro Moreno, era exhibido en grabaciones dosificadas por la gobernadora de Campeche semana a semana, donde se le escuchaba confesar lo que tiene toda la apariencia de múltiples delitos en propia voz. Presentada la propuesta por De la Torre, dejaron de difundirse esos audios y el PRI apoyó en la Cámara baja ampliar de cinco a nueve años la presencia militar en la Guardia Nacional.

La reforma a la reforma en su parte transitoria, impulsada formalmente por De la Torre, está atorada en el Senado porque faltan algunos votos. El único argumento que se lee en la exposición de motivos de la iniciativa ya aprobada en diputados es que “cinco años no son suficientes para formar y poner a funcionar con los alcances que se previeron”. ¿Entonces nueve años sí serían tiempo suficiente?

Como candidato, Andrés Manuel López Obrador dijo que los soldados dejarían las calles cuando llegara a la presidencia, pero  hace algunas semanas, en su conferencia matutina del martes 6 de septiembre, declaró que había cambiado de opinión: “Cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron (…) Imagínense qué íbamos a hacer con la Policía Federal como estaba”. 

Es cierto que su estrategia ha sido distinta a la fallida “guerra contra el narco” de su antecesor, Felipe Calderón, pero la presencia del Ejército se mantiene en su gobierno para tareas civiles de seguridad e, incluso, crece en protagonismo con extrañas declaraciones políticas del general secretario, Luis Crescencio Sandoval, quien lanzó un discurso el 13 de septiembre asegurando que había una “campaña de desprestigio” contra la institución. Ahí habló también de “unión nacional” y reprochó a quienes “con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales, antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las Fuerzas armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía”. Sandoval fue más allá en sus dichos. Sentenció que: “La desunión de los mexicanos generada por la diferencia de intereses nacionales solo allanó el camino a amenazas extranjeras que afectaron a nuestra soberanía”.

Ese atípico mensaje con tono y reproches políticos, en voz de un secretario de la Defensa, se dio no solo en el contexto del cambio constitucional para ampliar el plazo de tutela y control militar de la Guardia Nacional, también coincidió con el informe presentado en agosto por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que coordina el subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, donde se señala a militares y autoridades civiles, a funcionarios locales y federales de alto nivel, en el crimen y encubrimiento.

Aunque no sea generalizado, las Fuerzas armadas tienen mandos que también se corrompen y mandos en funciones reacios a la exigencia de investigaciones civiles encaminadas a la justicia por violaciones a derechos humanos.