Digitalización y combate a la corrupción

La pandemia mundial volvió a poner sobre la mesa una oportunidad más para reinventarnos como gobierno. Una ventana para reconstruir confianza, acelerar la lucha contra la corrupción e impulsar usos útiles e inteligentes de nuevas tecnologías.

A nivel global se han encontrado correlaciones entre la digitalización y la corrupción. La digitalización es un disruptor en el sentido que reduce la discrecionalidad, incrementa la transparencia, permite la trazabilidad, asigna responsabilidad y limita las interacciones humanas, sin presuponer que esto sea malo.

Es importante reconocer que no se puede minimizar asuntos críticos que acompañan la digitalización y las nuevas tecnologías: ciberseguridad, privacidad, sistemas de respaldo, programas no corruptibles, gobernabilidad, integridad, retos que deben ser atendidos previamente o en paralelo, pero jamás olvidados.

Un ámbito muy natural de adopción se puede encontrar en la fiscalización. Aquí se pueden documentar ejemplos nacionales e internacionales en donde las plataformas, formatos de llenado electrónico, reducen los costos asociados a la gestión del cumplimiento, mejora la recaudación y reduce los fraudes. En Reino Unido, un programa de análisis del perfil de contribuyente permitió recaudar 3.0 billones de libras adicionales en el periodo 2008-2014, esto representó un retorno de inversión sobre la tecnología de 37.5 a uno en cinco años.

Otra esfera en la que se pueden encontrar resultados importantes es en la procuración de bienes y servicios para el gobierno. Existen opciones reales probadas como lo son el Open Contracting Data Standard, adoptado por países miembros del G7 y G20. Hay casos documentados de éxito, por ejemplo, Corea del Sur donde se logró identificar la participación de carteles y manipulación de licitaciones a través de la inteligencia de datos. Algo similar sucedió en Ucrania, donde lograron ahorros por 1.9 billones de dólares en dos años haciendo obligatoria la procuración digital. 

Existe una polémica área de la digitalización con la que me he topado: la analítica de integridad. Esta tecnología monitorea a los integrantes de agencias anticorrupción, instituciones de auditoría, entre otras, con el fin de detectar anomalías e irregularidades.

Desarrollos tecnológicos, empresas e iniciativas con este enfoque de mitigar la corrupción avanza, aparentemente, a la misma velocidad que lo hace el ecosistema tecnológico. En un artículo reciente publicado por banco para el desarrollo, se señala cómo se tienen identificadas las 30 bases de datos necesarias (mínimas) para poder establecer un marco digital/tecnológico anticorrupción.

Ya en México, con mi paso como alcalde, me tocó vivir esfuerzos en esta ruta digital. Ejemplos hay varios, de entrada la creación de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) por parte del gobierno de la Ciudad de México y el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), integración de un espacio único para la información de trámites, servicios y programas, la digitalización de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, la tarjeta de circulación, las licencias de conducir para motociclistas, taxistas, vehículos de transporte colectivo de ruta, de carga y licencias especiales, entre otros. Reportando ahorros, según datos publicados por la ADIP en enero 2022, de más de mil 346 millones de pesos y para agosto de 2022, ya representan 2 mil 500 millones de pesos.

En lo personal, me parece que los esfuerzos a nivel nacional han sido muy tímidos y las instituciones siguen actuando de forma aislada, siendo que en este caso hay un objetivo común muy bien definido: acabar con la corrupción. 

Cuando inicié mi administración en la alcaldía Cuauhtémoc en 2018, contábamos con un sistema establecido de funcionamiento interno para el ingreso de las solicitudes de servicios por parte de la ciudadanía. Unos meses después, el gobierno de la ciudad tomó el mando al respecto.

En mayo de 2019, se implementó el Sistema Unificado de Atención Ciudadana, cuyo principal objetivo era centralizar todos los servicios públicos de la ciudad. Era una idea ambiciosa donde el ciudadano únicamente ingresa al link respectivo, agrega los datos y características de su solicitud de servicio; el sistema turnaba a la dependencia competente, misma que recibía, atendía y resolvía. En apariencia, todas las demandas debían ser atendidas en periodos aproximados de un mes, ya que de ser distinto, las dependencias podrían ser amonestadas. Sin dejar de mencionar que se contaba con un tablero de atención disponible al público, donde era posible consultar en qué posición del “ranking” se posicionaba cada dependencia de la Ciudad de México, incluidas alcaldías. 

La alcaldía Cuauhtémoc se posicionó en primer lugar de atención a nivel alcaldías durante 2019. Sin embargo, aunque en cifras sonaba convincente, la alta demanda de servicios públicos en la alcaldía rebasó al mismo SUAC. Durante mi encargo, tan solo en esa demarcación, nos encontramos con problemáticas sentidas entre la población, pues muchos de ellos no sabían acceder al sistema o cumplir con los requisitos de llenado básicos. 

Claro que la consolidación del sistema, en teoría, suena espectacular, tomando en cuenta que el SUAC sería el primer paso para construir un sistema digital interconectado que aspira(ba) a poder rastrear, consultar y conocer la trazabilidad a nivel ciudadano en temas de tramitología.

Sin embargo, la práctica trajo diversas complicaciones operativas que creo que se padecieron por falta de planeación integrada, es decir, considerando necesidades particulares, en este caso de las alcaldías. 

(1) La implementación en realidad no tuvo etapas de planeación, entrenamiento, capacitación al nivel de las alcaldías. Esto resultó en que el proceso de adopción de cada dependencia fuera heterogéneo y con una gran cantidad de contratiempos operativos. 

(2) Las alcaldías utilizamos un sistema llamado CESAC, el cual nunca se “apagó”, dando lugar a una duplicidad de tareas operativas (captura, atención).

(3) Si la decisión era mantener ambas plataformas, era muy necesario contemplar una interfaz entre ambas plataformas, la cual no existió. Esto entorpece la trazabilidad, genera duplicidades, diferencias de indicadores, entorpece el proceso de transparencia y genera baja confiabilidad, entre otros.

(4) La situación por supuesto se sacó adelante, sin embargo, el proyecto quedó muy corto respecto al alcance que pudo tener. 

Con un ejemplo como el anterior, mi intención es totalmente poner en perspectiva lo que desde el punto de vista del usuario responsable creo que podemos mejorar en este y todos los proyectos que se implementen en el futuro.

Retos de la digitalización en México

• Existe una gran teoría de silos sin homologación entre dependencias federales, estatales y municipales. Esto se observa en la gobernanza, acceso de datos e información. Un gran avance en este sentido es que la información disponible de la Ciudad de México no tenga copyright, es decir, está totalmente abierta y disponible para cualquier persona interesada.  
• La etapa de planeación es importante se realice contemplando a la mayor cantidad de actores relevantes en el proceso: ciudadanos, dependencias, desarrolladores, etc.
• Cambiar el mindset de la gente, ya que los procesos y operaciones de gobierno deben migrar hacia la transparencia, apertura e inclusividad.
• Establecer marcos organizacionales y de gobernanza efectivos para mejorar la implementación de una estrategia digital.
• Utilizar tecnologías probadas y validadas.
• Actualizar marcos legales en los tres niveles que permitan escalar la implementación de proyectos e iniciativas de digitalización.