La marcha que incomoda al gobierno federal

Este domingo vivimos una marcha histórica en la Ciudad de México y en más de 50 ciudades de nuestro país. Sin importar las descalificaciones, cientos de miles de mexicanos salimos a las calles para proteger la democracia, la paz, la justicia, la prosperidad.

Tomamos las calles para defender al Instituto Nacional Electoral (INE), a las instituciones. Caminamos libremente para honrar nuestra historia y todos esos años de lucha que nos llevó quitarle al gobierno el poder de decidir sobre las elecciones y sobre nuestros representantes.

Esta marcha se derivó de la iniciativa presidencial que busca minar al árbitro electoral. La reforma presentada el 28 de abril de este año ante la Cámara de Diputados busca fundamentalmente una sobrerrepresentación de Morena en el legislativo, quitando lugares a la oposición; reducir a los integrantes de las Cámaras, pasando de 500 a 300 diputados y de 128 a 96 senadores; reducir el financiamiento público de los partidos políticos.

También quieren reducir cuatro consejeros electorales; desaparecer los órganos electorales locales; pero lo más importante que quieren cambiar es el modelo de comunicación política para que el gobierno pueda hacer campaña desde Palacio Nacional, lo que deriva en que se utilicen recursos públicos para promover a los candidatos del partido oficialista. Esto representa un retroceso y es un claro atentado a la democracia.

Hay dos visiones respecto a esta iniciativa. Por un lado, el gobierno y sus legisladores respaldan la propuesta presidencial. Y por el otro, la oposición que sostiene que el árbitro electoral no debe cambiar, sino perfeccionarse.

Para que una reforma constitucional se apruebe, se necesitan 2/3 partes de los legisladores presentes en cada una de las Cámaras. En la Cámara de Diputados se necesitan 334 votos. Morena y sus aliados (PT y PVEM) cuentan con 276 legisladores, es decir, le faltan 58 diputados. Mientras que en el Senado de la República se necesitan 85 votos y el bloque oficialista tiene 75 senadores, por lo que necesitan 10 legisladores para aprobar reformas constitucionales.

Como Morena sabe que no tienen los votos para aprobar este tipo de reformas retrógradas, en Palacio Nacional se ha anunciado un plan alterno y pretenden presentar una serie de modificaciones al marco normativo secundario. Por fortuna, nuestro sistema electoral está blindado en la Constitución y las propuestas presidenciales no pueden quedar en otro ordenamiento que no sea nuestra Carta magna.

Sin duda, la marcha del domingo, donde cientos de miles de personas salieron a las calles, marca un antes y un después para este gobierno. Morena deberá aprender a escuchar al pueblo de México y no desestimar las exigencias ciudadanas.