Una Suprema Corte con talante

Desde el rudimentario estilo para desconocer el derecho en el gobierno federal sólo es aceptable aquello que les favorece, se evaden para aceptar que se equivocan. En términos coloquiales son malos perdedores,  por eso es sencillo entender el origen de ese consistente vicio de razonamiento en el comportamiento de Andrés Manuel López Obrador.

Nunca en su carrera política reconoció sus tropiezos con categoría, siempre lo hizo y hace desde la histeria del complot, la oscuridad de sus adversarios, el fraude (aunque no lo demuestre) la intriga de los conservadores (enemigos eternos de su narrativa) o los poderes fácticos, que bajo ciertas condiciones llegan a ser aliados cuando se alinean a sus deseos. Con la enorme concentración de poder que ha logrado, sería irreal esperar que modifique la estrategia que le ha redituado para manipular sus derrotas. 

Una vez en el poder y abusando de él será incapaz de reconocer un fracaso en las urnas para ceder la presidencia que pretende extender en vía de hecho con quien le garantice obediencia.

¿Qué instituciones estorban en ese perverso proyecto?    

La respuesta está íntimamente relacionada con los destinatarios de la intensa campaña de amenazas, descalificaciones y hasta burlas que se originan en Palacio Nacional y son replicadas por sus adoctrinados seguidores. 

Si la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte y ahora el ministro Javier Laynez son blanco del lodo lanzado desde la 4T,  significa que están haciendo bien su trabajo como jueces constitucionales dedicados a la revisión objetiva de un catálogo amplio de arbitrariedades que intenta destruir al INE. Para AMLO el primer pecado de Piña Hernández fue no mostrar la sumisión de su antecesor como cabeza del Poder Judicial de la Federación, también enfadó la actitud digna de no besar su mano en Querétaro para rendirle honores de monarca y por supuesto el fraseo en sus discursos para defender autonomía e independencia en el trabajo jurisdiccional del Máximo Tribunal y la Judicatura Federal. 

Ahora el tema con Laynez es la admisión de la controversia constitucional presentada por el INE y la suspensión indefinida del entuerto legislativo mayoriteado por Morena y sus secuaces. Esto no significa una decisión definitiva, es una oportuna medida determinada por el ministro, hasta que se resuelva el fondo de los asuntos. 

Aunque en el texto del Quijote no aparece la frase “ladran, Sancho, señal que cabalgamos” la oración es un himno popular que destaca la gallardía de quienes no se detienen ante las amenazas que enfrentan para lograr sus propósitos. Esta actitud resulta indignante para quienes se parapetan desde la cobardía de las calumnias, así es en la vida y con mucho mayor razón en la política.

La sacudida de enero permitió que la Suprema Corte dejara de ser complaciente para difuminar los temas que lastimaban al régimen. A contrario sensu, es pertinente preguntarnos ¿a qué ministros se han dedicado elogios y vehementes defensas desde el despacho presidencial?

Ante la continuidad de nuevos dislates, resulta innecesario detenerme en la bajeza de los ataques dirigidos hacia Norma Piña y Javier Laynez. Queda entender lo que ha definido la Suprema Corte respeto a controversias y acciones de inconstitucionalidad que tienen efectos distintos sobre el “plan b”, cuando el “c” ya está lamentablemente consolidado, con un vergonzoso proceso de selección de los relevos de Lorenzo Cordova y Ciro Murayama en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Partidos de oposición, municipios, alcaldías de la capital y el INE han presentado decenas de impugnaciones para desactivar el paquete de reformas legislativas que desarticulan al órgano autónomo que nos hizo transitar a una democracia pacífica desde hace 30 años.

Para que la Corte anule ordenamientos aprobados por los legisladores es indispensable una votación de mayoría calificada con 8 integrantes del pleno de ministros, mientras que para las controversias basta con la mayoría simple de 6 votos. 

En total se analizan más de 160 asuntos sobre el tema, los ministros Alberto Pérerz Dayán y Javier Laynez han otorgado suspensiones para dejar sin efecto el “plan b” hasta que se revise el fondo de la totalidad de los litigios. Para decirlo en términos sencillos, nuestro Tribunal Constitucional dejó temporalmente sin efecto la aniquilación operativa del árbitro electoral federal. 

El viernes 24 de marzo, Laynez Potisek admitió a estudio la controversia presentada por el INE y a través de una decisión legítima, concedió la suspensión respecto de todos los artículos impugnados para mantener las cosas en el estado en que se encontraban y prevalezcan las disposiciones vigentes hasta antes de la aprobación del “plan b”, que evidenció violaciones al procedimiento legislativo a causa de la premura y ligereza con la que el paquete fue procesado antes, en las dos cámaras del Congreso de la Unión.

La decisión del ministro provocó la furia de AMLO para arreciar su andanada de descalificaciones e insultos. El “plan b” será revertido en una Corte que suma los apoyos de millones de ciudadanos que perciben la valía del único poder que ha puesto límites contundentes a los abusos de un Ejecutivo decidido a destruir la eficacia de nuestra principal institución electoral.  

Hay plan “c”, pero no olvidemos que el Consejo General del INE es colegiado, la incrustación de incondicionales morenistas tendrá diques al interior, además la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una instancia de revisión que podrá revertir las distorsiones que se avecinan. Por eso, no es coincidencia que la mayoría guinda en la Cámara Baja promueva una iniciativa con proyecto de dictamen que trata de acotar las atribuciones del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. 

Sin opción a una reforma constitucional, AMLO sabe que en su pistola solo hay balas de bajo calibre contra el blindaje que es capaz de ejercer la Suprema Corte de Justicia. Es la hora de la defensa jurídica más trascendente para nuestra democracia, acompañada por la esperanza puesta en una mayoría de ministras y ministros que significan la última línea de defensa contra el presidente más destructivo desde el usurpador Huerta.

EDICTOS 

Una buena y otra mala: 

Hay cambios positivos en la comunicación institucional de la Corte, me llama la atención un micrositio consultable a través de su página en internet que pone a disposición de los ciudadanos una herramienta para el análisis de las reformas político electorales 2022-2023. En beneficio de la transparencia, este espacio permite entender de forma didáctica lo que son las controversias y acciones que se procesan actualmente, así como el grado de avance de los asuntos que son de obvio interés público. 

La mala. En el Primer Circuito judicial de la Ciudad de México hay una jueza de distrito en materia de amparo penal que suele retrasar inexplicablemente el avance de algunos asuntos y tomar decisiones en otros con sesgos de presunta parcialidad que despiertan suspicacias dignas de ser revisadas por el Consejo de la Judicatura Federal que preside la ministra Norma Piña Hernández. Es foco de sospechas por sus decisiones en litigios que involucran a Emilio Lozoya Austin, Joaquín Guzmán Loera, el exdueño de Ficrea y el equipo jurídico de la Fundación Mary Street Jenkins, entre otros.