La inconstitucionalidad y la inconvencionalidad como regla

En un régimen político como el que se instauró en México durante muchos años en que el Partido Revolucionario Institucional era el hegemónico y el presidencialismo florecía, la concurrencia en los intereses de los dos poderes mayoritarios (a los que se accede por vía del voto) era práctica común y, no en pocas ocasiones, esto fue considerado por diversas voces como un predominio del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo.

Desde luego, la transición democrática, que en los últimos años del siglo pasado se vivió en nuestro país y que se intensificó en los primeros del siglo actual, generó que tanto la existencia de un partido hegemónico como aquel presidencialismo fueran de alguna manera dinamitados para ser gradualmente reducidos, aunque en ningún momento se pudo hablar de que estos desaparecieran.

De esta manera, durante los tres primeros sexenios que inauguraron el siglo XXI la mayor atomización de las preferencias electorales del pueblo mexicano trajo como una de sus consecuencias la coexistencia de presidentes surgidos de partidos que si bien tenían una representación importante en el Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senado), ésta no era lo suficientemente numerosa para, por sí misma y sin necesidad de realizar acuerdos con otras fuerzas políticas, lograr reflejar su proyecto de gobierno en las reformas constitucionales y legales indispensables para ello.

No obstante, en el año 2018 el proyecto político que actualmente se encuentra a la cabeza del Poder Ejecutivo pudo contar con los votos necesarios para que, con el apoyo de otros partidos que consistentemente han actuado como sus aliados, sea factible que su proyecto de gobierno pueda reflejarse en cambios legales, aunque sus números no alcancen para llevar a cabo reformas a nuestra Constitución.

Es por lo anterior, que una de las formas con las que el actual titular del Poder Ejecutivo ha pretendido llevar a cabo los cambios que considera necesarios ha sido la de reformar las leyes secundarias, pues para hacerlo con la Constitución, además de los votos aliados, requeriría del apoyo de fuerzas políticas consideradas de oposición, empresa que luce complicada por la polarización existente y por la renuencia de su proyecto político a buscar consensos.

Han sido diversas las propuestas que desde el Poder Ejecutivo se han realizado y que, gracias al número de personas legisladoras afines con las que cuenta, se han aprobado sin mayor discusión. Sin embargo, varias de ellas claramente incumplen con el que seguramente es su principio más elemental: no contravenir lo establecido por nuestra Carta Magna (ser constitucionales) o, lo que parece muy complicado de entender para diversos criterios, evitar ir en contra de lo establecido por los tratados relacionados con derechos humanos que nuestro país se ha obligado de manera voluntaria y soberana a cumplir (ser convencionales).

Por tanto, diversas de las normas reformadas recientemente son fácilmente calificables de inconstitucionales o inconvencionales. Como consecuencia de la declarada reticencia que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo demuestran para hacer su trabajo y cumplir con sus responsabilidades constitucionales, persiguiendo no solo los intereses de las personas a las que consideran que representan, sino también los de aquellas personas que han decidido apoyar otros proyectos políticos o que simplemente han decidido mantenerse ajenas a ese tipo de participación política, pues en realidad representan a todas y a todos.

Lo padecido por nuestro país en los últimos días en el Congreso de la Unión debe ser una llamada de atención por el retroceso democrático que implica, pues la aprobación de reformas legales claramente inconstitucionales e inconvencionales no solamente es un incumplimiento por parte de quienes han participado de ello, sino una muestra más de lo endeble que puede ser nuestra democracia.

Aunado a aquellos objetivos que con esas reformas se persiguen y que pueden ser de debatible constitucionalidad o convencionalidad, está el hecho de que esto se realizó sin la deliberación mínima indispensable (lo que hace recordar aquellos tiempos del partido hegemónico y del presidencialismo), lo cual va en contra de la esencia de los órganos creados para que en su seno verdaderamente se discutan las normas que marcarán el futuro de nuestra República.

Hoy todas y todos debemos exigirnos el cumplimiento de las normas que nos hemos otorgado y la promoción cierta de una vida democrática a la que legítimamente aspiramos. No hacerlo es comprometer nuestro futuro y el de los nuestros.