Desinformación y discursos de odio en redes sociales

Más de tres mil representantes de gobiernos, organismos reguladores, empresas digitales, círculos académicos y sociedad civil participamos hace unos días en la conferencia mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la cual se llevó a cabo en París, Francia, con el objetivo de abordar las amenazas a la integridad de la información y la libertad de expresión que plantean las plataformas de redes sociales.

Sin duda, las plataformas de redes sociales han revolucionado el modo de comunicarnos, así como la difusión de información, noticias y conocimiento. Pero actualmente las redes sociales también son responsables de la difusión de desinformación y discursos de odio.

En México, como en otros países del mundo, se analiza y estudian las diversas legislaciones para hacer frente a la difusión de contenidos dañinos o desfavorables, pero algunas de estas leyes corren el riesgo de trasgredir derechos humanos fundamentales, especialmente el derecho a la libertad de expresión y opinión.

En representación de las comisionadas y los comisionados que integramos el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que preside la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), así como la Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC), considero que existe la necesidad de ser sensibles a los cambios protagonizados por la integración de las plataformas digitales en la vida pública, así como por los efectos que este nuevo paradigma impone al ejercicio de los derechos humanos y que incluyen, por ejemplo, la propagación de la desinformación, el discurso de odio y el debilitamiento democrático.

Para atender estos retos, desde la RTA hemos venido adaptando políticas innovadoras, pues los desafíos asociados con el uso de plataformas digitales no deben combatirse criminalizando este tipo de prácticas, sino asegurando mecanismos democráticos de deliberación, basados en la publicación de información útil, veraz, accesible y de calidad para las audiencias.

En la pandemia, por ejemplo, impulsamos la generación de políticas generales para la difusión de información en redes sociales, desplegamos acciones de transparencia proactiva y, en 15 países de la región, se habilitaron micrositios que pusieran a disposición de la sociedad información en tiempo real sobre las acciones implementadas por las autoridades para atender la emergencia sanitaria, tal como muestran las experiencias de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y México, por señalar solo algunos.

Además, el avance de las plataformas digitales también requiere que los órganos garantes trabajemos para que las personas, y en particular los grupos vulnerables, interactúen con ellas de manera segura y responsable, mientras delineamos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que aminoren el impacto del material nocivo para la democracia y los derechos humanos.

A manera de dimensionar este desafío, para enero de 2023 aproximadamente el 64.4% de la población mundial (esto es, cerca de 5 mil 160 millones de personas) ya utiliza internet y alrededor del 53.9% de la población usuaria de internet de más de 18 años mostró preocupación sobre la desinformación en línea, al tener dificultades para discernir lo que es real o verdadero en estos ambientes, ese porcentaje es aún mayor en países como Chile (63.9%), Brasil (65.2%) y Portugal (70.7%).

De esta forma, es imperativo que construyamos y fomentemos habilidades de alfabetización mediática e informacional y de pensamiento crítico contra la desinformación entre diversos sectores de la población –como las y los niños en edad escolar, las personas adultas mayores o las comunidades indígenas–, pues solo así podrán allegarse de información oportuna y habremos de impactar en la verificación de los contenidos que consultan.

Cabe recordar que esta conferencia de la Unesco responde a un llamamiento mundial a la acción del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutérres, para hacer frente a la propagación de la desinformación y la negación de hechos científicamente establecidos que suponen “un riesgo existencial para la humanidad”.