Sedena airlines
Perístasis

Director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de la firma Zeind & Zeind y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Twitter: @antoniozeind

Sedena airlines

Como parte de las filtraciones de información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en días pasados se pudo conocer la intención que desde el Poder Ejecutivo federal y desde esa dependencia se tiene de constituir una aerolínea comercial para ser operada por la segunda.

Lo anterior fue confirmado en una de las comparecencias del presidente de la República, misma en la que señaló que con eso se buscaría dificultar una posterior intención de privatizarla y, además, que las utilidades de esa empresa se destinen a cubrir las pensiones de los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Una vez que se saben las razones por las cuales se busca crear una nueva empresa estatal, queda claro que en algunos sectores del propio gobierno existe el convencimiento de que ahí se cuenta con la estructura y el “saber cómo” para realizar una gran cantidad de actividades con una alta complejidad técnica en entornos de competencia en los que los competidores llevan muchos años perfeccionando sus procesos buscando ser cada día más eficientes y, consecuentemente, competitivos.

Lo cierto es que la experiencia vivida en México en la segunda mitad del siglo pasado dejó patente el hecho de que el gobierno más bien es un mal administrador y de que en realidad no tiene ni la estructura ni el “saber cómo” indispensables para emprender en un mercado con grandes jugadores, altamente regulado y que actualmente sigue en una crisis derivada de la pandemia y de los altos costos que ella ha generado.

Iniciar un proyecto de la magnitud del planteado requiere de un análisis mucho más profundo que tome en cuenta las complejidades que enfrentaría una aerolínea pequeña, con una flota compuesta por diversos modelos de aeronaves y con obstáculos regulatorios que pueden generar que su puesta en marcha tome más tiempo del previsto.

Sin duda, someter a tal nivel de presión a organizaciones que a lo largo de los años se han ganado el destacado lugar con que cuentan dentro de la sociedad mexicana, es exponerlas a un desgaste definitivamente innecesario y a la posibilidad de que los vicios que se han presentado en otras instituciones públicas se repliquen ahí.

Seguir sosteniendo que el asignarle determinadas tareas a las Fuerzas Armadas de alguna manera garantiza que posteriormente no se pueda dar marcha atrás a las decisiones recientes, puede significar una apuesta con un alto riesgo con la que, además, se pretenda que a través de medidas que no se han explicado, se evite que en las siguientes administraciones se tomen decisiones que, si bien pueden tener un sentido diferente a las actuales, podrían ser legítimas.

Este tipo de proyectos históricamente han requerido, sistemática y crecientemente, de subsidios para su sostenimiento que además suelen distraer esos recursos que terminan siendo un gasto. De esta manera se convierten en ejemplo vivo de las ineficiencias del gobierno y de la toma de decisiones  que aunque puedan ser inviables financieramente, alimentan la nostalgia de algo que nunca fue.