Nacido en Empalme, Sonora. Político, hombre de izquierda socialdemócrata. Sociólogo y con estudios en físico matemáticas. Participó en la guerrilla y fue preso político. Ha sido jefe delegacional y tres veces diputado federal. Actualmente es presidente nacional del PRD.
El contexto del 26F
Si en la marcha del 13N la ciudadanía se manifestó para exigir al Congreso votar en contra de la reforma constitucional, el 26F fue para exigir a la SCJN que detengan las reformas inconstitucionales en materia electoral.
Si en la marcha del 13N la ciudadanía se manifestó para exigir al Congreso votar en contra de la reforma constitucional, el 26F fue para exigir a la SCJN que detengan las reformas inconstitucionales en materia electoral.
El pasado domingo 26 de febrero cerca de millón y medio de ciudadanas y ciudadanos salieron a las plazas públicas en más de 100 ciudades del país, entre ellos medio millón de personas inundaron el Zócalo de la CDMX y desbordaron las calles circundantes, para manifestarse en contra de las reformas electorales regresivas del gobierno de López Obrador y exigirle a la Corte que las derogue.
La marcha del pasado 13 de noviembre (13N) fue fundamental para que la propuesta de reforma constitucional en materia electoral, ‘plan A’, con la que López Obrador suprimía al INE para crear el Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), desaparecía los Oples y los tribunales electorales locales, fuera rechazada en unidad y por la totalidad de los grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados.
Tras su fracaso, a López Obrador no le quedó de otra que cumplir con su amenaza de enviar al Congreso de la Unión su llamado ‘plan B’ con el que pretende “destazar” al INE y establecer condiciones favorables para sus “corcholatas” en las elecciones de 2024.
El ‘plan B’ fue aprobado en ambas cámaras del Congreso de forma vergonzosa: a ciegas, sin debate, sin diálogo, sin reparar en las consecuencias. Morena y sus rémoras violentaron el proceso legislativo en todos sus términos, lo que sería razón suficiente para que dicha reforma fuera desechada por la Corte.
Adicionalmente, el ‘plan B’ en su contenido contraviene a la Constitución -recordemos que hasta el propio coordinador de Morena en el Senado reconoció 21 contradicciones que nunca fueron corregidas- y trasgrede la autonomía del INE, poniendo en peligro el derecho de libertad de voto de la ciudadanía, generando incertidumbre y conflictos que podrían derivar en violencia política en 2024.
Una primera parte de decretos del ‘plan B’ que contemplan las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya fueron publicados en el DOF el pasado 27 de diciembre y entraron en vigor al día siguiente.
Hasta la semana pasada, la Corte había recibido 47 acciones de inconstitucionalidad y más de 30 controversias constitucionales contra dichos decretos. De las cuales, siete acciones de inconstitucionalidad y 18 controversias presentadas por los partidos políticos de oposición, diputados y senadores en lo individual, consejeros del INE y gobiernos locales fueron turnadas, para su análisis, al ministro Alberto Pérez Dayán, quien determinó suspender la entrada en vigor de dichas reformas en las próximas elecciones del Estado de México y Coahuila, pues señala que “podrían causarse afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste”.
Hasta ahora, el segundo paquete de decretos del ‘plan B’ que contiene las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que además expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, no ha sido promulgado por el Ejecutivo, pero apenas se publique en el DOF, el PRD interpondrá la acción de inconstitucionalidad correspondiente.
Fue en este contexto de defensa del Estado de derecho y la Constitución que el pasado domingo 26 de febrero cerca de millón y medio de ciudadanas y ciudadanos salieron a las plazas públicas en más de 100 ciudades del país; entre ellos medio millón de personas inundaron el Zócalo de la CDMX, y desbordaron las calles circundantes, para defender nuestra democracia.
Si en la marcha del 13N la ciudadanía se manifestó para exigir a sus representantes que votaran en contra de la reforma constitucional, en la concentración del 26F la ciudadanía se manifestó para exigir a las y los ministros de la SCJN que detengan las reformas inconstitucionales que Morena y sus huestes, vergonzosamente aprobaron en el Legislativo.
Durante el mitin, el ministro en retiro José Ramón Cossío expresó dicha exigencia de manera respetuosa y puntual: “Sabemos las dificultades que su trabajo implica, de las presiones a las que están siendo sometidos por quienes quieren apropiarse del sistema electoral mexicano. Queremos decirles que confiamos en ustedes, en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país”.
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