Adiós 4T. Hola, ¿gobierno de los jueces?

La división de poderes es un mandato de nuestra Constitución. Cada uno tiene definido el ámbito de sus facultades y están establecidos los mecanismos para controlarse entre sí. El poder controla al poder (Montesquieu). Pero, ¿qué pasa cuando gran parte del proyecto del gobierno, es decir del Ejecutivo, se encuentra en manos de otro poder, en este caso, el Judicial?

Uno de los grandes debates al respecto (no necesariamente actual) es sobre la capacidad del Poder Judicial para crear política pública a partir de sus resoluciones o sentencias. En otras palabras: sus fallos terminan, en algunos casos, por moldear los instrumentos por los cuales el Ejecutivo busca gobernar. 

En medio de un sexenio menguante, derivado de una sucesión adelantada por el propio Presidente y ante el recambio en la presidencia del Máximo Tribunal con la llegada de la primera mujer como cabeza de este Poder, es cada vez más notorio que una gran parte del proyecto transexenal de la Cuarta Transformación está en manos de los jueces, toda vez que fueron activados los mecanismos de control establecidos en la norma suprema del Estado mexicano: la Constitución. 

Todos los caminos nos están llevando a los juzgadores en sus distintas materias y, en algunos casos, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Paradójico es que un gobierno que se dice de izquierda presione al Poder Judicial para que avale y dé sustento al uso de militares en actividades de seguridad pública. ¿La política de seguridad en el país se modificaría si la Suprema Corte resuelve en favor de la inconstitucional de dicha reforma? La teoría dice que sí. De haberse ya resuelto ¿Los jóvenes recientemente asesinados por el Ejército en Tamaulipas con más de 100 balas seguirían con vida? Sin duda, una resolución puede cambiarlo todo y afectar, para bien o mal, a la sociedad.

Un caso más es el llamado “plan b” en materia electoral, recientemente publicado en el Diario Oficial de la Federación y sobre el cual la Suprema Corte de la Nación deberá salvaguardar el principio de certeza sobre la incertidumbre de los resultados electorales. Me explico: en un Estado democrático, todos debemos de estar seguros de no saber con antelación quién va a ganar las elecciones. El riesgo de modificar las reglas en favor de un competidor es la ausencia de legitimidad para quien se erija con ese triunfo fraudulento y, con ello, la posibilidad de caer en el peligroso círculo vicioso de ingobernabilidad.

Los jueces son protagonistas en este gobierno sin ser parte de él. El Tren Maya tiene una suspensión definitiva ante el ecocidio. En materia de política energética el revés vino sobre la pretensión de obligar a las empresas a comprar exclusivamente a Pemex y CFE: se resolvió disolver el monopolio del Estado que evitaba la competencia. En lo que respecta en materia de salud, son los jueces los que han obligado al gobierno a proveer de medicinas a unos cuantos niños con cáncer que tienen padres con posibilidad de iniciar el viacrucis judicial. El nuevo aeropuerto tiene pendiente, por orden de un juez, pagar las más de 91 hectáreas que se expropiaron de manera irregular. 

Este breve panorama nos exige, en principio, dos niveles de análisis. El primero es ¿Cómo llegamos hasta aquí? Parece poco estratégico que el gobierno no sea capaz de alcanzar sus objetivos sin pretender violar la ley, porque, como ahora, han cedido de facto a otro poder su capacidad de maniobra en varios de los pilares sobre los cuales se finca la Cuarta Transformación.

¿Será que ya acabó el sexenio y toca el turno de gobernar a jueces mediante sentencias y resoluciones? Y el segundo, tenemos que ser capaces de entender que, si queremos seguir caminando por la brecha de la democracia liberal, una mayoría no necesariamente tiene la razón en automático por el simple hecho de serla. Existe un orden constitucional (división de poderes) que la protege de sí misma ante los abusos que pueda cometer hacia grupos minoritarios de la sociedad que, sin estar necesariamente en contra del proyecto, pueden no coincidir en ciertos aspectos.

Apuntes:

En el marco del Día de la juzgadora y del juzgador vale la pena reflexionar sobre la independencia y honorabilidad de estos a partir de la figura de dos Ministros: Arturo Zaldívar, a quien abierta y públicamente extrañan en Palacio Nacional y de quien lo más trascendente de su mandato fue ir de tenis a su oficina y declararse fan de Taylor Swift; y a la Ministra Yasmín Esquivel que usa los mecanismos del propio Poder Judicial para evitar perder, hoy, en el papel algo que dinamitó hace 36 años cuando decidió titularse mediante el plagio.