Ríos Farjat y González Alcántara Carrancá, la dignidad no calculada por AMLO

Para los jueces constitucionales existe un código no escrito de comportamiento al que tienen la libertad de apegarse, tratándose de integrantes del pleno de la Suprema Corte, máxima aspiración para un profesional del derecho en el sistema de impartición de justicia hay una regla para asumir el cargo con dignidad y consiste en abstenerse a retribuir con sus decisiones la deferencia del Presidente de la República que los incorporó en la terna para ser electos en el Senado. 

Algunos la conocen coloquialmente como la virtud del mal agradecido, lo que refiriéndose a un juzgador o juzgadora significa dignidad que honra la naturaleza de su responsabilidad. En una época en la que proceder correctamente es la excepción, adquieren relevancia las figuras de Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Ambos fueron propuestos en ternas distintas donde resultaron favorecidos para ocupar vacantes en la Corte con la expectativa desde el Ejecutivo de esperar condescendencia. Qué ironía, Andrés Manuel López Obrador acertó con ambos para beneficio de la independencia judicial, sin embargo, reconoce públicamente que se equivocó al impulsarlos porque no le cumplieron con la docilidad que esperaba desde su obtusa perspectiva de la justicia.

El desempeño de la ministra Ríos Farjat ha sido congruente para proponer, discutir y votar con autonomía asuntos en los que ha negado la razón a quienes aprobaron leyes inconstitucionales. En los asuntos de la Primera Sala que ya presidió, ha sido equilibrada e imparcial. Su autonomía le acarrea reproches y lejanía con el grupo gobernante en el que participaba como titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) al principio del sexenio. Ha resistido fuertes presiones, comentarios insidiosos, machistas y hasta los insultos de quienes daban por descontado que sería sumisa para satisfacer las insanas expectativas que había sobre ella. La actitud que muestra como impartidora de justicia honra la toga que porta y se suma a quienes con criterio independiente soportan una embestida ruín contra el Poder Judicial de la Federación.

El ministro González Alcántara Carrancá tiene un estilo prudente y sobrio. Es un hombre de gran cultura jurídica que evita el protagonismo y entiende que su legado profesional será una trayectoria congruente para ser evaluado conforme a sus sentencias y votos. Goza de gran reconocimiento entre sus pares por la forma cordial y mesurada para interactuar en las sesiones que ha enriquecido con su honestidad intelectual. Antes de llegar a la Corte fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, institución que presidió durante el gobierno de López Obrador en la capital. También ha sido objeto de recriminaciones externas porque los ideólogos de Morena no alcanzan a comprender lo que significa el compromiso de lealtad a la Constitución. 

Estos dos casos son merecedores de una mención especial porque asumen el cargo sin cordones de mando desde Palacio Nacional y entienden que lo correcto es cumplir su elevada función con pundonor desde un Poder Judicial equilibrador ante un Legislativo avasallado por el  Ejecutivo. Sin sus votos, la nulidad de normas inconstitucionales sería imposible de alcanzar en el mismo pleno donde dos de sus colegas y a veces tres, prefieren pisotear su investidura para cumplirle al Presidente de la República.  

Alcanzar el máximo peldaño de la jerarquía judicial es una distinción insuperable, implica aceptar las consecuencias en un contexto de degradación en el que se insulta ante la carencia de razones coherentes. El arrepentimiento confeso de López Obrador respecto a González Alcántara Carrancá y Ríos Farjat enaltece su trabajo como integrantes del Alto Tribunal para fortificar a una institución que nos aparta del abismo.

Vendrán más intensas andanadas de amenazas para los ministros que apuntalan el Estado de derecho. Desde la gran reforma de 1995, el trabajo de la Suprema Corte no había sido tan valorado socialmente como ahora y eso se debe a la necesidad de fijar límites a un régimen destructivo. En esta difícil coyuntura los votos de los jueces constitucionales generan elevadas expectativas en un presente dominado por la incertidumbre estimulada por quienes gobiernan sin escrúpulos. Ni con el PRI más intolerante se había vulnerado tanto a las instituciones de la República y ahí es donde la Corte se engrandece cuando cumple cabalmente con su encomienda constitucional. 

La segunda parte del “plan b” y la noche negra en el Senado correrán la misma suerte por las flagrantes violaciones al procedimiento legislativo. Mientras tanto el nuevo proyecto de resolución para reactivar el trabajo del INAI con 4 de sus 7 comisionados ha quedado bajo la responsabilidad del ministro Javier Laynez y está en buenas manos.    

Se ha ordenado a la jauría perseguir al Tribunal Constitucional, reactivar las falacias sobre sueldos y prestaciones, ahorcar su presupuesto, impulsar una reforma absurda para elegir a sus integrantes por voto popular y amagarles con juicio político. 

¿Qué sigue? Para la Suprema Corte no detenerse en su trabajo jurisdiccional y crecerse al castigo. Tocará a la sociedad civil salir a las plazas públicas para defenderla, crear un dique ciudadano combativo que fortalezca a la última institución que nos queda para contener la marcha de la bota autoritaria. El deleznable propósito es aniquilar a un tribunal que puede y debe juzgar con independencia para sostener a una República amenazada.

EDICTOS

Como en toda actividad humana existen claroscuros, con la oportunidad de corregir abusos cuando hay voluntad para revisar y en su caso sancionar conductas irregulares. Hay una nueva historia que revela otro cochinero en Pemex. En 2012 las empresas Coastal de origen malayo y Nuvoil que integran varias subsidiarias que trabajan con la paraestatal, participaron en una licitación para la extracción de gas en la zona de Cantarell que ganaron gracias a la experiencia y fortaleza financiera de las empresas mexicanas Trese y Árdica. Una vez logrado el contrato de 500  millones de dólares, la empresa de Malasia dirigida por Ching Heng urdió un plan con despachos mexicanos para desplazar a quienes le habían dado el alcance de la licitación y para lograrlo han hecho lo que han querido con el juez quinto de distrito en materia civil en la capital, Alejandro Dzib Sotelo y su secretario Raymundo Alor García. 

La investigación que ahora realizará el Consejo de la Judicatura de la Federal, en virtud de la queja 1521/2021-II presentada el 28 de abril contra el juez federal, involucra también a CIBanco por ser el fiduciario responsable del reparto de los recursos que están en juego. El afectado por esta maraña de complicidades salpicadas de tráfico de influencias y el abuso de medidas cautelares es TRESE que ha sido asediada y desplazada con la presunta complicidad de Dzib Sotelo, que enfrentará un proceso administrativo para explicar su proceder ante la consejera Lilia Mónica López Bénitez, presidenta de la Comisión de Disciplina de la Judicatura Federal. No tengo duda respecto a la cero tolerancia de la ministra Norma Piña Hernández en los presuntos actos de corrupción que señalen con pruebas a juzgadores federales y esta no será la excepción.   DENUNCIA